Jorge es un joven cordobés que vive con VIH hace casi dos años. Luego de haber sido despedido al inicio de la pandemia, comenzó a buscar otro trabajo. Cuando consiguió en una empresa tercerizada de un call center, se encontró con una realidad que se sigue realizando: el test de VIH en los exámenes preocupacionales.
Domingo 30 de agosto de 2020 18:03
Tiano es el nombre de una empresa de medicina laboral que trabaja para varias empresas del país. Se autodenominan “líderes en medicina integral” teniendo más de 600 clientes entre los cuales se destacan empresas como Farmacity, Coca-Cola, Valeo, Montich. No solo eso, sino que Tiano también trabaja para empresas o incluso instituciones del propio Estado como son Pami, Anses, Tamse, Banco Nación, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas entre otras que se pueden ver en susitio web.
Luego de pasar por las entrevistas laborales, Jorge (1) se dirigió a Tiano a hacerse los exámenes preocupacionales que suelen pedirse antes de ingresar a un trabajo. Allí fue donde le entregaron un formulario entre los que señalaba la solicitud de HIV y sífilis (VDRL). Práctica que vulnera directamente el derecho al trabajo para las personas con VIH o alguna ITS.
Incluso, en la propia página web de esta empresa de salud señalan que, entre sus prácticas, realizan un Check Up Ejecutivo. “El Check Up Ejecutivo consiste en una evaluación médica completa, en un día concertado previamente, a través de un conjunto de análisis, estudios y exámenes, que dan una pauta definida del estado general de salud de las personas más importantes para una empresa. Luego de la realización de los exámenes, se elabora un informe especial con sus resultados, que se entrega al responsable médico de la empresa solicitante, o al propio interesado en una consulta orientadora”.
Obviamente entre esta evaluación médica está mencionado también el HIV como uno de los exámenes que rutinariamente suelen componer el conjunto de estudios solicitados por las empresas.
“Podrá ser motivo de denuncia por violación de las Leyes N° 23.592, 23.798 y 25.326, la exigencia de realización de estudios de laboratorio con el objeto de detectar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida o V.I.H. en los postulantes a trabajador o trabajadora dentro de los exámenes preocupacionales”, señala el artículo 4 de la resolución 270/2015 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Nación.
Por este motivo, la denuncia contra Tiano seguirá los mecanismos correspondientes, pero expresa profundamente la situación en que se encuentra la población seropositiva que, además de encontrarse con situaciones de estigma y discriminación constantes, se siguen vulnerando derechos humanos básicos como el acceso a un trabajo formal. Peor aún, siendo que este derecho es vulnerado no solo por empresas privadas. sino por el propio Estado nacional y los gobiernos provinciales que mantienen convenios (PAMI, Aerolíneas Argentinas, ANSES, Banco Nación) con este tipo de laboratorios a través de los preocupacionales negando el acceso al trabajo y el derecho a la confidencialidad a las personas con VIH pese a la resolución del Ministerio de Trabajo de hace 5 años.
La nueva pandemia en quienes tienen VIH
Lo que vivió Jorge con esta empresa de salud al servicio de grandes patronales no es algo particular ni un caso aislado. Muestra una realidad cotidiana que atraviesan las personas con VIH que, en el contexto de pandemia con el coronavirus, se expresó con más fuerza: la falta de acceso al derecho al trabajo en esta población.
Se expresa claramente cómo el VIH, las Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS no es solamente algo de salud, individual y subjetivo, sino un problema social donde el estigma, la discriminación y la vulneración de derechos es moneda corriente. Incluso en el aspecto sanitario, desde el inicio de las medidas del gobierno en el contexto de COVID-19, se vió cómo las recomendaciones internacionales de proveer medicación por tres meses para evitar ir a los hospitales públicos, apenas o directamente no se cumplió en algunos distritos o provincias. No solo eso, sino que también hay cambios constantes de una medicación por otra, hecho que atenta directamente con la correcta adherencia a los tratamientos y repercute fuertemente en quienes toman algunos de las medicaciones antirretrovirales para mantener controlado al virus.
A su vez, la falta de acceso a los reactivos para hacerse estudios de control de CD4 (defensas) y carga viral (cantidad de copias de virus por mililitro de sangre) viene hace más de un año, pero agravado a nivel nacional desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio de marzo y que recién se empieza a normalizar producto de la visibilización y los reclamos de la comunidad seropositiva.
Pero quizá lo que más dejó en evidencia la nueva pandemia del coronavirus es la preocupante situación laboral que existe en la comunidad seropositiva. En su amplia mayoría, condenada al trabajo informal producto de estos test de VIH en los preocupacionales que se siguen realizando pese a la resolución del Ministerio de Trabajo del 2015.
Informalidad que existe también en amplios sectores de trabajadores, especialmente jóvenes, pero que se agrava en quienes viviendo con VIH tienen que, no solo atravesar situaciones de estigma y discriminación, producto, en parte, de la no implementación de la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos; sino también ven vulnerado el acceso a un trabajo formal o cuando lo consiguen corren el riesgo de tener un despido solamente por este diagnóstico.
La urgencia de una nueva ley nacional en respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS
La ley 23.798 (ley nacional de sida) cumplió el pasado 16 de agosto los 30 años desde su sanción. Una ley que claramente necesita ser actualizada en función de las realidades que atraviesa quien tiene VIH, Hepatitis, TBC o alguna ITS. Los avances científicos en estas tres décadas han sido impresionantes con tratamientos gratuitos para la comunidad seropositiva.
Tratamientos cada vez más efectivos y sin efectos secundarios que permiten tener controlado al VIH, por ejemplo, al punto de llegar a estar indetectables y no transmitir el virus (se puede leer al respecto en https://indetectable.info). Esto pese a que se acrecienta las ganancias de los grandes laboratorios farmacológicos internacionales dueños de las patentes de las medicaciones y con la casi nula producción nacional de medicamentos.
Sin embargo, estos avances no tuvieron aún su correlato a nivel legal. Por esto, el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH volverá a presentar por tercera vez en el congreso un proyecto que busca actualizar la normativa vigente contemplando dentro de la ley también a las Hepatitis Virales, la Tuberculosis y la ITS bajo una mirada integral e intersectorial en la respuesta a estas situaciones.
Se busca así, una ley que responda no solo a los aspectos médicos, sino también a los aspectos sociales de las poblaciones afectadas, incluyendo, entre muchos otros puntos, la prohibición de la oferta y realización de los test de VIH en los exámenes preocupacionales y en los distintos trabajos. Se busca que nadie siga atravesando lo que pasó Jorge y que un diagnóstico positivo en estas patologías no limita a nadie a acceder a un derecho básico como es el trabajo.
En las próximas semanas se presentará el texto completo del proyecto en el congreso buscando el apoyo de diputados y diputadas de los distintos bloques esperando que finalmente pueda ser tratada y sancionada una normativa de acuerdo a las necesidades y realidades no solo de las poblaciones afectadas, sino del conjunto de la población.
Si bien es urgente la aprobación y ampliación de derechos en este sentido, aunque se conquiste una igualdad ante la ley, esto no implica que exista una igualdad ante la vida. Por eso se refuerza la necesidad de seguir organizadas y organizados para que ningún derecho se vea vulnerado y poder vivir libremente sin estigma ni discriminación por tener VIH, Hepatitis, TCB o alguna ITS.
(1) Jorge es un nombre ficticio para guardar la confidencialidad del diagnóstico garantizado por la ley 23.798 (Ley Nacional de Sida), la ley 26.529 (ley de derechos del paciente), entre otras normativas que garantizan este derecho a la comunidad de personas con VIH.
