El caso del exsubsecretario del Interior, acusado de violación y abuso sexual, refleja una vez más las dinámicas de impunidad en las altas esferas del Estado. ¿Estamos ante una justicia que se pretende igualitaria o ante un sistema que busca re legitimarse?
Jueves 21 de noviembre
Tras dos extensas jornadas de formalización y discusión de medidas cautelares, este pasado miércoles el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva de Manuel Monsalve, tras escuchar los argumentos de la defensa, la fiscalía y los querellantes.
En las últimas semanas, el caso de Manuel Monsalve ha ocupado las principales editoriales del país, abriendo un nuevo flanco al gobierno debido a la denuncia por violación y abuso sexual en contra del exsubsecretario del Interior.
A esta denuncia se suman sospechas de que Monsalve habría utilizado su posición de poder como subsecretario para acceder a antecedentes de la denuncia en su contra, lo que ha despertado aún más indignación.
No es de extrañar que esta situación tenga diversos puntos de contacto con casos ligados a personas de alta notoriedad pública o de círculos poderosos, como el caso de Luis Hermosilla, conocido como "Caso Audios".
En estos casos hemos visto cómo diversos personajes relacionados con el poder se valen de sus vínculos con el Estado, empresarios y políticos para hacer negocios y ejercer impunemente sus privilegios.
En el caso de Hermosilla, se evidenció cómo intervenía en el poder judicial, la fiscalía y la PDI con tal de promover los intereses de sus representados: empresarios y políticos de las más altas esferas, como su amigo íntimo Andrés Chadwick.
De una naturaleza distinta, pero en un sentido similar, es el caso de Kathy Barriga y las denuncias en su contra por falsificación de documentos y cuestionamientos a compras realizadas en la Municipalidad de Maipú, que incluso vinculan a su esposo, Joaquín Lavín Junior.
Sin embargo, no hay que engañarse: que hoy estén en prisión preventiva personajes como Luis Hermosilla, Kathy Barriga o el mismo Manuel Monsalve no es señal de un sistema judicial que funcione sin privilegios, como ha señalado el nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero. Por el contrario, evidencia un sistema que necesita de dos o tres casos emblemáticos para relegitimar un aparato profundamente cuestionado.
El caso Monsalve se suma a una larga lista de episodios donde el aparato estatal y sus redes han encubierto o minimizado crímenes cometidos por sus funcionarios. Episodios que no son producto de un error, una falta moral individual o de probidad, sino de una crisis estructural del régimen y de cómo el aparato estatal reproduce estas relaciones de poder dentro del sistema capitalista.
