Se trata de la ley de Profesionalidad Docente que ya había sido anunciada en diciembre por el ministro de educación José Punta. Un eufemismo que significa en realidad flexibilidad laboral. Una medida extorsiva que en nada recompone el salario y ataca el derecho laboral y a huelga. ¡Abajo la ley de Profesionalidad Docente!
Domingo 14 de enero 02:16
El gobierno provincial de Ignacio Torres (PRO) busca que la Legislatura le apruebe la Ley de Profesionalidad docente, en las sesiones convocadas el 22 y el 26 de enero. Con la misma se propone profundizar la flexibilidad laboral docente mediante un "ítem aula" o presencialidad.
El ítem aula es extorsivo y discriminatorio ya que incorpora dinero a cambio de no faltar. Esto es un ataque encubierto al régimen de licencias, a costa de la salud propia y la de nuestros familiares, ya que permite hasta tres faltas mensuales y diez anuales. Como expresó un docente, con toda la razón, al enterarse "una gripe de mis hijos y chau, encima lo van a querer hacer pasar como aumento". ¡Ningún trabajador o trabajadora debería tener condicionado su salario a ninguna forma de presión!
Diciembre dejó una inflación mensual arriba del 25% con un anual acumulado del 211% (y en Patagonia fue un poco más) y de 251% para los alimentos, haciendo que millones de trabajadores no podamos llegar a fin de mes. En este marco es que el gobierno de Torres pretende extorsionarnos con un "adicional salarial" por estar en las aulas. Toda una provocación.
A esto se suma que esta ley es un claro ataque al derecho de huelga. Estos años, fuimos miles de docentes en la provincia junto a familias y estudiantes, quienes hemos sostenido importantes peleas en reclamo por salario y mejora de las condiciones edilicias en nuestras escuelas, que no llegan. El ítem aula es un "si paras no cobras". Repudiamos este ataque a la docencia.
En sus artículos la ley establece que "el referido adicional Profesionalidad Docente será percibido por todo agente que preste servicios en el Ministerio de Educación, con título docente, habilitante o supletorio y que cumpla las funciones para las que ha sido designado, durante la totalidad de los días hábiles laborables del mes respectivo". Esto, en ningún modo, es mejorar el salario. Mucho menos, respuesta a la gravísima situación educativa en general y salarial en particular que atravesamos en la provincia.
Por estos fundamentos, la propuesta es más bien una maniobra extorsiva que alimenta la flexibilidad y precarización laboral, ya ampliamente extendidas, en la docencia. ¿Cómo es ser docente hoy? Es no encontrar trabajo porque durante años no se crearon nuevas escuelas para mejorar el acceso a la Educación. Es trabajar en múltiples escuelas porque el salario de miseria no alcanza, intercambiando con las y los estudiantes sobre las calderas que fallan, los techos que se desmoronan, los baños que se tapan. Sobre las partidas para comedores y limpieza que no alcanzan.
Con todo esto, dejamos en claro que las y los trabajadores de la Educación no somos responsables de la crisis educativa. Los responsables, los encargados de vaciarla y atacarla han sido el gobierno provincial y el nacional, como mostró Arcioni junto a los gobiernos de Macri primero y Fernández después y que Torres planea continuar de la mano de Milei. Pero en Chubut, no todos pierden. Los empresarios continúan llenándose los bolsillos, con paritarias todos los días que liquidan nuestro salario y condiciones de trabajo y vida. Por eso decimos que plata hay: se va a sus bolsillos y a la deuda con el FMI. Rechazamos el extorsivo ítem aula. Ningún trabajador debería tener su salario sujeto a condición alguna.
Exigimos paritarias ya, y que el salario sea igual a la canasta básica familiar con cláusula gatillo que se actualice según la inflación. También, un mayor presupuesto para un plan de obras de infraestructura y partidas de limpieza y comedores, para contar con escuelas de calidad.
Este 24 de enero tenemos la oportunidad de tomar en nuestras manos el paro nacional y convertirlo en una gran jornada de lucha contra el DNU, la Ley Ómnibus y el protocolo antipiquetes del gobierno nacional de Milei, pero al cual se pliega Ignacio Torres como muchos otros gobernadores. Que sea el primer paso para el inicio de un plan de lucha que plantee la coordinación de todos los sectores golpeados y que fueron ganando las calles durante las distintas convocatorias que en enero se desarrollaron en todo el país: ocupados, desocupados, el movimiento de mujeres, el ambiental, de derechos humanos, los artistas y la juventud.
Abajo la Ley de Profesionalidad Docente. Abajo la flexibilización laboral y los ataques de Milei y Torres.