Encabezó el desfalco de Pemex y el escándalo de corrupción que mostró la complicidad entre empresarios y el régimen político.
Jueves 13 de febrero de 2020
Emilio Lozoya fue detenido en España, en uno de los barrios más exclusivos y lujosos de Málaga, poblado por los llamados “super ricos”. No podía esperarse menos de la cabeza visible de uno de los mayores escándalos de corrupción multimillonaria de las últimas décadas.
Un símbolo del desfalco neoliberal
Ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), antes encargado de asuntos internacionales durante la campaña de Enrique Peña Nieto (EPN) y uno de los más cercanos a éste durante su mandato, Lozoya fue señalado por recibir sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos por 280 millones de dólares. Prófugo desde hace un año, fue detenido con documentación falsa y enviado a la cárcel de Alhaurín de la Torre, en espera de que México envíe la documentación solicitando la extradición.
Dentro de las acusaciones en su contra está recibir sobornos por 10 millones de dólares de manos de la empresa Odebrecht, lo cual fue denunciado durante el sexenio de EPN. E impulsar la adquisición, por parte de Pemex y a cambio de una generosa “mordida” de 3,7 millones de dólares, de dos empresas que ya no operaban desde hacía mas de una década y eran inservibles: Fertinal y Agronitroginados.
Se trató de una verdadera estafa que sólo favoreció a Altos Hornos de México, el grupo propietario.
Según la prensa española, en una versión que parece sacada de una producción cinematográfica, el ex funcionario de Peña Nieto ahora estaría “trabajando” en el lavado de dinero en favor de .... la mafia rusa.
El de Lozoya es uno de los casos más paradigmáticos de la corrupción en México durante los sexenios pasados. El mismo involucró a funcionarios y políticos de los principales partidos patronales. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) retrasaron e impidieron -durante el último tramo de la presidencia de EPN- la investigación y el juicio político contra el alto funcionario.
Los grandes negocios que hizo Odebrecht y la corrupción en Pemex se dieron en un contexto signado por el desmantelamiento de esta empresa paraestatal, su entrega al capital privado y el avance de la reforma energética que entonces llevó adelante el PRI, y que López Obrador no ha echado atrás desde su asunción en diciembre de 2018.
El caso Odebrecht muestra cómo la apertura energética -una de las puntas de lanza del neoliberalismo en México- fue de la mano de favorecer al capital trasnacional por parte de los altos funcionarios, quienes por su parte recibieron jugosas recompensas. Y que los partidos del Congreso de la Unión no solo sancionaron las leyes necesarias para eso: fueron también los encargados de ocultar y encubrir el desfalco.
Odebrecht y la podredumbre de la “clase política”
La detención de Emilio Lozoya puso bajo los reflectores nuevamente las acusaciones de corrupción contra EPN en la prensa nacional e internacional.
AMLO, al mismo tiempo que negó que exista un pacto con EPN, ha reiterado que no impulsará la investigación del ex presidente para “no remover el pasado”. El actual coordinador de los senadores priistas, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera Secretario de Gobernación, se apresuró a deslindarse de su anterior compañero de gabinete.
Si el caso Odebrecht es el gran exponente de la corrupción del último gobierno priista, ésta no es exclusiva del PRI. Los sexenios panistas también fueron marcados por escándalos de corrupción, como los que envolvieron al ex presidente Fox y su familia. Esto sin mencionar la asociación entre el narcotráfico y miles de funcionarios provenientes de los principales partidos del régimen político (como el ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna), desde el más alto nivel hacia abajo, denunciado una y otra vez por distintos periodistas de investigación en las últimas décadas.
Sin ir más lejos, en el partido de gobierno, Mario Delgado, actual coordinador parlamentario de Morena, fue señalado por fraude en la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, cuando todavía militaba en el Partido de la Revolución Democrática. Ni que como Carlos Slim se beneficiaron del otorgamiento de obras públicas y negocios inmobiliarios. Además, no son pocos los funcionarios priistas y perredistas que migraron al Morena provenientes de institutos políticos como el PRI y el PRD, señalados por el propio López Obrador como “la mafia en el poder”.
Los casos más sonados -como el escándalo Odebrecht- son presentados por los grandes medios de comunicación y los gobiernos como el problema de algunas manzanas podridas. Pero la corrupción es inherente al capitalismo: la asociación entre el capital privado y los gobiernos es indisoluble bajo el actual sistema político y social. Los políticos al servicio de los empresarios reciben privilegios y prebendas como resultado de favorecer sus intereses.
Por eso, a la par de proponer que todo funcionario político -incluyendo a los senadores y diputados- cobre como una maestra o un trabajador medio, y sean revocables, hay que sostener una perspectiva anticapitalista y socialista, que ataque los intereses de las grandes empresas trasnacionales y de los políticos a su servicio.
Pablo Oprinari
Sociólogo y latinoamericanista (UNAM), coordinador de México en Llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución y coautor de Juventud en las calles. Coordinador de Ideas de Izquierda México, columnista en La Izquierda Diario Mx e integrante del Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas.