AGRONEGOCIOS. El desmonte en Salta tiene nombre, apellido y millones de dólares

Uno de los principales problemas ambientales al que tenemos que enfrentarnos en Argentina es la deforestación de los bosques nativos, proceso que ocurre principalmente en la región denominada Gran Chaco que abarca las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Formosa, norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, oeste de Salta, Tucumán, La Rioja y Catamarca, y el oeste de Corrientes. Región que a su vez forma parte del Gran Chaco Americano que se extiende por más de 1 millón de Km² distribuidos entre Argentina, Paraguay, Bolivia y una parte del suroeste de Brasil. Es la segunda reserva de bosques más grande de América Latina, después del Amazonas, y una de las regiones más deforestadas en las últimas décadas.

En nuestro país la región chaqueña es la mayor área forestal, representando el 70% de las superficies ocupadas por bosques y un 22% del territorio nacional. Es el hogar de un gran número de comunidades indígenas wichí, guaraní, chané, qom, iyojwa’ja (chorote), niwaclé (chulupí), tapu’i (tapieté), entre otras. Lo que configura una importante variedad cultural y étnica.También es el hogar de más de 3.400 especies de plantas, unas 500 de aves, 150 de mamíferos, 120 de reptiles y 100 especies de anfibios.

La región chaqueña es, además, el lugar predilecto de los grandes empresarios agropecuarios para llevar adelante sus negocios, acaparando miles de hectáreas, avanzando sobre las tierras de las comunidades indígenas y destruyendo bosques nativos. Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa son las cuatro provincias de esta región que concentran el 80% de la deforestación de Argentina.

Greenpeace estima que en 2018 fueron desmontadas 113.000 hectáreas. Además, dicha organización pudo constatar que en plena cuarentena, entre el 15 de marzo y el 30 de abril, en estas mismas provincias, fueron desmontadas 9.361 hectáreas. Lo que implica la pérdida de 200 hectáreas de bosque por día.

¿Quiénes son los responsables?

Greenpeace ha dado a conocer una lista con 300 nombres de empresas y empresarios a quienes identifica como los responsables de los desmontes en Argentina durante los últimos 30 años. Algunos de los que destacan en esta lista son Eduardo Elsztain (120.000 hectáreas desmontadas); Jorge Horacio Brito (50.000 hectáreas); Paolo Rocca (Grupo Techint); varios miembros de la familia Macri como Franco y Mauricio; Alejandro Braun Peña; Luis Caputo; Eduardo Eurnekian (dueño de Aeropuertos 2000); el diputado nacional de Salta Alfredo Olmedo (gran terrateniente sojero); David Lacroze Ayerza; Enrique Urbano Duhau; José Macera, Alberto Verra; John DieterKahlbetzer, y Aldo Adriano Navilli (dueño de Molinos Cañuelas).

Estos empresarios amasan enormes fortunas a costa de destruir los bosques nativos y avanzar con la frontera agropecuaria, que además es un factor crucial en el origen y desarrollo de la pandemia en la que hoy se ve inmersa la humanidad. Así lo señaló el biólogo evolutivo Rob Wallace en su libro “Big FarmsMake Big Flue” donde demostró que el agronegocio, al industrializar la producción de alimentos y arrasar con ecosistemas completos para los monocultivos, crea las condiciones ideales para la aparición de virus como el SARS-CoV-2 causante del COVID-19.

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¿Qué negocios tienen los empresarios del desmonte?

Podemos empezar por Eduardo Elsztain, uno de los empresarios inmobiliarios más grandes del país, dueño de la empresa ISRA con la cual es propietario de 15 centros comerciales y edificios de oficinas, posee 29,91% de las acciones en el Banco Hipotecario y también es dueño de las agropecuarias Cresud que operan en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay y Brasil Agro (Compañia Brasilera de Propiedades Agrícolas). Posee aproximadamente 800 mil hectáreas y es responsable del desmonte de 120.000 hectáreas sólo en Finca “Los Pozos” que tiene un total de 240.858 hectáreas en el departamento de Anta, a la que se le agregan otras 132.000 hectáreas en la misma zona. Como si todo esto fuera poco, Elsztain se convirtió en el último tiempo en uno de los mayores empresarios de Israel tomando el control del megagrupo Israel Discount Bank (IDB), que en su momento llegó a manejar el 5% del PBI israelí. También, es una de las 100 personas que compraron divisas para retirarlas del circuito financiero. Elsztein fugó, según el listado publicado por El Cohete a la Luna, 9.231.261 millones de dólares durante la era Macri.

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Por su parte, el banquero Jorge Brito, principal accionista del Banco Macro, se encuentra en el puesto número 21 entre los 50 más ricos de Argentina según la revista Forbes, con una fortuna de US$ 690 millones. Sus comienzos datan de los años de la dictadura genocida cuando crea Macro Cía Financiera S.A. (años 1976). Entre 2003 y 2016 ocupó la presidencia de ADEBA, Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, y entre 2012 y 2014 fue presidente de FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos. Además, posee negocios inmobiliarios con Vizora y negocios agropecuarios con Inversora Juramento S.A., Frigorífico Bermejo y Cabaña Juramento. Es también accionista de la empresa energética Genneia S.A.

Su empresa Inversora Juramento S.A es una de las empresas agro-ganaderas más grandes del NOA y en la provincia de Salta posee aproximadamente 90.000 hectáreas destinadas a la agricultura y a la ganadería. Greenpeace denuncia que es la responsable del desmonte de 50.000 hectáreas de bosque nativo.

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Desdelsur S.A es otra de las grandes empresas que concentra enormes cantidades de tierras en el norte. En este caso, la mayor productora y exportadora de legumbres del país le pertenece a José Macera que posee unas 60.000 hectáreas de tierras de cultivo y una empresa ganadera que tiene proyectado exportar 80.000 cabezas de ganado anuales en los próximos años, según indica el sitio web oficial de la empresa. Por el momento, la compañía exporta unas 50.000 toneladas anuales de legumbres, aunque si se le suma otros productos, esa cifra asciende a 70.000 toneladas. En 2018 su facturación fue de 70 millones de dólares.

Otros nombre interesante cuando de agronegocios se trata es el del australiano John Dieter Kahlbetzer, quien se encuentra entre las 50 mayores fortunas de Australia con un patrimonio de 770 millones de dólares. Sólo la “Finca Tolloche”, localizada en el departamento de Anta, tiene una extensión de 40.000 hectáreas, pero en total es dueño de al menos 80.000.

Un nuevo régimen de uso de la tierra

Esta concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos que ocurre en la región chaqueña, con empresarios que ansían seguir engordando sus ya abultadas billeteras a costa de la destrucción de los bosques nativos, de avanzar sobre las tierras que ancestralmente le pertenecen a las comunidades originarias, de rociar con agrotóxicos las poblaciones rurales, contrasta con la realidad de millones que a pocos kilómetros de sus fincas con complejas tecnologías de riego, no pueden acceder siquiera al agua, como ocurre con las comunidades originarias del norte de Salta. O con las 72.000 familias que en esta misma provincia no tienen acceso si quiera a una casa propia y cuando la situación se vuelve insostenible sobre todo en momentos como el que vivimos en el marco de la crisis sociosanitaria y económica por el coronavirus. Frente a esta desigualdad profunda, que es propia de este Estado capitalista y racista cuando la gente se asienta en un terreno, los gobiernos responden con represión, como hizo hace unas semanas atrás el gobernador Gustavo Sáenz.

Mientras la proyección de la pobreza infantil en Salta tira cifras abrumadoras, alcanzando el 65% este año, en el medio de las muertes de niñes wichis, los gobiernos miran para otro lado y los empresarios avizoran sus próximos negocios. Esto es la irracionalidad capitalista.

Es necesario poner en cuestión el poder de quienes concentran las riquezas y acaparan bienes naturales y sociales convirtiéndolos en mercancías, que avanzaron y continúan avanzando con sus negocios gobierno tras gobierno. Para terminar con el problema de la concentración de la tierra es necesario un nuevo régimen de uso, propiedad y utilización de la misma que comience por expropiárselas a estos parásitos terratenientes y grandes capitales de la industria alimenticia, con la perspectiva de transformar el modelo agrícola actual por la implementación de un sistema racional de producción de alimentos, diversificado e integrado a la naturaleza.

Se debe garantizar la restitución de la tierra y el territorio de las comunidades originarias, que históricamente reclaman el reconocimiento de la ocupación actual y ancestral de los mismos y de los que han sido despojados a causa de, entre otros procesos, el avance de la frontera agropecuaria.

Este tipo de medidas solo pueden llevarse adelante con la alianza de los trabajadores del campo y la ciudad, y los pueblos originarios en la pelea por un gobierno de trabajadores en ruptura con el capital.