Declaración. Enfrentemos la ofensiva antiinmigrante de Trump. Abajo las políticas imperialistas sobre América Latina y el Caribe

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Trump ha declarado una guerra contra los inmigrantes, con la amenaza de deportaciones masivas. Él, los super ricos y la ultraderecha llegaron al gobierno prometiendo una fuerte ofensiva anti inmigrante, que ha puesto en vilo a millones de personas que viven, estudian y trabajan en Estados Unidos, amenazando con deportaciones masivas, represión y criminalización. Amplía, con el megáfono de ser el próximo presidente de la principal potencia imperialista, la retórica xenófoba de los líderes de la derecha en Europa. Los trabajadores sin papeles en Estados Unidos y aquellos que arriesgan sus vidas y las de sus familias migrando desde Asia, África y el resto del continente americano, pasando a través de Sudamérica, Centroamérica y México, lo hacen huyendo de situaciones extremas creadas por la intensa penetración imperialista sobre nuestros países y por las políticas que impulsan sus gobiernos, que mantienen y profundizan la precarización, la explotación y la opresión que se abate sobre millones de personas.

La llegada de Trump, a la presidencia de Estados Unidos, será también utilizada para fortalecer a la ultraderecha latinoamericana en el poder, que tiene su más rutilante representante en Javier Milei, presidente de Argentina y amigo personal de Trump, que busca profundizar la subordinación al FMI del país que gobierna, aumentar la explotación y la miseria de las masas trabajadoras y garantizar el despojo de las comunidades al servicio de las corporaciones. En países como Honduras, Ecuador o Colombia, los planes de austeridad impuestos por el FMI con la anuencia de sus gobiernos, han llevado a las masas a una situación de extrema pobreza.

En Venezuela, años de sanciones imperialistas y embargo petrolero, que se sumaron a los severos planes antiobreros que ha venido aplicando el gobierno de Maduro, han tenido terribles consecuencias para las condiciones de vida de millones de personas y provocado un éxodo migrante de millones de habitantes, lo que fue aprovechado por el régimen represivo de Maduro. En Centroamérica y México —una región fuertemente militarizada por gobiernos de distinto signo político—, la llamada “guerra contra las drogas” mandatada por la Casa Blanca ha generado una violencia inusitada que afecta, en primer lugar, a las y los trabajadores y los pobres. En el Caribe, nuestros hermanos y hermanas de República Dominicana y de todas las islas sufren enormemente la opresión imperialista desde hace décadas, mientras Cuba sigue postrada económicamente por el bloqueo estadounidense. Nuestro pueblo hermano de Puerto Rico, sufre la dominación colonial directa de Estados Unidos. En Haití, la política imperialista e intervencionista de EEUU provocó una profundización de la situación de miseria del pueblo haitiano y una ola masiva de migración que ha dado lugar a una verdadera catástrofe humanitaria.

En toda América Latina, las corporaciones estadounidenses y de otros países imperialistas, en alianza con grandes empresarios y terratenientes de cada país, expolian nuestros bienes comunes naturales mientras nuestras comunidades carecen de agua potable y padecen las consecuencias del cambio climático. Los patrones imperialistas amasan grandes fortunas con la mano de obra barata en las empresas, mientras los trabajadores carecen de sindicatos y beneficios. Las y los migrantes son el sector más vulnerable de la clase obrera internacional y están bajo ataque, con una ultraderecha xenófoba envalentonada que pretende dividir las filas de la clase obrera haciendo creer a los trabajadores estadounidenses que sus padecimientos económicos son culpa de los migrantes.

Estos millones de personas tienen nombres, historias, esperanzas, vidas desechas por un sistema cada vez más violento, más brutal, donde la existencia de los seres humanos no vale nada. Son jóvenes buscando mejores condiciones de vida, mujeres y hombres que viajan con sus hijos a cuestas o sin sus hijos que se quedaron atrás viviendo con la incertidumbre de si volverán a ver sus padres. Estos millones de seres humanos, criminalizados y estigmatizados como delincuentes, narcos o terroristas son especialmente vulnerables a los abusos de las policías fronterizas, del ejército, de los narcos, de los traficantes de personas y de las autoridades fronterizas de todos los países que colaboran directa o indirectamente en la persecución de los migrantes, lo cual afecta particularmente a las mujeres y las personas LGBTI que migran y en el trayecto enfrentan agresiones de todo tipo y violencia sexual.

En Estados Unidos hay por lo menos 11 millones de trabajadores migrantes sin papeles que pagan impuestos, renta y trabajan en agricultura, servicios, trabajo doméstico, construcción, remodelación de servicios públicos, etc. Se estima que casi el 5% de la fuerza de trabajo en Estados Unidos no tiene papeles. Solo en Nueva York, casi 400,000 mexicanos laboran todos los días sin papeles en actividades de alto impacto económico y social. Cocinan, cuidan a los niños, arreglan puentes, construyen casas, cuidan a los ancianos, estudian, tienen sueños, limpian las casas y los edificios, son meseros y meseras, cultivan la tierra, extrañan sus países y muchos de ellos no han visto a sus familias en décadas. Estos trabajadores son parte esencial de la vida económica, social y cultural del país. Los patrones amasan grandes ganancias basadas en el trabajo de los migrantes, como lo demuestra el hecho de que la burguesía está dividida sobre la cuestión de las deportaciones y la restricción extrema de la inmigración. Sin embargo, son tratados como trabajadores de segunda categoría, sin derechos, sin estabilidad laboral y ahora con la espada de Damocles pendiendo sobre sus cabezas con las deportaciones masivas anunciadas por Trump.

Pero mientras que los capitalistas quieren mantener la inmigración para explotar la mano de obra inmigrante y mantener la economía en funcionamiento (lo que demuestra lo crucial que es su papel), nosotros señalamos su importancia en la sociedad, como parte del proletariado multirracial continental y luchamos por sus plenos derechos para unificar las filas de la clase obrera contra los patrones y explotadores.

El nuevo gobierno de Trump promete deportaciones masivas —alrededor de un millón por año—, lo cual va acompañado de medidas reaccionarias por parte de gobernadores de estados fronterizos, como Greg Abbott en Texas, que colocó boyas en el río Bravo y reforzó el muro fronterizo, medidas que ponen en riesgo la vida de las personas que traten de cruzar la frontera.

Retoma y profundiza la política antiinmigrante desplegada durante su primer mandato, cuando impulsó la separación de familias y estableció en 2019 el plan “Quédate en México”, por el cual las personas solicitantes de asilo a Estados Unidos, provenientes de Centro y Sudamérica, debían permanecer en territorio mexicano. Durante la administración de Biden, el gobierno estadounidense avanzó en acuerdos para impulsar la repatriación voluntaria con El Salvador, Costa Rica y próximamente Panamá.

Aunque con una retórica menos brutal, los demócratas vienen colaborando con la extrema derecha y los republicanos, para perseguir la migración. En los años previos, el Partido Demócrata ha sostenido políticas durísimas, como bajo la presidencia de Obama —que las organizaciones de defensa de migrantes llamaron justamente como el “gran deportador” por alcanzar cifras récords de deportaciones— o en el mandato de Biden que trato de implementar la ley “más dura hasta ahora” contra el ascenso de la migración en la frontera, profundizando la militarización y dando cada vez más margen de acción a las policías fronterizas.

Para dar rienda suelta a sus amenazas, Trump culpa a los migrantes de la precarización de las condiciones de vida y de trabajo de las y los trabajadores estadounidenses que enfrentan inflación, aumento en los costos de vivienda y pérdida de poder adquisitivo. Esto aunado a la pérdida de empleos por la globalización en el último periodo bajo el TLCAN, donde en EE.UU., la manufactura clave, como la automotriz, se trasladó a México —un hecho que direcciones sindicales como el líder de los teamsters, Sean O’Brien, que pretende acercar a los trabajadores estadounidenses al Partido Republicano a través del discurso de America First, explotan para avivar el chovinismo. Pero lo cierto es que los mismos patrones explotan a las y los trabajadores, a ambos lados de las fronteras, y todos los estados capitalistas están unidos para que esto suceda.

Ahora mismo se está discutiendo en el Senado con altas posibilidades de aprobarse, la ley Laken Riley (Lakey Riley Act), que ya fue aprobada en el Congreso por Demócratas y Republicanos que criminaliza aún más a los migrantes. La ley manda el arresto inmediato y la posible deportación de aquellos inmigrantes sin estatus legal, acusados de delitos menores, incluido el “delito” de cruzar la frontera sin papeles, y pretende darle mayor autonomía a los estados para reforzar las políticas anti inmigrantes.

De concretarse la amenaza de deportaciones masivas, puede crear una grave crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México y, en el plano económico, existe el riesgo de que se reduzcan o se frenen las remesas que son vitales para la subsistencia de amplios sectores en Centroamérica (donde constituyen el 25% del PIB), el Caribe, México y distintos países de Sudamérica, en especial en las zonas rurales más postergadas. Pero estas no es la única amenaza de Trump.

La declaración de los cárteles como organizaciones terroristas internacionales es otra de las duras advertencias que, si se implementa, habilita la incursión de las fuerzas armadas estadounidenses -o sus armas operadas a distancia- al sur del río Bravo, una amenaza que ha formulado en repetidas veces el nuevo presidente estadounidense. Otro acto de cinismo, ya que sí prosperó el “crimen organizado” fue por el aliento, la participación y el impulso de altos funcionarios de distintos gobiernos de México y Centroamérica.

Peor aún: desde el imperialismo estadounidense se surte de armas no solo a las fuerzas armadas de los países de la región, sino también al llamado crimen organizado; principalmente desde Arizona, California, Nuevo México y Texas, algo que se sabe por lo menos desde la Operación Rápido y Furioso entre 2009 y 2011 durante el primer gobierno del demócrata Barack Obama. Culpar a los países de la región de la crisis de opioides es parte de la campaña de xenofobia de la ultraderecha estadounidense, cuando en realidad las responsables son las grandes corporaciones farmacéuticas como Johnson & Johnson, McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen, que de acuerdo con el informe de la comisión Stanford-Lancet, desde la década de 1990 iniciaron la crisis de consumo de los opioides por “la deficiente regulación de la industria farmacéutica y de atención de la salud facilitó una cuadruplicación de la prescripción de opioides con fines de lucro”. Bajo el discurso de la “guerra contra las drogas” se impulsa la militarización y el militarismo en los países que están al sur del Río Bravo, y sus víctimas reales son las grandes mayorías populares.

De parte de Trump hemos visto también las referencias a nombrar a Canadá como estado 51 de EE. UU., a México como estado 52, la propuesta de cambiar el nombre del Golfo de México a golfo de América, y las exigencias de pasar el canal de Panamá a propiedad del imperialismo y anexar a Groenlandia —que es colonia de Dinamarca— al territorio estadounidense por “razones de seguridad nacional”. El nuevo gobierno de Trump, con su pléyade de bravuconadas, amenazas anexionistas y xenofobia, que representa la doctrina del Destino Manifiesto recargada en el siglo XXI, expresa la brutalidad de la decadencia imperialista, que busca la rapiña para mantener una hegemonía en declinación histórica, en un escenario internacional plagado de tensiones geopolíticas, como la competencia entre Estados Unidos y China, el genocidio en Palestina y la inestabilidad general acicateada por la situación en Medio Oriente y la guerra de Ucrania.

Esto no es todo: la amenaza de imposición de aranceles de hasta 200 % sobre las exportaciones mexicanas a Estados Unidos —que es incluso una flagrante violación a los términos del T-MEC, el tratado sucesor del TLCAN— si no cesa de inmediato el tráfico de fentanilo y la migración irregular, ha puesto en ascuas a la industria automotriz a un lado y otro del río Bravo, así como a sectores de los agronegocios y de la industria de alimentos en EEUU, que dependen de insumos y materias primas que les proveen empresas mexicanas. Se trata de un nuevo giro proteccionista que se prepara en el imperialismo estadounidense, y que es la forma que tiene la principal potencia mundial de lidiar con la falta de un claro motor de la economía mundial, detonado por la creciente competencia con China en el plano económico y tecnológico.

Es indispensable que la clase trabajadora y los oprimidos de Estados Unidos, México, Centroamérica y América Latina nos preparemos para esta renovada ofensiva imperialista.

Los gobiernos ante las bravuconadas trumpistas

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum, una destacada figura de los “progresismos tardíos” en la región, declaró que “México, es un país libre, independiente y soberano. Y como lo he dicho: nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”, una retórica que gana simpatía entre amplios sectores de la población. Mientras avanzan los preparativos para recibir a cientos de miles de deportados originarios de México y de otros países, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y las fuerzas armadas actúan como una verdadera patrulla fronteriza: trabajan en la militarización de las fronteras norte y sur de México, desarticulan las caravanas de migrantes que ingresaron desde el sur, hostigan a quienes transitan por el territorio —expuestos también a la violencia del crimen organizado—, hasta destruyen su documentación, incluyendo permisos de tránsito y de trabajo, para impedir el avance de las personas migrantes que persiguen un sueño: no morir a manos del crimen organizado ni de las fuerzas represivas de ningún país y poder trabajar para ganarse la vida en Estados Unidos.

Lo mismo puede decirse del “progresista” Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, que mientras llama “héroes” a los migrantes por el envío de remesas, se limita a anunciar un plan de atención a los migrantes llamado “Retorno al hogar”, sin levantar ninguna medida frente a la política xenófoba de Trump y actuando como contención de la migración centroamericana y caribeña hacia Estados Unidos.

Xiomara Castro, presidenta de Honduras, a inicios de enero afirmó “Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar. Sin pagar un centavo, por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras”. Se refería en particular a la base aérea Soto Cano, donde están apostados más de mil uniformados estadounidenses. Su respuesta a las amenazas trumpistas sorprendió a propios y extraños, sobre todo viniendo de quien también desplegó la militarización y el estado de excepción en ese país centroamericano, con los consiguientes atropellos contra los derechos humanos a manos de las fuerzas represivas. Más dura que la respuesta mexicana, es un hecho significativo proviniendo de la mandataria del principal enclave estadounidense en Centroamérica. Estas declaraciones evidencian la debilidad de la hegemonía estadounidense, y al mismo tiempo muestran el peso adicional de la deuda y la intervención de Estados Unidos, y la necesidad de mantener la paz interna desafiando a Trump. Sin embargo, sus discursos no son medidas efectivas para impedir las deportaciones masivas de trabajadoras y trabajadores que fueron en busca de una vida mejor, huyendo de la violencia y la pobreza de sus países de origen.

En el caso de Venezuela, donde hace poco Nicolás Maduro inició su tercer mandato presidencial tras un escandaloso fraude electoral y aplicando una represión dictatorial, Ryan Berg, quien dirige la Iniciativa Futuro de Venezuela en el centro de estudios de Washington, DC, Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales sostuvo “Podríamos terminar viendo algún tipo de arreglo con [Maduro] si eso significa la capacidad de deportar a más personas, para que Venezuela acepte vuelos de deportados". Como señalamos acá, amenazó a Venezuela “con una ‘muy dura política económica’, que no puede ser otra que endurecer las sanciones, si no se retoman los vuelos de deportaciones forzadas”. De llevarse a cabo esto, sería una negociación profundamente reaccionaria que pondrá a las personas migrantes como moneda de cambio.

Es necesario resistir la ofensiva imperialista comandada por Trump

Las amenazas trumpistas no solo buscan capear la tormenta de la decadencia de la hegemonía estadounidense: también tienen como objetivo mantener dividida a la multiétnica clase obrera de EE. UU. Con la idea de “divide y vencerás”, el magnate que ocupará la Casa Blanca por segunda vez a partir de este 20 de enero de 2024, que ganó apoyo para conseguir la presidencia a partir de prometer (otra vez) el regreso a Estados Unidos de fábricas que se relocalizaron en otros países, a partir de los ataques contra las y los migrantes, busca precarizar las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses. No solo atacará las condiciones de la clase obrera a favor de los super ricos, sino que incluso irá contra los sindicatos, como es el caso del poderoso sindicato de la industria automotriz (United Auto Workers, que agrupa a trabajadores de otros sectores también, como los de universidades), enfrentado a Trump desde antes de su triunfo en las elecciones de noviembre de 2024.

Los trabajadores organizados en el United Auto Workers que protagonizaron una poderosa huelga en las tres grandes del automóvil en 2023, cuya dirección dijo que los trabajadores mexicanos eran amigos de los trabajadores estadounidenses y que sus enemigos comunes son los patrones, deben pasar a los hechos y movilizar a uno de los sindicatos más poderosos del país para proteger a los migrantes. Las trabajadoras y los trabajadores que participaron de la huelga en Amazon —una empresa que emplea a numerosos migrantes— y de otras luchas por sus derechos laborales , incluyendo el derecho a la sindicalización, las y los jóvenes que acamparon en las universidades para exigir la ruptura de relaciones con el Estado genocida de Israel, las y los defensores de migrantes, de derechos humanos y quienes enfrentan la ofensiva contra el derecho al aborto y los derechos de la comunidad sexodiversa tienen que oponerse a las deportaciones masivas activamente. En México, Venezuela y Centroamérica, son múltiples los vasos comunicantes entre la clase trabajadora y los sectores populares de nuestros países con trabajadoras y trabajadores migrantes en Estados Unidos. Trabajadoras y trabajadores estatales de todos los países de la región que enfrentan la precarización laboral y la falta de presupuesto viven situaciones parecidas a las que enfrentarán las y los trabajadores estatales en el corazón del imperialismo. Pueblos indígenas y defensores ambientales que se oponen al extractivismo y los megaproyectos comparten también la misma causa. Es momento de alzar las voces y organizar una ola de apoyo a las y los migrantes que viven, sueñan y trabajan en EEUU, a quienes enfrentan las duras travesías por la selva del Darién, que atraviesan el mar, que emprenden un difícil camino plagado de peligros por el territorio mexicano.

Es fundamental luchar contra la militarización de las fronteras, por plenos derechos democráticos y sociales para las y los migrantes y contra toda criminalización. Por la abolición de las agencias migratorias, como el ICE de Estados Unidos (el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y el Instituto Nacional de Migración en México, cuya principal función es aterrorizar a las personas que dejan sus países de origen en busca de una vida mejor y dejarlas en situación de mayor vulnerabilidad para que luego las empresas las puedan explotar cada vez más. Por plenos derechos a la salud, la educación, el trabajo, la alimentación y la vivienda para las y los migrantes, por igualdad salarial para nativos y extranjeros, hombres y mujeres, así como el derecho a la residencia automática en el país que lo deseen, así como todos los derechos políticos, civiles y sociales.

Las organizaciones sindicales que se pronunciaron contra el genocidio del pueblo palestino, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM en México, tienen un compromiso de honor con las y los migrantes, poniéndose al frente de la lucha contra las deportaciones masivas, exigiendo el libre tránsito por todos los países de la región y el conjunto de los derechos que planteamos antes, así como denunciando la política cómplice y colaboracionista que impulsan los gobiernos de nuestros países.

Ante la amenaza de aranceles contra México y Canadá, las y los trabajadores son quienes enfrentan el mayor peligro. Las tensiones comerciales son una oportunidad para los empresarios y corporaciones para recortar derechos laborales, salarios y avanzar en la precarización de la clase trabajadora, al mismo tiempo que la imposición de aranceles lleva al aumento de precios, lo cual repercute en los bienes y servicios que adquiere el pueblo trabajador.

Las organizaciones sindicales al sur y al norte del Río Bravo también tienen que posicionarse contra la guerra de aranceles. Lejos de cualquier discurso de unidad nacional con quienes defienden los intereses de las grandes empresas capitalistas, es necesario levantar una perspectiva claramente anticapitalista. Es fundamental luchar en cada país contra las clases dominantes que nos oprimen y saquean, porque ellos son los verdaderos enemigos que se benefician con nuestra explotación y promueven la xenofobia y el racismo. Por eso es necesario defender la unidad de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, en la perspectiva de gobiernos de trabajadores que sean bastiones de lucha contra el imperialismo a escala continental y global. Solo si la clase obrera y los oprimidos toman el poder y destruyen las fronteras imperialistas que nos mantienen divididos, se puede desplegar una perspectiva integral para la planificación de la economía regional en beneficio de las mayorías, y para la integración política, social, económica y cultural de la población de la región en una Federación de Estados Unidos Socialistas de América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Una insurrección triunfante de los explotados y los oprimidos sería una enorme palanca de la lucha antiimperialista en toda América Latina y el Caribe, y para el resto del mundo, como sostenía Trotsky en su escrito “Si Norteamérica se hiciera comunista”. Sería la más ruda de las ejecuciones poéticas, un arma cargada de un futuro promisorio para el conjunto de la humanidad, donde la democracia consejista, puesta en práctica por la clase trabajadora, acaudillando a los pobres urbanos y al conjunto de los sectores oprimidos de la sociedad podría decidir qué, cuánto, cuándo y dónde producir, una posibilidad que supera ampliamente la timidez de la democracia participativa que solo permite decidir sobre presupuestos minúsculos, mientras persiste la dictadura empresarial en las fábricas y empresas de servicios como telecomunicaciones, energía eléctrica y suministro de agua.

Desde esa perspectiva, podría lucharse por la reconversión de la gigantesca cadena de valor de América del Norte. Que se profundice la integración entre Canadá, Estados Unidos y México, no en función de las ganancias de CEO’s y corporaciones, sino para producir los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de las mayorías, de agua, alimentos saludables, vivienda, vestido, salud, educación, telecomunicaciones y esparcimiento. Que todas las personas en edad de trabajar lo hagan en condiciones dignas, con una jornada laboral reducida para poder dedicar tiempo a la actividad física, al esparcimiento, a la educación. La expoliación económica que los Estados Unidos ejercen sobre Centroamérica también une los destinos de los estados centroamericanos a las cadenas de valor de América del Norte. Para ser verdaderamente independientes, los estados de Centroamérica deben romper con su dependencia económica, expropiando la tierra de los terratenientes y en manos de las grandes corporaciones que destruyen la naturaleza y a los seres humanos, empobrece a las comunidades y gentrifica las ciudades.

A partir de eso, es posible, con el poder y la capacidad de la clase trabajadora, planificar la producción industrial y energética de manera tal de preservar el medio ambiente y abonar a la recuperación de los ecosistemas dañados por el extractivismo y los accidentes industriales —entre ellos los derrames de petróleo—, para las generaciones futuras. En la producción agrícola no sería necesario utilizar agrotóxicos y se podría abolir el trabajo esclavo o precarizado de millones de jornaleras y jornaleros. La producción agropecuaria podría dejar atrás el modelo de hacinamiento y producción a escala industrial que genera el ambiente propicio para el pase de virus desde los animales a los seres humanos, y podría adoptar modelos que minimicen la alteración del medio ambiente. Niñas, niños y jóvenes en toda la región podrían acceder a la educación básica, media y superior.

Ese horizonte exige, en primer lugar, desarrollar el antiimperialismo y el internacionalismo, en particular al interior de los Estados Unidos y en el seno de la clase obrera, ya que —como decía Karl Marx— no hay pueblo que pueda ser libre si oprime a otro, pero también en México y en cada país de Centroamérica y Sudamérica, donde la derecha y la ultraderecha impulsan la xenofobia y el racismo.

Sobre esa base se podrá construir una sociedad donde cada ser humano pueda elegir donde vivir, educarse, trabajar; y aportar así al desarrollo de una sociedad de productores libres asociados, el socialismo, la única que puede terminar con las miserias del capitalismo y hacer posible el pleno desarrollo de la humanidad en todos los ámbitos.

18 de enero de 2025

Left Voice de Estados Unidos
Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS) de México,
Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) de Venezuela
Organización Socialista Revolucionaria (OSR) de Costa Rica

Adhieren a la Declaración

Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) de Costa Rica