Centroamerica. En Honduras exigen respuestas sobre el secuestro de garífunas defensores de tierras

“Sneider es un cipote [1], como lo diríamos en Honduras”, dice Miriam Miranda, lideresa de la comunidad garífuna y coordinadora de Ofraneh, la Organización Fraternal Negra Hondureña. "Yo recuerdo mucho siempre lo que me dice Sneider: ‘Necesitamos empoderar a la juventud en la toma de decisiones de la comunidad, empoderarlos para gestar su propio futuro’. [...] ¿Cómo nos van a arrebatar eso? ¡No nos pueden arrebatar eso! ¡No deben arrebatarnos eso!”

Sneider Centeno es un joven líder de la comunidad garífuna, presidente del patronato (asociación de autogestión comunitaria) del pueblo costero de Triunfo de la Cruz en Honduras, y miembro activo de la Ofraneh. El 18 de julio, a alrededor de las 5:20 a.m., él y otros tres líderes de la comunidad, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Mizael Róchez Cálix, fueron secuestrados de sus hogares por un grupo de hombres vestidos con uniforme de la DPI (Dirección Policial de Investigaciones) y chalecos antibalas y armados con Mini Uzis y AR-15. Algunos miembros de la comunidad que se habían despertado por la conmoción intentaron armar una especie de barricada en la única entrada y salida del pueblo, pero los hombres armados los obligaron a apartarse, y se llevaron a los jóvenes líderes en tres camionetas sin identificación.

“Llamamos a la policía local para denunciar lo que estaba pasando y para conocer si ellos sabían algo, porque sabemos se hacen allanamientos, pero eso ocurre después de las 6 de la mañana y todo pasó más temprano”, declaró César Benedith, líder de Ofraneh. La respuesta de la policía fue que no sabía nada del secuestro y, pese a que se realizó la denuncia cuando los hechos aún acontecían, llegó a la comunidad entre 45 minutos y una hora después de que se había realizado el secuestro. [2]

Han pasado más de dos semanas desde que ocurrieron los hechos, y los habitantes de Triunfo de la Cruz aún exigen respuestas. Desde el día del secuestro, manifestantes de varios pueblos han bloqueado carreteras para exigir su liberación y se ha lanzado una campaña nacional en las redes sociales para llamar la atención sobre el caso.

Miriam Miranda, sin embargo, destaca la importancia de considerar el contexto en el que se produjeron los hechos y advierte que este no debe considerarse un caso aislado. “No es únicamente decir que aparezcan con vida", dice Miranda. “Es un tema fundamental entender que ahí hay una constante violación de derechos humanos y que el estado se ha negado a resolver un conflicto que se ha venido arrastrando. Y que hay grupos de poder económico interesados en todo lo que son los territorios del pueblo garífuna [...] en desplazar las comunidades, pero sobre todo, en desaparecernos. Todo esto está ligado no solamente a que se nos haya secuestrado y raptado a nuestros jóvenes de la comunidad de Triunfo de la Cruz, sino que hay una clase política asesina. [...] ¿Cómo es posible que haya pasado un día que nadie circula? El sábado y domingo nadie circula. ¡Estamos en medio de una pandemia! ¿Cómo es posible que hayan entrado tantos vehículos ahí con la gente armada? Llegaron con Uzi, con armas de alto calibre. ¿Quiénes manejan eso? [...] No es solamente el hecho de que hayan raptado a los jóvenes, que se los haya secuestrado. Es el hecho de que existen condiciones para que se diera lo que se dio. Y esas son las condiciones que tenemos que cuestionar. ¿Cómo es posible que exista una institucionalidad secuestrada prácticamente por el crimen organizado? Y en ese sentido, las víctimas son las comunidades, los dirigentes, el liderazgo que está luchando ahí” [3].

Triunfo de la Cruz se encuentra a 220 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa, y es una de las cinco comunidades en la costa atlántica de Honduras que pertenece a la comunidad garífuna, un pueblo de ascendencia africana e indígena. Desde la década de 1990, la zona ha estado en la mira de varias empresas para la construcción de centros turísticos y la explotación de recursos naturales.
Entre la década de 1940 y los primeros años del nuevo milenio, el estado hondureño reconoció a la comunidad garífuna la propiedad sobre varias parcelas de sus tierras ancestrales. Sin embargo, desde entonces se ha negado a hacer cumplir las resoluciones, y en cambio ha impulsado proyectos de urbanización en la zona, mediante la venta y transferencia de terrenos comunitarios con fines industriales y turísticos a empresas como Indura Beach & Golf Resort o Playa Escondida Beach Club. Algunas de estas tierras se han ocupado ilegalmente, pero gran parte de ellas permanece ociosa.

En junio, en el contexto de la pandemia del Covid-19, la comunidad de Triunfo de la Cruz celebró una Asamblea General para discutir las medidas que debían tomarse con respecto a los jóvenes que habían regresado de las ciudades como consecuencia de la crisis sanitaria. Decidieron que la comunidad, bajo el liderazgo de Sneider Centeno, haría uso de las tierras que le pertenecen para producir cultivos y alimentar a sus familias.

Desde 2015, la comunidad ha estado exigiendo que el gobierno cumpla con un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el estado había violado los derechos de propiedad del pueblo garífuna. La sentencia exige que el estado otorgue a la comunidad de Triunfo de la Cruz un título comunitario sobre sus tierras, que le devuelva la tierra que le ha confiscado ilegalmente y que pague indemnizaciones. Pero las autoridades no han tomado ninguna medida para cumplir con la decisión.

“Hemos estado denunciando la falta de voluntad del Estado para dar cumplimiento a esta sentencia [de la CIDH]”, declaró Benedith. “Estamos ante un estado fallido, que no proporciona seguridad ni para nuestra comunidad que tiene medidas cautelares. Hay varios líderes asesinados y no tenemos ni un caso resuelto”.

El asesinato y el secuestro de defensores de la tierra en Honduras han aumentado drásticamente en los últimos años, especialmente a partir del golpe de Estado respaldado por Estados Unidos en 2009. Según un informe reciente de Global Witness, 14 activistas ambientales fueron asesinados solo en 2019, con lo cual Honduras fue el país más peligroso ese año para los ambientalistas [4].

“En los últimos 20 años”, declaró Pedro Landa, activista del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), grupo hondureño de derechos humanos, “Honduras ha sido considerado como uno de los países más corruptos y serviles al capital trasnacional. La situación se recrudeció tras el golpe de Estado, por sus vínculos con el crimen organizado y el incremento de la corrupción”. El activista denuncia que el gobierno actual de Juan Orlando Hernández ha creado batallones especiales del ejército y la policía. “Les llama Grupos Especiales para la Resolución de Conflictos Ambientales”, dijo. “Nosotros sabemos que la policía y el Ejército es la única forma que tiene para resolver este tipo de conflictos” [5].

“Se ha generado una campaña para que tengamos miedo entre nosotros y nosotras como vecinos”, concluyó Miranda. "Nos han generado un terror contra el mismo pueblo, para que nos miremos como enemigos. [...] Generemos comunidad, generemos amor mutuo, confianza, abrazos y vida. Porque vivimos en un país donde nos venden la muerte cada segundo y cada minuto. Y tenemos que luchar contra eso”.

Melisa Henríquez, joven activista del ERIC, agrega, por su parte: “Creo que todas estas injusticias que en este momento están pasado deben ser lo que detone esta bomba, para que de verdad ahora el pueblo diga que necesitamos completamente rescatar nuestro país y que la juventud tome un papel protagónico en esa lucha” [6].