Publicamos online este artículo de Christian Castillo como adelanto de la Revista Ideas de Izquierda Nro.47 que estará disponible impresa desde la semana que viene.

Las pocas horas transcurridas entre la comunicación de los resultados electorales el domingo 11 de agosto, apenas pasadas las 22:30 horas, y la apertura de los mercados financieros el lunes 12 a partir de las 10 de la mañana, bastaron para expresar como pocas veces la realidad de la “democracia capitalista”. Como a los “mercados” no les gustó el resultado electoral, descargaron un golpe devaluador que redujo de un plumazo salarios y jubilaciones. El claro repudio al gobierno expresado en las urnas fue replicado por un puñado de especuladores que “vota todos los días”. La devaluación (y por consiguiente el golpe al bolsillo de trabajadores y jubilados) fue convalidada por Alberto Fernández, el candidato ganador en las PASO, que señaló que “el dólar a $ 60 me parece razonable”. Un nuevo nivel de paridad cambiaria ahora llamado “dólar Alberto” o “dólar consenso”. Lo cierto es que el aún candidato del Frente de Todxs y virtual nuevo presidente apuesta a que en que los meses que faltan de aquí al 10 de diciembre Macri realice el “trabajo sucio” de profundizar el ajuste antes de su asunción. Se entiende por qué desde todos los sectores del peronismo sus esfuerzos no han estado puestos en evitar que la crisis se descargue sobre el pueblo trabajador sino en imponer el principio desmovilizador “de la casa al trabajo y del trabajo a casa”. En este aval al ajuste en curso del FDT se expresa anticipadamente la paradoja del resultado de las PASO: para repudiar contundentemente el ajuste las masas votaron a una fuerza política que se prepara a aplicarlo de una u otra manera. Las reuniones que frenéticamente tienen el candidato favorito y su equipo con el conjunto de los integrantes del “círculo rojo” que abandona velozmente el barco macrista así lo expresan. Las definiciones dejadas por Alberto Fernández en el evento en el MALBA organizado por el Grupo Clarín, donde también expusieron Fernando Henrique Cardoso y Mauricio Macri, va en el mismo sentido. Ya estamos viviendo la era del “post macrismo”.

Las grandes crisis previas

La contradicción entre “lo que aspiran las masas y lo que quieren los mercados” no es más que una expresión de la pulseada por quién va a pagar los costos de una nueva crisis de deuda. Vista en perspectiva, la que dejó el crecimiento sideral del endeudamiento bajo la dictadura genocida se continuó durante todo el período alfonsinista hasta la crisis hiperinflacionaria de 1989 y 1990, la última ya con Menem en el gobierno. Recordemos que durante la dictadura la deuda aumentó un 449 %, ascendiendo de USD 8,2 mil millones en 1976 a 45 mil millones en 1982, en gran medida a partir del desfalco que constituyó la estatización de la deuda privada de los grupos económicos locales y extranjeros que operan en el país. El juez Ballesteros, en la causa iniciada por Alejandro Olmos, detectó al menos 477 operaciones ilegales en ese proceso de estatización, entre ellas varios auto préstamos entre casas matrices y filiales locales que fueron transferidos a la deuda pública. Al grupo Macri solamente se le estatizaron USD 200 millones que nunca devolvió. Alfonsín nunca cumplió su promesa electoral de separar entre deuda “legítima e ilegítima” ni de formación de un “club de deudores” junto a otros países latinoamericanos con crisis de deuda semejantes. Ni siquiera implementó una moratoria parcial de los pagos, ni hablar del “no pago” que reclamábamos desde la izquierda, denunciando la deuda como ilegal y fraudulenta. Después de unos tironeos iniciales se puso bajo la tutela del FMI, implementando diversos planes que fueron fracasando uno tras otro, de la “economía de guerra” al Austral y al Primavera. Así, seguir de la mano del FMI hizo terminar a la economía argentina en la crisis hiperinflacionaria, cuyo primer acto fue un golpe de mercado para disciplinar a las masas y a un Carlos Menem que había hecho campaña prometiendo “salariazo” y “revolución productiva” frente al “lápiz rojo” de las privatizaciones de Angeloz, el candidato radical. De la mano de una nueva vuelta de tuerca de la ofensiva neoliberal a nivel internacional, tras la caída de la Unión Soviética y la victoria estadounidense en la primera guerra del golfo contra el Irak de Saddam Hussein, la pulseada se resolvió con la implementación del plan de “shock” bajo la conducción de Domingo Cavallo como super Ministro de Economía del gobierno peronista de Carlos Menem. Un plan que incluyó privatizaciones generalizadas de empresas de servicios públicos (y de las jubilaciones, implementando las nefastas AFJP), avances generalizados en diversas formas de “flexibilización laboral” y la implementación del régimen de la convertibilidad que fijaba en “un peso, un dólar” la paridad cambiaria. En ese proceso fueron despedidos 500.000 empleados del Estado. Esta política tuvo como resultado un aumento del peso del capital imperialista en el control de los recursos estratégicos de la economía nacional, un salto en el desempleo y en la caída del poder de compra de salarios y jubilaciones, aumentando el número de “nuevos pobres” o “pobres por ingreso”. Mientras todo el segundo mandato de Menem vio un aumento muy importante de la lucha de clases contra la consecuencia de estas políticas, la agonía de la “convertibilidad” se extendió durante los dos años del gobierno de Fernando De la Rúa. La deuda externa nuevamente había tenido un ciclo de crecimiento, cuando la excusa había sido que con las privatizaciones el problema iba a darse por superado. En los diez años de gobiernos menemistas, por el contrario, la deuda pasó de USD 63 mil millones a USD 147 mil millones. La devaluación del real brasileño a comienzos de 1999 fue el golpe de gracia para el esquema del peso convertible, comenzando la diferenciación en la cúpula del bloque dominante entre “dolarizadores” y “devaluadores” que se iría profundizando con el desenvolvimiento de una crisis, que no se contuvo ni con el “megacanje” ni con el “blindaje”, nuevas operaciones fraudulentas de endeudamiento de la mano del FMI. Como ocurrió con la hiperfinflación, la debacle de diciembre de 2001 fue producto, una vez más, de seguir las recetas del Fondo Monetario. Luego de la salida de De la Rúa y Cavallo del gobierno, producto de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, sobrevinieron el default con los acreedores privados (a los organismos internacionales se les siguió pagando) de Adolfo “el breve” Rodríguez Sáa y la brutal devaluación de Duhalde y Remes Lenícov, que produjo una caída del 30 % de los salarios reales, la mayor desde la implementación del plan de Martínez de Hoz luego del golpe genocida de Videla. En la medición del INDEC de octubre de 2002, se registró un nivel de pobreza de un 57,8 %. En estas condiciones, donde Argentina no pagó un peso a los acreedores privados (donde estaba el grueso de la deuda) entre 2001 y 2005, con caída brutal de los salarios y suba acelerada de los precios de las materias primas, es que se inició la recuperación económica, con un cambio de tendencia que se inicia ya en junio de 2002.

La crisis actual

Estamos ahora en el desenvolvimiento de una nueva y anunciada crisis de deuda que no se resolverá en un acto. Alberto Fernández intenta presentar la situación como una remake de la salida de la crisis anterior. Pero la realidad actual es muy distinta, por más que la reciente devaluación esté haciendo parte del ajuste. La primera diferencia surge de la situación de la deuda. Néstor Kirchner “heredó” el default de Rodríguez Sáa, lo que le permitió contar con recursos adicionales para contener al movimiento de masas y ganar legitimidad social. Ahora, sería Fernández quien tendría que cargar con el peso de una imposibilidad de pagos, en el contexto de una deuda total en la cual lo que corresponde a desembolsos del FMI son cualitativamente superiores. De unos USD 160 mil millones de aumento del endeudamiento bajo Macri, USD 57 mil millones son con el organismo internacional. Los vencimientos de pago de capital e intereses promedian USD 44.500 millones entre 2020 y 2023, estando los mayores concentrados en los dos últimos años de mandato del futuro gobierno. Además, el FMI tiene por delante completar el envío del préstamo entre lo que queda de este año y el que viene, algo que todavía no está definido a partir del fuerte involucramiento del organismo con un gobierno que acaba de sufrir una “paliza” electoral. Si bien el temor a ser acusados de responsables directos de un salto en la crisis empuja a que envíen los fondos (tienen que mandar USD 5400 en septiembre), lo cierto es que gran parte de las metas del acuerdo ya están siendo incumplidas por el gobierno argentino y la burocracia del organismo debería hacer malabares para lograr esta convalidación. Por ejemplo, ya ha trascendido la exigencia de que el equipo económico de Alberto Fernández dé el aval a lo que se renegocie con Macri y que los fondos no entrarían en septiembre. En lo que termine haciendo el FMI pesará ante todo cuál sea la política del gobierno de Trump para la “transición” argentina, por su peso en el FMI y por su papel clave en las renegociaciones que se dieron bajo Macri. O sea, el escenario no tiene nada que ver en este aspecto con las condiciones favorables de una negociación con acreedores de una deuda que ya estaba en default y en el marco del fuerte crecimiento económico que había en 2003, cuando Kirchner con Alberto Fernández como jefe de gabinete llegaron al gobierno.

Por ello, la situación de la deuda está muy lejos de la visión tranquilizadora que intenta mostrar Emmanuel Álvarez Agis, uno de los principales referentes del equipo económico “albertista”. Como ha señalado Esteban Mercatante, es falso lo que afirma la consultora del exviceministro de economía de CFK respecto a que el panorama actual de la deuda sería "un tercio de 2001". Lo cierto es que los servicios totales de deuda en ese año fueron 15,3 % del PBI, mientras que solo en el primer trimestre de este año fueron 19,6 %. Como ya señalamos, aún descontando la deuda con el propio sector público, los vencimientos anuales entre 2020 y 2023 llegan a USD 178 mil millones. Si a esto le restamos los pagos a organismos internacionales, el promedio anual de pagos en ese período es de USD 34.500 millones. La deuda neta (descontando la deuda intra Estado) ya es mayor que en 2001 como porcentaje del PBI. Más allá del problema inmediato que puede abrirse si no entran los fondos del FMI, en los años que se vienen el peso de la deuda será el mayor condicionante de la política económica. Y, si se cumplen los pagos, el ajuste será inexorable.

Pero no es solo esto. Las condiciones internacionales también son muy diferentes. Los precios de las materias primas están muy por debajo de los de aquel entonces y analistas de todas las tendencias pronostican una recesión mundial para el 2020, en medio de las inestabilidades y turbulencias generadas casi a diario por el incremento de la guerra comercial entre las principales potencias, particularmente entre Estados Unidos y China. Si bien la posibilidad de devaluar y los ingresos por exportaciones agrarias y de hidrocarburos le da al futuro gobierno argentino algo más de margen de maniobra del que tuvo Grecia después de la crisis de 2008, lo cierto que lo ocurrido luego en ese país es uno de los escenarios posibles para el casi con seguridad futuro gobierno peronista. Syriza también había llegado al gobierno con un claro mandato de repudio al ajuste de la “troika” implementado por el gobierno derechista de Nueva Democracia. Sin embargo, y a pesar de un referéndum donde más de un 60 % de la población se pronunció contra el memorándum ajustador, el gobierno de Tsipras, un amigo del kirchnerismo, claudicó en toda la línea. Fue el mejor alumno del FMI y el Banco Central Europeo y provocó la caída a la mitad de las jubilaciones y un achicamiento de un 25 % de la economía nacional. Así terminó desilusionando las expectativas de las masas y permitió recientemente la vuelta al gobierno de la derecha. En el evento en el MALBA, donde Alberto Fernández rindió pleitesía al Grupo Clarín, dijo que reconocería toda la deuda tomada por Macri y que no aspiraba a quita alguna. Si en el próximo período las masas no intervienen en forma independiente, es el espejo griego donde deberemos mirarnos.

Los desafíos del Frente de Izquierda Unidad

En un artículo reciente Matías Maiello y Octavio Crivaro señalaron la novedad en la política nacional que constituye la persistencia del FIT, conformado en 2011 por el PTS, el PO e IS, y ahora ampliado al MST. Allí se plantea

como hipótesis estratégica (…) que no sea esta vez la izquierda la que se diluya detrás de las diferentes alas encabezadas por fracciones de la burguesía como sucedió históricamente en repetidas oportunidades, sino a la inversa. Que al calor del desarrollo de la crisis y los enfrentamientos agudos de la lucha de clases que traerá aparejados, tenga lugar la ruptura con las variantes de conciliación de clases (fundamentalmente el peronismo en sus distintas vertientes) de una franja de masas de la heterogénea pero poderosa clase trabajadora argentina –que abarca desde la juventud precarizada y lxs desocupadxs hasta los sectores sindicalizados– sectores de izquierda y combativos del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres y la intelectualidad, y se unifiquen en un partido revolucionario común con la izquierda clasista.

Es en esta perspectiva que hay que poner el análisis de los importantes resultados electorales de la izquierda en las PASO de agosto (en el marco de que el masivo repudio al gobierno fue canalizado mayoritariamente por el FDT) y los que se obtengan en octubre. En lo inmediato, el FITU y los sectores del sindicalismo combativo que influye han tenido el mérito de enfrentar, en las calles, exigiendo paro activo y plan de lucha a la CGT y levantando un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, el “pacto de transición” dentro el cual se va a desarrollar lo que resta de la contienda electoral, y que implica en primer lugar una política completamente desmovilizadora para la clase trabajadora y las masas populares. Algo en lo que coinciden tanto el gobierno macrista como la oposición peronista, que ve con buenos ojos que los que se van hagan el mayor ajuste posible antes de retirarse el 10 de diciembre. Ese día empezará una nueva experiencia del pueblo trabajador con el peronismo en el gobierno, en una coalición donde serán los gobernadores que fueron garantes de la aprobación de las leyes antipopulares del macrismo, la burocracia sindical y distintos referentes del “peronismo presentable” para la gran burguesía los que tendrán primacía. Como ocurrió en el pasado, no será sin pasar por grandes acontecimientos de la lucha de clases como se resolverá la actual crisis. Y no en lo que tiene de coyuntural sino en tanto nueva “crisis de deuda”. Es para intervenir en esos acontecimientos que nos preparamos, incluyendo la pelea a dar en el último tramo del largo proceso electoral de este año, donde está planteado pelear para aumentar la elección presidencial ya lograda en agosto para la fórmula integrada por Nicolás Del Caño y Romina del Plá, y obtener nuevas bancas en el Congreso Nacional, especialmente en CABA con la lista encabezada por Myriam Bregman y en PBA con la que lleva a Néstor Pitrola en primer lugar.

Lo que estamos viendo no es solo la debacle de un gobierno, sino una nueva vuelta de tuerca en la decadencia nacional a la que nos ha conducido una clase dominante que fue sustento del macrismo (al que apoyó hasta el momento en que se dieron los resultados de las PASO) y que hoy ya está acomodándose a las condiciones de un nuevo gobierno peronista. Una clase dominante que tiene USD 400 mil millones en paraísos fiscales y que nos ha condenado a vivir en medio de la dependencia y el atraso. Solo un gobierno de las y los trabajadores podrá revertir esta tendencia.