Alrededor de ciento cincuenta trabajadores del municipio puneño fueron despedidos por el intendente peronista recién asumido Dante Velázquez. ¿El motivo? el cambio de gestión, que se lleva puestos a trabajadores precarizados como si fuesen personal de descarte. Son trabajadores del Estado, realizan tareas y funciones indispensables para la comunidad.
Miércoles 3 de enero 14:19
Al igual que en Perico, Monterrico o el Talar, las nuevas intendencias se deshacen de un plumazo sobre quienes se encuentran en las peores condiciones laborales que dejan gobiernos anteriores, realizando diferentes tareas en los municipios. Cambian las gestiones, y parece que los trabajadores tienen que ser cambiados, como si no tuviesen ningún derecho, y deberle el puesto y favores al intendente de turno, lo que es un claro sometimiento de cada intendente. Hasta ahora es la única explicación del intendente peronista de La Quiaca para finalizar contratos basura.
Así en los días previos a las fiestas, el recorte de gasto fiscal como política nacional de la motosierra de Milei-Caputo ya dejó en la calles a cerca de un millar de trabajadores precarizados según distintas fuentes gremiales, en Jujuy también aplican este línea de ajustes sobre las mayorías bajo el serrucho de Sadir, y bajo el poder que se adjudica cada entrante gestión de poner “los suyos” y descartar a los que ya venían trabajando. Así intendentes radicales y peronistas en varios municipios despidieron a cientos sin temblarles el pulso. En algunos municipios como en Monterrico o El Talar los trabajadores y gremios revirtieron esta situación, reintegraron a más del 80 % pero aun siguen bajo la precariedad, lo que los pone en riesgo permanente frente a nuevos ataques. En municipios como Perico más de 180 trabajadores afectados permanecen resistiendo en exigencia en las calles a los que se suman los recientes en la ciudad puneña de La Quiaca.
A nivel nacional las medidas por decretazos de Milei, le dan el marco a cada gobierno provincial para atacar aun mas los derechos laborales conquistados, dejando en la calle a trabajadores con familia, muchos bajo la modalidad de contratados (menos de un año) y a otros no renovándoles contratos. O también como en la provincia hizo Carlos Sadir al pasar por la Legislatura su proyecto para congelar la planta del Estado, quitar el pago de horas extras. Medida que en el sector salud se expreso con despidos y recorte en las vacaciones, medida que fue revertida por el gran malestar generado.
Parte importante de esos empleados públicos son mujeres, tienen a cargo familias, y disponían de su fuerza de trabajo para brindar servicios esenciales a la comunidad, complementan actividades de emergencia que ofrecen a hospitales, centros de salud, la recolección, o a diferentes instituciones, todas públicas, que atravesarán también un duro ajuste presupuestario bajo las medidas brutales de recortes. Quienes son los indispensables para sostener múltiples actividades a la comunidad son ellas y ellos, trabajadores empleados dentro del sector estatal. En Perico, suman más de 180 despidos de trabajadores, incluso algunos corrieron sobre planta permanente, la mayoría son jornalizados. El intendente peronista Ficoseco, ahora parte del oficialismo, no respeto ninguna condición laboral. Hoy esos empleados siguen en estado de alerta por manifestando sus derechos a mantener sus puestos de trabajo. Así expresaba para Lid una de las mujeres: “En estos momentos el sector de nosotros aportamos información al hospital, día a día al terreno, la labor se hace todos los días, después de cada caso se realizan informes al municipio y al hospital Arturo Zabala. Soy madre de dos hijos. Si no hubiera plata no metería ningún personal al municipio… Para demostrar que también nosotras también podemos salir adelante apoyando en esta lucha”.
Es necesario que los trabajadores no luchen municipio por municipio sino más bien todos juntos en la provincia para garantizar la vuelta de todas y todos los que quedaron en las calles. Los sindicatos estatales que tienen incidencia municipal como ATE, SEOM, entre otros, tienen que ponerse a la cabeza para luchar en unidad frente a estos ataques.
Ni en Jujuy, ni en el país son justificables despidos de trabajadores por considerarse “gastos” o “casta” dentro del plan brutal de la motosierra de Milei. En la provincia las multinacionales saquean bienes comunes y destruyen territorios dejando míseras regalías a la provincia, otras tienen beneficios en exenciones impositivas. ¿Dónde está esa plata? Se la siguen llevando multinacionales y grandes empresas del sector agroindustrial o extractivista que imponen mayores beneficios impositivos para ellos, mientras en la provincia son más de 500 trabajadores estatales y sus familias que quedaron en la calle durante las fiestas. Plata hay.
Urge la unidad de todas y todos los trabajadores despedidos de los municipios en una asamblea provincial para definir qué plan de lucha llevar adelante y que todos los sindicatos se pongan a la cabeza de la misma, como también preparar para el 24 de enero, en el paro convocado por la CGT, la participación activa de todas y todos los trabajadores municipales de la provincia. Por la reincorporación de todos los despedidos, la continuidad laboral y el pase a planta permanente. Por aumento salarial de emergencia que parta de la canasta familiar y plenos derechos.
