Provincia de Buenos Aires. Empezó el juicio por el crimen de Candela Sol Rodríguez

El crimen de Candela Sol Rodríguez forma parte, sin lugar a dudas, del tétrico “ranking” de crímenes y casos aberrantes ocurridos en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. Y su ligazón con casos como los de Jorge Julio López y Luciano Arruga no se debe solamente a sus ribetes criminales, sino también (y quizás sobre todo) a sus connotaciones políticas.

Contexto: agosto de 2011, año de elecciones ejecutivas y legislativas, tanto a nivel nacional como provincial. Scioli se jugaba la reelección como gobernador y lógicamente, tratándose del territorio bonaerense, la relación Conurbano-Policía-crimen nunca dejó de ser una complicada (y peligrosa) piedra en el zapato.

Ayer lunes, casi cinco años y medio después de los hechos, comenzó en los Tribunales de Morón el juicio oral y público por el crimen de la niña de once años que desapareció el 22 de agosto de 2011 y nueve días después apareció muerta, dentro de una bolsa, a treinta cuadras de su casa.

Los tres acusados de secuestrar durante nueve días, violar y finalmente asesinar a Candela son Hugo Bermúdez, Leonardo Jara y Fabián Gómez. Los dos primeros llegaron al juicio detenidos mientras que Gómez lo hizo en libertad.

Se estima que el juicio durará seis meses y que ante el tribunal pasarán unos 300 testigos, entre los que figuran el propio exgobernador y quien fuera su jefe de (la maldita) Policía, Hugo Matzkin.

La semana pasada la defensa de Bermúdez había pedido que su cliente sea juzgado en un juicio por jurados y no por el TOC 3 de Morón, ya que considera que es “víctima de una persecución, de una confabulación”, porque “no tiene nada que ver con el caso” y “no hay ningún elemento que lo incrimine en el hecho”. Sin embargo el Tribunal rechazó el viernes el pedido por considerarlo infundado.

Primera audiencia

Pasadas las 9 de la mañana del lunes los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Morón Raquel Lafourcade, Mariela Moralejo Rivera y Diego Bonanno dieron inicio a las audiencias del proceso judicial.

La jornada arrancó con la denuncia del mismo Bermúdez, quien acusó haber sufrido golpes el domingo en su celda de la cárcel de Ituzaingó. El personal médico que lo revisó en la mañana del lunes coincidió con los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (es decir la parte acusada de haber golpeado a Bermúdez) de que esas heridas y lesiones son“de vieja data”.

Luego intervino el fiscal del juicio, Pablo Galarza, quien incorporó como agravante de los cargos que pesan sobre los tres acusados la figura de “abuso sexual” sobre la víctima, tal como lo pretendía la familia de Candela. De esta manera, Bermúdez, Jara y Gómez serán juzgados por el delito de “privación ilegal de la libertad seguida de muerte, agravada por abuso sexual”.

Finalmente comenzaron a desfilar los primero testigos citados, entre ellos Carola Labrador, madre de Candela y querellante en la causa.

Causas y consecuencias

La hipótesis con la que trabajó la Justicia (y con la que se llegó a este juicio) está muy lejos de la solidez y la certeza que requeriría, como mínimo, un caso sobre el que supuestamente se pusieron demasiados ojos, orejas y neuronas.

Pese a las pilas de fojas y actas del expediente, lo único cierto e incuestionable que hay sobre el caso es que Candela fue secuestrada el lunes 22 de agosto de 2011 cerca de su casa en Villa Tesei (Hurlingham, oeste del Gran Buenos Aires) y fue hallada el 31 de agosto, muerta por asfixia dentro de una bolsa en una vereda de la calle Cellini, a treinta cuadras de su domicilio.

Los funcionarios del Poder Judicial siempre plantearon que el móvil del homicidio fue una “venganza” contra Alfredo Rodríguez, el padre de Candela, por parte de una banda de “piratas del asfalto” que intentó cobrar algún botín.

En esa línea, y tras un largo periplo plagado de versiones variadas y cruzadas, donde un día la verdad era una y al día siguiente era la contraria, a Jara se lo terminó acusando de haber llamado por teléfono a una tía de Candela, tres días antes de que apareciera el cadáver, avisando que a la nena no la iban a ver nunca más. A Bermúdez se le adjudicó haber “facilitado” el ingreso de Candela a la segunda casa (ubicada en Cellini 4085 de Villa Tesei) donde habría estado cautiva antes de ser asesinada. Y de Gómez se planteó que hizo “inteligencia” en la puerta de la casa de la calle Kiernan 992 (el primer domicilio de Villa Tesei en el que supuestamente estuvo Candela).

Frente a esas pocas evidencias probatorias (todas aportadas nada menos que por la Policía Bonaerense y convalidadas por el abogado de la familia de Candela, el defensor de policías y empresarios Fernando Burlando), el caso resultó una enorme maraña de dudas desde el principio. De allí que la propia Legislatura bonaerense (con una mayoría no muy preocupada, precisamente, por defender causas nobles) decidió conformar una “Comisión Especial de Acompañamiento para el Esclarecimiento del Crimen de Candela Sol Rodríguez”.

Esa comisión dictaminó, un año después del crimen, que el expediente estuvo plagado de irregularidades, que la Policía Bonaerense “armó” la causa de acuerdo a sus intereses y que los funcionarios judiciales y políticos “dejaron hacer” a los uniformados mientras recreaban un relato autocomplaciente para los medios de comunicación y la sociedad.

Ese informe culminó exigiendo al gobierno provincial que se procediera a la exoneración de todos los policías implicados en el caso, incluidos el jefe de la Policía Carlos Paggi, quien luego fuera su sucesor Hugo Matskin y otros jerarcas de la fuerza. Algo que Scioli nunca hizo. También se pidió a las autoridades judiciales de la provincia que actúen en consecuencias con todos aquellos magistrados y fiscales que intervinieron en el caso. Cosa que se hizo de forma mínima y amañada.

Juicio al juicio

En septiembre de 2011, apenas conocido el hecho de que el abogado Burlando patrocinaría a Carola Labrador (con la intermediación, nada menos, del cura violador Julio Grassi), no pocos analistas anticiparon el nefasto derrotero al que se precipitaba la investigación sobre el crimen de Candela (ver La verdad burlada).

Cinco años y medio después, con sólo tres acusados de un hecho que involucró a decenas de responsables y cómplices, esos pronósticos, lamentablemente, no fallaron. Es más, nada impidió en esos años que Daniel Scioli fuera el candidato presidencial del Frente para la Victoria, una fuerza que dijo defender casi como un principio innegociable los derechos humanos, la verdad y la justicia. Incluso nada hubiera impedido que Hugo Matksin, de haber ganado Scioli las elecciones, fuera ungido como jefe de los servicios de inteligencia de la nación (ése era el plan de su jefe).

Y, lo que es obviamente peor, tanto estructural como superestructuralmente en todos estos años la Policía Bonaerense continuó siendo el brazo armado del Estado provincial especializado en la comisión de los más variados delitos y agente privilegiado del crimen organizado en el mayor Estado argentino.

Carola Labrador anunció que, cuando termine este proceso, pedirá un segundo juicio por encubrimiento. “Candela estuvo nueve días viva, bien atendida, alimentada, esperando que la salvaran. Y no la rescataron porque hubo una orden para dejar de investigar”, dijo a diferentes medios la madre de la nena. En ese sentido identificó directamente a la Bonaerense, al fiscal Marcelo Tavolaro y al juez Alfredo Meade por no investigar nada y, por el contrario, “tapar todo”.

En principio resta esperar qué dirán los 300 testigos, qué contradicciones surgirán de tantos testimonios interesados y qué nuevas grietas en los relatos darán pie a nuevas dudas.

Mientras tanto el rostro de Candela vuelve a las pantallas e interpela, con su simple mirada, a quienes siguen confiando en que las instituciones podridas del Estado capitalista pueden arrojar algo de luz sobre los aberrantes hechos que transforman en víctimas a tantos inocentes.