El martes 24 se desató una brutal represión en Acapulco contra los maestros de la CETEG que se movilizaban para exigir la aparición con vida de los normalistas, así como por sus reivindicaciones salariales.
Sábado 28 de febrero de 2015
Fotografía:Reuter
El régimen mexicano está a la ofensiva para parar el descontento que subsiste en varios estados. La atroz represión contra el magisterio que dejó a varios heridos, a un docente asesinado por los federales, varios profesores desaparecidos y al menos públicamente cuatro maestras violadas, muestra que nuevamente Enrique Peña Nieto está dispuesto a aplicar castigo ejemplar, como ocurrió en Atenco en el 2006 -con Fox- en venganza contra el movimiento por haber impedido la construcción del aeropuerto.
Nuevamente al igual que en aquella ocasión, las mujeres fueron el instrumento y botín de guerra de los federales. El propósito es amedrentar de forma aleccionadora. Por la mañana de ese mismo día el ejército ocupaba junto con policías estatales y municipales los predios de San Miguel Papaxtla, comunidad donde se está construyendo un importante gasoducto con capital italiano que servirá para abastecer a empresas y exportar gas a Estados Unidos.
Esta escalada represiva tiene como aval el cierre de filas detrás del gobierno de parte de los empresarios, los partidos del régimen, la Iglesia, los rectores y los medios masivos de comunicación. Es claro que esta ofensiva del gobierno busca imponerse a sangre y fuego para continuar con los planes de miseria al servicio del gran capital nacional y extranjero, esto pese a que el desprestigio internacional del gobierno de Peña es enorme, al grado que la misma ONU, que no se caracteriza por estar al servicio de los oprimidos, denuncia que las desapariciones forzadas en México son una constante.
Estos atroces hechos develan la profundización de los rasgos más autoritarios del PRI. Las amenazas lanzadas con el “carpetazo” de la PGR al caso de Ayotzinapa contra las movilizaciones se han hecho efectivas, y se combinan con la militarización del país, especialmente en los puntos calientes como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, entre otros.
Ante estos crímenes de Estado el repudio no puede esperar. Ya no basta con la mera denuncia, es necesario comenzar a aglutinarnos en medidas de organización amplias para pararle la mano al gobierno y la represión. Es por esto que necesitamos impulsar una Coordinadora Nacional contra la represión que luche por la excarcelación de los presos políticos, por la aparición con vida de los normalistas y los maestros, por el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales, en defensa de las libertades civiles y los derechos humanos y en solidaridad con todas las luchas que se vienen dando.
Para ellos es indispensable que las organizaciones democráticas de trabajadores se pongan al frente de esta tarea y llamen también a las bases de los sindicatos oficialistas a que les impongan a sus dirigentes paros en solidaridad en contra de la represión.
La CNTE y los sindicatos opositores, también tienen que convocar a intelectuales democráticos, organizaciones en lucha y al resto de los sectores oprimidos y explotados que hoy están viviendo la represión del Estado, que quiere imponernos sus planes bajo las órdenes del imperialismo yankee.
Una Coordinadora Nacional en donde discutamos en común un plan de organización y lucha en las calles y centros de trabajo para enfrentar la ofensiva del gobierno, sus partidos, su policía y su ejército.
El llamado a una Coordinación Nacional de estas características impulsado por sindicatos y sectores en lucha, no puede fijar expectativas en la justicia para ricos ni en las “buenas intenciones” del gobierno, sino que debe de plantearse como una medida independiente, por lo que esta política debe contar con la más amplia participación y preparación desde las bases de estas organizaciones para pegar como uno solo y generar la más amplia movilización democrática en todo el país.
Andrés Aullet
Abogado y maestro en Derechos Humanos