Mientras chile atraviesa una crisis económica, el gobierno de los empresarios se dan el lujo de destinar millonarios recursos para garantizar la impunidad de los represores.
Martes 2 de febrero de 2021
Tras la Revuelta de Octubre, Carabineros de Chile concentra el 93% de las 2520 querellas presentadas por el INDH por violaciones a los DDHH. De este porcentaje, 1730 querellas son por apremios ilegítimos, 460 por torturas, 101 por violencia innecesaria, 35 por homicidio frustrado, 5 por homicidio y una por violencia innecesaria con resultado de muerte.
En este marco, hubo un aumento del 117,5% entre 2019 y 2020 del presupuesto destinado a la Dirección de Justicia, quienes asesoran, defienden, presentan querellas y representan a los uniformados ante la Justicia.
El 2019 se destinaron $13,4 millones de pesos, mientras que el 2020 el monto aumentó a $29.2 millones.
Si sumamos estos gastos a los de 2015 ($30 millones), 2016 ($43 millones), 2017 ($28,7 millones) y 2018 ($16,2 millones) se dará con un gasto aproximado de $160 millones de pesos por parte de la institución en los últimos 6 años destinados a defensa jurídica.
Actualmente, la Dirección de Justicia representa legalmente a 895 funcionarios activos y uno en retiro, entre los que se cuenta el ex general director de carabineros Mario Rozas en función de la querella por delitos de lesa humanidad impulsada en contra de él y Piñera por parte de la Comisión Chilena de Derechos Humanos el pasado 7 de enero de 2020.
Es importante recalcar que la Dirección de Justicia no es la única institución que defiende a Carabineros legalmente. Muchos funcionarios son representados por la Defensoría Penal Púbica (DPP); situación que se oficializó el pasado 21 de enero de 2021 tras la firma de un convenio entre Carabineros y la DPP relativo a las personas detenidas y que se encuentran en Comisarías, de forma que quienes se encuentren aprehendidas en cuarteles institucionales puedan tener acceso a un abogado de la Defensoría desde el primer momento de su detención. También para que el personal de Carabineros, que por un eventual procedimiento policial se encuentre vinculado en una causa penal, sea defendido por un profesional del organismo.
Entre los funcionarios defendidos por la DPP se encuentran casos como Carlos Alarcón (asesino de Camilo Catrillanca condenado a un total de 16 años de cárcel por homicidio y homicidio frustrado contra el adolescente de iniciales M.A.P.C), uniformados vinculados al narcotráfico e incluso 54 imputados por el megafraude conocido como Pacogate.
Finalmente, a todo lo anterior se suman los seguros de defensa jurídica que ahora podrá contratar la Dirección de Bienestar de Carabineros por acción voluntaria de los efectivos policiales tras la aprobación por parte del Congreso de la Ley de Reajuste al Sector Público, la cual en su artículo 79 establece: “La Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile podrá contratar seguros de defensa jurídica con motivo del desempeño de las funciones del personal con cargo al patrimonio señalado en el artículo 2 de esta ley (Estatuto de Bienestar). Los referidos seguros se contratarán respecto del personal que se encuentre en servicio activo y su vigencia podrá extenderse incluso después de dicho período en las condiciones que se establezcan en la respectiva póliza”.
