Los radicales con el intendente Jorge a la cabeza se aprestan a aprobar un aumento del boleto, accediendo al pedido de los “empresarios” del transporte y negando la opinión de los usuarios.
Martes 31 de mayo de 2016
La semana pasada el Intendente, Raúl “Chuli” Jorge anunció a través de los medios que se prepara un aumento del boleto al menos a 7,6 pesos y que el proyecto fue enviado al Concejo Deliberante. En esta especialidad el Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, con una mayoría absoluta en manos de la Unión Cívica Radical, tiene una gran experiencia. Recordemos la escandalosa sesión de hace un par de años por la que se incrementó la tarifa, también a pedido de los empresarios, en una una jornada casi cinematográfica, escondidos en un mercado municipal, como si se tratara de prófugos de la justicia. “Sesión” que ni siquiera los medios pudieron dar cuenta de su veracidad ya que al tratar de registrar la misma llegaron al lugar y se dieron con cadenas y candado en la entrada.
El Ejecutivo Municipal también hace gala de ser muy complaciente con el empresariado amigo del transporte, a principios de mayo del año pasado entró en vigencia una nueva tarifa ($ 5,50). Dicho incremento ya estaba estipulado en el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sancionado por el Intendente Raúl “Chuli” Jorge a principios de 2015, luego que la Justicia frenara la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en la vergonzosa sesión antes mencionada.
El actual incremento en el precio fue pedido oficialmente por los empresarios que manifiestan problemas para afrontar sus costos. En el mismo “sugirieron” un importe de $ 13 para el boleto mínimo, lo que representa una suba de más del 136 % y un claro ataque al poder adquisitivo de la clase trabajadora que es la principal usuaria de este servicio esencial.
Rápidamente las autoridades del estado municipal salieron a poner trapos fríos al creciente descontento de la población que recibió la noticia con profundo malestar. Algunos de ellos (funcionarios de primera línea), en una actitud cínica, manifestaron que ese importe era descabellado pero que revisarían el pedido. Como es normal, los funcionarios del estado municipal se muestran diligentes en cuidar la rentabilidad de los empresarios a costa de sangrar a los sectores populares.
Según establece la normativa vigente para el aumento de tarifas públicas, se deben realizar consultas a la población a través de audiencias públicas. Como es de esperar, en sintonía con el gobierno provincial (UCR) y nacional (PRO), las autoridades municipales ya adelantaron que no escucharán a los usuarios negándoles el derecho a “opinar” al respecto. El slogan de “Gobierno Abierto” queda más claro es para con los empresarios.
Lisandro Aguiar (UCR) confirmó a los medios esta decisión tomada por los ediles y comunicó que a partir del lunes 30 del corriente y hasta el martes 7 de junio, todas las instituciones tanto vecinales como las que defienden los derechos de consumidores, o aquellos particulares que quieran emitir su opinión podrán hacerlo presentando un escrito en la secretaría parlamentaria del Concejo. Por parte de los concejales del PJ-FpV hasta ahora no se conocen opinión al respecto.
Aguiar también manifestó que el estudio de costos enviado por el ejecutivo municipal ya llegó al Deliberante, un estudio realizado por el contador Roberto M. Rodríguez, el mismo del último polémico aumento. Recordemos que este estudio sugiere un precio para el boleto general de 7,60 pesos, abono particular 6,90 pesos, abono universitario y secundario 2,42 pesos y abono primario 0,69 pesos. De darse este aumento el boleto subiría un 40 % cuando el salario de los estatales y docentes sólo lo hizo un 22 % este año y todas las paritarias hasta ahora cerradas lo hicieron en cifras entre un 20 % y 33 % y en cuotas. Y los aumentos en los alimentos y en la luz, el gas, entre otros servicios, siguen su curso.
Vale mencionar que los concejales y el ejecutivo tienen en cuenta para otorgar este aumento los elevados costos operativos que tienen las empresas producto de la creciente inflación pero nada dicen de los gigantescos subsidios que reciben de parte del estado y menos aún piden a estas un informe detallado de su destino. Sólo entre marzo-15 y febrero-16 según el informe del CPN Rodríguez los subsidios alcanzan prácticamente los 240 millones de pesos, una cifra cercana a la recaudación por venta de boletos que declaran las empresas.
Un nuevo aumento del boleto va a significar un nuevo golpe al salario y a las jubilaciones en un año que la inflación viene haciendo estragos sobre el consumo popular. Desde este diario adherimos a la propuesta del PTS-Frente de Izquierda que rechaza el aumento del boleto y exige a las autoridades del Concejo Deliberante que pongan a disposición de toda la población de San Salvador de Jujuy los libros contables de las empresas de transporte y en caso de negarse, la salida de fondo es pelear por un servicio de transporte de pasajero estatizado y bajo el control de los trabajadores, donde ningún grupo empresario condicione su utilización en función a sus márgenes de ganancia, tal como afirmó el referente de la izquierda jujeña, Alejandro Vilca.
