Fuentes de la Cámara de Diputados afirmaron que ya fue notificado, por lo que a partir de esta jornada, tendrá 10 días hábiles para presentar su defensa con plazo máximo el próximo 28 de octubre, a su vez también tendrá como plazo hasta el próximo 5 de noviembre para determinar sobre la admisibilidad del informe.
Domingo 17 de octubre de 2021
Luego de darse a conocer los negocios ilícitos que sostenía Piñera con la minera Dominga, la oposición puso una acusación constitucional en su contra buscando que “pague” por sus crímenes de corrupción y negocios ilícitos en donde se busca que sea destituido.
Sin embargo esta acusación de ser positiva, hará que Piñera quede destituido de su cargo y no podrá desempeñar ninguna función pública por el plazo de cinco años, sea de elección popular o no, este “castigo” se da ad portas de una nueva elección presidencial que de igual manera hará que Piñera cumpla su ciclo presidencial por completo, ya que ahora tiene 10 días hábiles para presentar su defensa con plazo máximo el próximo 28 de octubre y a su vez también tendrá como plazo hasta el próximo 5 de noviembre para determinar sobre la admisibilidad del informe.
este caso será revisado por la comisión revisora, a cargo de los parlamentarios Florcita Alarcón (PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (independiente), Paulina Nuñez (RN) y Virginia Troncoso (independiente), tendrá seis días para trabajar en la acusación.
Cabe destacar que para que se declare admisible en la Cámara Baja y pueda pasar avanzar en su trámite al Senado, se necesita que al menos 78 diputados voten a favor de la acusación.
Esto nos recuerda cómo fue la primera acusación constitucional que no llegó a mayores y lo dejo seguir con su mandato de manera impune y sin ninguna responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, inclusive parlamentarios de todas las bancadas de oposición presentaron una acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, la cual fue aprobada y solo tuvo como resultado que este dejara su puesto y no pudiese desempeñar funciones públicas.
Mientras que las y los presos de revuelta fueron encarcelados sin prueba y deben cumplir condenas que llegan hasta los 13 años, sin recibir un debido proceso siendo brutalmente increpados y castigados en las cárceles donde toda violencia está permitida, sin poder ver a sus seres queridos o tener un juicio justo.
Esta acusación constitucional es solo una formalidad que no representa el verdadero castigo que Piñera debe pagar por sus crímenes de lesa humanidad y corrupción, donde se ve claramente expresado que existe una justicia para ricos y otra para pobres, donde los primeros siempre se ven beneficiados por este sistema.
