Global Witness señala que 185 activistas fueron asesinados en 2015. El 66 % en América latina. ¿Los motivos? Defender el medioambiente frente a los grandes negocios capitalistas.
Jueves 21 de julio de 2016
“En terreno peligroso”: así se titula el informe de la ONG Global Witness que da cuenta del peligro al que están expuestos los defensores de la tierra y el medioambiente en todo el mundo. Entre 2002 y 2015 la ONG ha documentado un total de 1.176 casos de ambientalistas asesinados, de los cuales 753 fueron en los últimos cinco años. Solo en 2015 hubo 185 casos, un 59 % más que en 2014. Y el 66 % de los asesinatos del año pasado fueron en América latina.
Las cifras son alarmantes. Brasil y Filipinas tienen los índices más altos, con 50 y 33 casos respectivamente. Le siguen Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), El Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.
Los ambientalistas quieren defender la tierra, el agua, los bosques. Luchan contra los agronegocios y la megaminería. Defienden la vida en un ambiente sano, y para ello se oponen a los grandes negociados capitalistas que arrasan con los recursos naturales para llenar los bolsillos de un puñado de empresarios. En esta lucha por la defensa de la naturaleza, y como indica el informe de Global Witness, el medio ambiente “empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como madera, minerales y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes explotan la tierra desdeñando a la gente que vive en ella. Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo”.
De los 185 casos de asesinatos de 2015, 42 estuvieron relacionados a la minería (un aumento del 70 % con respecto a 2014), 20 a los agronegocios, 15 a tala de bosques, 15 relacionados a represas y 13 a la caza furtiva. Además, 67 eran activistas de pueblos indígenas, lo que supone casi un 40 % del total y un aumento de 20 víctimas desde 2014. Global Witness señala el caso de Filipinas, donde tres mil indígenas del pueblo lumad se vieron obligados a abandonar sus hogares, y 22 activistas fueron asesinados por defender la tierra frente a la agroindustria y la minería. También por demanda de tierras, en Nicaragua fueron asesinados 12 activistas indígenas y, en Colombia, nueve, presuntamente por fuerzas paramilitares. Estos datos son solo una parte de la realidad ya que, como señala la ONG en el informe, la investigación se basa en la información difundida por los medios de comunicación, pero muchos casos no llegan a los medios y son invisibilizados, por lo que los números reales podrían ser aún mayores.
Otro de los lugares donde la violencia dio una escalada es la región amazónica de Brasil. Allí, donde el 80 % del negocio de la madera es ilegal y representa un 25 % de la madera ilegal del mercado mundial, se expandieron los campamentos de tala que arrasan con las comunidades. Global Witness señala el caso de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva amazónica que fueron emboscados y acribillados en 2015. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).
En palabras del conservacionista brasilero Felipe Milanez, “la violencia se ha legitimado como una parte normal de la política. Informalmente, se ha vuelto ‘aceptable’. Tras diez años trabajando en la Amazonía, nunca he visto una situación tan mala”.
Según datos de Naciones Unidas, al menos el 6 % de la población mundial pertenece a pueblos indígenas, pero sus territorios representan el 20 % de la tierra. Estas tierras, generalmente intactas, están en la mira de la explotación capitalista por su riqueza en recursos naturales, y es por eso que se utilizan métodos cada vez más violentos para apropiárselas.
El rol del Estado
Todos los casos evidencian la complicidad y connivencia entre el Estado y los que defienden intereses económicos por sobre la vida de la población. Por los datos documentados, se sabe que 16 activistas fueron asesinados por paramilitares, 13 por el ejército y 11 por la policía. Billy Kyte, miembro de Global Witness y autor de la investigación, manifestó que “el ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”.
Al mismo tiempo, y como indica el informe de Global Witness, cada vez hay más gobiernos que limitan la libertad de expresión y criminalizan con sus leyes a los activistas que reclaman por sus derechos. En muchos casos, incluso, las peleas por la tierra no solo son entre los pueblos y los empresarios, sino que de la mano de los empresarios están los intereses de gobernadores que tienen acciones o acuerdos de algún tipo con esas empresas. Por lo que los activistas no se enfrentan solo a grandes monstruos capitalistas sino también al propio Estado.
Berta Cáceres y el caso que recorrió el mundo
El 2 de marzo de 2016, la noticia del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres recorrió el mundo. Líder de la comunidad indígena lenca y una de las defensoras de los derechos humanos más reconocida en Honduras, luchó contra proyectos hidroeléctricos, mineros y madereros. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), desde donde organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. En 2009 encabezó las protestas contra el golpe de estado en su país.
En abril de 2015 recibió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medioambiente. En ese momento, al agradecer el premio, denunció las amenazas de muerte e intentos de secuestro de los que había sido víctima en numerosas ocasiones, desde que empezó la lucha contra la represa de Agua Zarca (polémico proyecto hidroeléctrico de financiamiento internacional). Un año después, Berta era asesinada cobardemente por hombres que irrumpieron en su casa durante la noche.
El asesinato de Berta fue repudiado por miles de organizaciones de todo el mundo. Y puso sobre el tapete la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran quienes pelean por los derechos ambientales y la defensa de los recursos naturales. Incluso se sabe que los asesinos de Cáceres recibieron más de 20 mil dólares por matarla, pero no contaban con que esto causaría un rechazo mundial y pondría en la mira los grandes negocios que arrasan con los recursos naturales.
Sin embargo, los asesinatos a ambientalistas no cesan en Honduras. Este mes de julio fue asesinada Lesbia Yaneth Urquía Urquía, al igual que Berta Cáceres activista ecologista del COPINH. La organización hace responsable al gobierno del Partido Nacional.
Argentina no es ajena
Durante los últimos años se han dado a conocer numerosos casos de represiones a defensores del medioambiente en Argentina. Entre las represiones más recordadas se encuentran las que sufrió la comunidad Qom La Primavera, en Formosa, a manos del gobierno de Gildo Insfrán (FpV), que en 2010 terminó con la vida de Roberto López. La represión al pueblo de Andalgalá, en 2010 en Catamarca, que defendía la tierra de la megaminería. El asesinato de Javier Chocobar, en 2009, cuando reprimieron al pueblo diaguita que defendía las tierras frente a los negocios sojeros e inmobiliarios, en Tucumán. La muerte de Sandra Eli Juárez, en 2010 en Santiago del Estero, que puso el cuerpo para defender sus tierras, cuando su pueblo fue brutalmente desalojado. O los casos de Cristian Ferreyra y Manuel Galván, militantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), asesinados en 2011 y 2012, que dejaron ver cómo los empresarios rurales organizaban sus propias “bandas” para terminar con el activismo que defendía sus tierras e imponerles así el avance de sus negocios. Estos casos tienen relación directa con el modelo de los agronegocios, y la vía libre que desde el Estado se les dio a los empresarios sojeros para que hagan crecer sus mercados.
Del informe de Global Witness: algunos casos de 2015
Rigoberto Lima Choc, maestro de Guatemala, fue asesinado a tiros el 18 de septiembre de 2015 a plena luz del día en las escaleras del juzgado local del pueblo de Sayaxché. Había denunciado la contaminación del río La Pasión que supuestamente había ocasionado la productora de aceite de palma Reforestadora de Palmas del Petén, S. A. (REPSA). El mismo día de su asesinato, otros tres activistas ambientales fueron secuestrados temporalmente por empleados de la empresa después de que un juez suspendiera las actividades de REPSA. REPSA ha negado las acusaciones de que haya sido la causante de la contaminación del agua del río La Pasión y ha rechazado categóricamente cualquier relación entre la empresa y el asesinato de Rigoberto Lima Choc.
Saw Johnny, defensor de los derechos sobre la tierra del estado de Karen (Birmania), recibió varios tiros en la espalda disparados por hombres armados desconocidos durante la mañana del 2 de julio de 2015. Era un hombre muy conocido por su apoyo a las víctimas locales del acaparamiento de tierras y se dice que sacó a la luz la venta ilegal de terrenos gubernamentales.
Alfredo Ernesto Vracko Neuenschwander, silvicultor comunitario de Perú, fue abatido a tiros en su casa de Madre de Dios el 19 de noviembre de 2015. Era el líder de un movimiento para oponer resistencia a las invasiones de los bosques de la biodiversa región de Tambopata por parte de mineros de oro ilegales que, antes de su asesinato, ya le habían amenazado repetidamente. Había denunciado las amenazas, pero las autoridades no habían tomado las medidas suficientes.
Maria das Dores dos Santos Salvador, líder de una comunidad rural de la Amazonía de Brasil, fue secuestrada y brutalmente asesinada el 12 de agosto de 2015. Había denunciado firmemente la venta ilegal de tierra comunitaria y había sufrido amenazas durante muchos años sin recibir la protección estatal necesaria.
Sandeep Kothari, periodista de la India, sufrió quemaduras y golpes que le provocaron la muerte el 20 de junio de 2015 en el estado de Maharashtra. Había escrito artículos para criticar la extracción de arena por grupos de la mafia local en el distrito de Balaghat, una actividad que el Gobierno había dejado que aumentara desenfrenadamente. Antes de su asesinato, había sufrido considerables amenazas, que incluían intimidación por parte de la policía y acusaciones legales falsas supuestamente como represalia por su actividad periodística.
