El Poder Ejecutivo confirmó el perdón para uno de los presos políticos, pero continúa el pedido de las organizaciones indígenas para la absolución de todos los que integran la lista que presentaron al nuevo gobierno. El “dialogismo” oficialista abre fisuras dentro del correísmo.
Domingo 18 de junio de 2017
Patricio Meza (izquierda) celebra su liberación.
Foto: El Comercio
El jueves de esta semana, el presidente Lenín Moreno consignó el indulto para el ambientalista Patricio Marcelo Meza Saltos, sentenciado a seis meses de prisión por participar de manifestaciones en defensa de la Amazonía. De esta manera, se transformó en el primer preso político que obtiene libertad, luego del pedido de amnistía para 197 dirigentes y activistas que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó al nuevo gobierno a finales de mayo.
En sus primeras declaraciones luego de ser liberado, Meza afirmó que se confirmó su inocencia y los abusos cometidos por el poder judicial, y agregó:
Este primer indulto quiere decir que el gobierno de Lenín Moreno ha empezado reconociendo los excesos del correato.
Durante el mes previo a la jura de la investidura presidencial de Moreno, CONAIE desarrolló una intensa campaña que reunió 8.800 firmas por la “Amnistía Primero” para los “luchadores populares”. Entre los delitos por los cuales están acusados, con procesos penales abiertos o cumpliendo condenas, se encuentran la paralización de servicios públicos, terrorismo organizado, asociación ilícita, asesinato, tenencia ilegal de armas, sabotaje, secuestro, rebelión, y ataque o resistencia.
Al comienzo de la semana, tras una asamblea extraordinaria, CONAIE había ratificado que el diálogo con el nuevo gobierno se sujetará a dos premisas: el cumplimiento de los pedidos de indultos y amnistías, y soluciones ante los riesgos de la minería a gran escala y expansión petrolera hacia tierras ancestrales. La dirigente indígena Efe Katty Betancourt indicó:
Ahora la pelota está del lado de ellos, vamos a esperar las respuestas que puedan dar.
Dirigentes indígenas de la CONAIE, reunidos para definir su política frente al nuevo gobierno.
Foto: El Telégrafo
Persecuciones
Entre los integrantes de la lista por el pedido de amnistía, hay casos que reflejan muy bien la fuerte represión a las manifestaciones sociales, la criminalización de la protesta y judicialización de dirigentes, que el gobierno de Rafael Correa sostuvo como política activa.
Los líderes indígenas María Luisa Lozano y Amable Angamarca se encuentran sentenciados a cuatro años de cárcel por “paralización de servicios públicos” durante protestas de agosto de 2015, contra la minería a gran escala en Saraguro.
También se encuentra el ex asambleísta Cléver Jiménez, encarcelado por 18 meses tras hacer declaraciones injuriosas sobre Correa, acusando al ex mandatario de fingir su secuestro durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. El ex asambleísta y dirigente de la CONAIE, Pepe Acacho, recibió una condena por 12 años de prisión acusado de “sabotaje y terrorismo”, tras ser parte de una manifestación de 2009 en repudio a la Ley de Aguas, en la que murió asesinado el profesor shuar Bosco Wisuma.
El ahora indultado Patricio Meza fue encarcelado apenas una semana después que se presentará el reclamo formal por la liberación de los presos políticos. Había sido encontrado culpable de los delitos de “ataque y resistencia” durante las manifestaciones del levantamiento indígena de 2015; delitos que se encuentran tipificados en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal, aprobado durante el gobierno de Correa.
Este clima persecutorio que se teje sobre los opositores políticos del correísmo es la punta del iceberg de los constantes ataques contra los derechos y condiciones de vida de cientos de miles de trabajadores, sectores populares e indígenas; sumando la garantía constitucional a la flexibilización laboral, la prohibición del derecho a huelga para obreros de servicios públicos, la indiscriminada represión a manifestaciones, y el cierre de entidades gremiales y de organizaciones sociales. En la “Década Ganada” ecuatoriana, los intentos del Estado por contener las demandas sociales marcaron gran parte de su agenda política.
Movilización por el pedido de justicia para el profesor shuar Bosco Wisuma.
Foto: Confirmado.net
Diferencias
En una primera instancia, la Secretaria Nacional de Gestión Política, Paola Pabón, respondió al pedido de la CONAIE aclarando que deberá atenderse una revisión exhaustiva de cada uno de los casos, al asegurar que muchos de los incluidos en la nómina no tienen causas pendientes con la justicia o bien ya se ha ratificado su inocencia. “Hay 56 personas con procesos judiciales en trámite: y a 24 de ellos, según el delito por el cual están procesados, no les aplicaría constitucionalmente la amnistía”, indicó en la tarde del 30 de mayo, horas después de recibir el pedido formal de perdón de parte del sector indígena.
Posteriormente, un equipo técnico jurídico conformado por el Consejo Administrativo de la Legislatura comenzó el análisis de los 177 casos sobre los que se solicitó la amnistía; mientras que el ministerio de Justicia hace lo propio con la lista de 20 personas sobre las que se pide el indulto presidencial. “Hay avances en el diálogo con la dirigencia indígena, y tenemos la decisión del presidente de otorgar los indultos, pero este es un proceso de revisión caso por caso que va a demorarse”, informó la Ministra de Justicia, Rosana Alvarado.
Lo cierto es que la campaña por la “Amnistía Primero” despertó confrontaciones dentro del Movimiento Alianza PAIS, entre un sector referenciado en Lenin Moreno -propenso al diálogo con la dirigencia indígena- y el ala correísta -reticente a otorgar las reivindicaciones a la CONAIE, para no “claudicar ante la derecha”-. A pesar de las editoriales del medio oficialista El Telégrafo, que aseguran a diario que no existen diferencias internas, son varias las discrepancias recientes entre ambos sectores.
Rafael Correa criticó públicamente tanto la creación de Moreno del Frente Anticorrupción, por incluir en éste a sectores de la oposición, como también los intentos por reformar la Ley Orgánica de Comunicación, la cual pidió “endurecer”. Incluso, luego de conocerse la noticia del indulto a Meza, el ex presidente se apuró a retwittear la respuesta derechista de una seguidora, que luego rápidamente se apuró a borrar.
Sin embargo, lo que los seguidores de Lenín Moreno califican como “un giro a la izquierda del movimiento”, por su “perfil dialoguista” y “corrector de los excesos” del correísmo; más bien se vislumbra como una trampa del reformismo, que no tiene otra intención más que seguir conteniendo la protesta social ante la paulatina profundización de la crisis económica que golpea a Ecuador. Al igual que su antecesor, el actual presidente también recibe de brazos abiertos los pedidos y la agenda del empresariado local y transnacional, que sólo busca más flexibilización y precarización laboral, y mayores beneficios para seguir con su política extractivista de subordinación colonial a los pedidos de la economía mundial. Es decir, todo lo opuesto a lo que los sectores más empobrecidos y explotados de la sociedad requieren.
