Política Chile. El proceso constituyente nació como un pacto de impunidad para los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos

A los pocos días de firmado el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución” que fijaba las bases del proceso constituyente que se inicia con el plebiscito del 25 de octubre, Gabriel Boric del Frente Amplio era duramente criticado por su participación en la firma del acuerdo, que fue decidido entre 4 paredes, a espaldas de la gente, y garantizando la impunidad a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos.

De hecho, el 19 de noviembre Boric declaraba: “Quiero asegurar y decir con mucha claridad: acá no va a haber impunidad. Quienes han dicho irresponsablemente que en el marco del acuerdo constitucional se trató de pactar impunidad quiero decir que es absolutamente falso”.

Pero han pasado los meses y nada de lo que el diputado de Convergencia Social dijo ha ocurrido. Al contrario, el tiempo ha dado la razón a quienes criticaron el Acuerdo: este pacto estaba basado en la garantía de impunidad para los responsables políticos y materiales de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el estallido social.

Muchos sectores quieren hacernos creer que la Convención Constitucional es en realidad una Asamblea Constituyente, pero con otro nombre. ¿Puede existir una verdadera Asamblea Constituyente con Piñera, el principal responsable de la represión, en el poder, y con la impunidad presente en la gran mayoría de los hechos represivos ocurridos durante la rebelión?

Las cifras de la represión

Para empezar, debemos hablar de la magnitud de la represión durante el estallido social. En las movilizaciones, y producto del actuar represivo de Carabineros y el gobierno, se contabilizaron, entre comienzos de 2020 y mediados del mismo año alrededor de 445 heridas oculares de las cuales 34 fueron por estallido o pérdida ocular.

A su vez, hubo 10.365 personas privadas de su libertad (detenidas), de las cuáles alrededor de 2.500 pasaron por prisión preventiva, con 1.054 querellas por Ley de Seguridad del Estado de parte del gobierno. Hoy se contabilizan entre 500 y 600 personas privadas de su libertad producto de su participación en la revuelta según diferentes fuentes.

A estas oscuras cifras se deben sumar 3.765 personas heridas según el conteo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cifra que seguramente es mucho mayor, además de 2.122 heridas por disparos de militares o carabineros, y 1835 “vulneraciones denunciadas” con el INDH: 197 por violencia sexual y 520 por tortura.

A su vez se contabilizan entre 35 fallecidos en las protestas, donde todavía reina la injusticia.

¿Acuerdo por la Paz? ¿Y la justicia?

Los datos y cifras de la justicia hablan por sí solos: hasta el 15 de junio las acusaciones por eventuales abusos de Derechos Humanos (Es decir, cometidos por agentes policiales/militares) ascendían a 8.510, pero sólo 800 se habían traducido en querellas propiamente tal, llegando a miserable 9.4%, siendo tan sólo 466 militares o carabineros investigados, lo que contrasta con el hecho de que de las acusaciones 6.369 apuntan a carabineros, 307 a militares, 137 a PDI y 57 a otros.

De hecho, si tomamos el caso de las querellas o denuncias tomadas o apoyadas por el INDH, es peor la cifra, ya que el Instituto se ha hecho parte de 2.164 causas, donde se le ha tomado declaración a tan sólo 764 víctimas (un 35% del total) y sólo se han formalizado 21 integrantes de las Fuerzas Armadas o de Orden, un 0.9% de los involucrados.

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Emblemáticos son los casos de Fabiola Campillay, donde por ahora sólo han sido desvinculados dos capitantes, mientras ella ha tenido que internarse en la UCI hace pocos días por causas derivadas del disparo que recibió, y el de Gustavo Gatica, caso en el cual recién luego de 9 meses del crimen fue detenido el ex teniente coronel de Fuerzas Especiales Claudio Crespo.

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Icónico también es el caso de Abel Acuña, quien falleció en Plaza Dignidad porque los paramédicos que debían atenderlo no pudieron socorrerlo, impedidos por la represión policial. Este crimen fue responsabilidad de carabineros y ocurrió menos de 24 horas después de firmado el manoseado “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Al día de hoy no hay responsables que hayan pagado por la muerte de Abel.

Impunidad para los que apretaron el gatillo y para los que mandaban a disparar

Si eso ha pasado en los cargos menores, la impunidad que el pacto les garantizó a los responsables políticos es evidente. No pasaron ni 30 días de firmado el Acuerdo y la Acusación Constitucional contra Sebastián Piñera se cayó el 12 de diciembre, con votos de sectores de la ex Concertación.

Luego pasaron los meses y el Frente Amplio anunciaba el 18 de marzo del 2020 que la Acusación Constitucional contra Gonzalo Blumel se suspendía. De hecho el mismo Frente Amplio, el 29 de enero, había realizado un “ultimátum” a Blumel exigiéndole que sacara al General Director de Carabineros, Mario Rozas. Nada pasó, y Rozas sigue al día de hoy en su cargo.

Estas acusaciones no fueron más que verdaderos “voladeros de luces” para posar “a izquierda”, mientras se cocinaba en las alturas el proceso constituyente que hoy conocemos.

De hecho hace una semana se dio a conocer que la investigación judicial contra Piñera y que involucra también a Blumel, Rozas y Andrés Chadwick, se encuentra prácticamente paralizada y sin avances desde hace 9 meses. De hecho hemos visto cómo estos días Rozas activamente defiende a los generales de Carabineros producto de la investigación sumaria de Contraloría.

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Andrés Chadwick: el único destituido

Andrés Chadwick fue la “figura” que entregó el gobierno y aceptó la oposición. Pero, ¿Qué fue de él, luego de ser acusado constitucionalmente y destituido? No es que haya pagado por sus responsabilidades precisamente: Un artículo del diario La Tercera daba cuenta como a principios de marzo tomaba mayor protagonismo en ese entonces en la campaña del rechazo y mantenía influencias en La Moneda, con vía directa al despacho presidencial.

Además se reunió con presidentes de partidos y dirigentes de la derecha para preparar la estrategia de cara al plebiscito que en ese entonces se realizaría el 26 de abril.

Por otro lado, encabezó una propuesta de equipo constitucional junto a Marcela Cubillos y Andrés Allamand, mientras dirigía paralelamente a un grupo de abogados constitucionalistas ligados a Libertad y Desarrollo, para nutrir “de contenidos” a su sector de cara al proceso constituyente.

¡Asamblea Constituyente Libre y Soberana! ¡No a la impunidad! ¡Fuera Piñera!

Como vemos, el “Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución garantizó la impunidad a los represores, partiendo por el mismo Presidente. No hay Constituyente realmente democrática posible si siguen los violadores a los Derechos Humanos impunes y libres.

Por eso es necesario retomar el camino que abrió octubre, y en especial el paro nacional del 12 de noviembre, en la perspectiva de una huelga general que abra el camino para conquistar una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, y el juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de las violaciones a los Derechos Humanos, junto con Fuera Piñera, para que pague sus responsabilidades en esos crímenes.

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