Como parte de la Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos que se realizó en el mes de julio, la Corriente de Trabajadores por el Socialismo de Uruguay, miembro de la Fracción Trotskista-Cuarta Internacional, intervino haciendo un análisis de la realidad uruguaya. Aquí, su exposición.
Martes 18 de agosto de 2020
El triunfo del derechista Luis Lacalle Pou marcó un parate en los tres períodos consecutivos de gobierno frenteamplista. En sus 15 años de gobierno, el Frente Amplio otorgó algunas políticas sociales, además de la agenda de derechos como el aborto, el matrimonio igualitario o la regulación de la marihuana – todas demandas históricas de los movimientos sociales -, pero no cuestionó la profunda desigualdad social, perpetuó la precarización laboral y no resolvió problemas estructurales como la impunidad de los militares de la dictadura cívico-militar.
Ya desde el 2013 se comenzaba un proceso de desaceleración de la economía, por lo que las patronales presionaban para un ajuste. En 2018, con el surgimiento del movimiento rural Por un Solo Uruguay, dirigido por las patronales del campo, se vio más claramente cuál era el programa de ajuste que se estaba reclamando, y que fue tomado parcialmente por el Frente Amplio otorgando mayores beneficios para la inversión, ajustando la política monetaria y conteniendo el gasto público.
Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional, llegó al gobierno gracias a una coalición de derecha, que albergó a 5 partidos, incluyendo a Cabildo Abierto, representado por el ex comandante en jefe del ejército Guido Manini Ríos, con un discurso de ultra derecha, defendiendo a los militares acusados de los crímenes de lesa humanidad, totalmente misógino y conservador.
La pandemia le sirvió al gobierno para acortar los tiempos en la aplicación de su plan: en pocos meses, y sin gente en las calles, habilitó a que se pueda enviar a todo el personal al seguro de paro – lo que resultó en unos 200 mil aproximadamente – y benefició a los empresarios con mayores subsidios y exoneraciones. Para esto necesitó de la colaboración del Frente Amplio, ya en la oposición, y de la central obrera, el PIT-CNT, quienes se hicieron eco del discurso de unidad nacional y la idea de que al Coronavirus lo enfrentamos “entre todos”.
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Los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, aprovecharon para reconvertir la estructura laboral, reduciendo personal y aumentando los ritmos de trabajo. Como consecuencia, aumentó el desempleo en un 10 %, y salió a la luz lo que se venía gestando en años anteriores: la existencia de una masa laboral totalmente informal, de entre 300 y 400 mil personas, que de un día para el otro vieron cortados totalmente sus ingresos por la pandemia.
El plan del gobierno se basa en tres aspectos: por un lado, una gran reestructuración en las cuentas públicas, a partir de un recorte – por decreto, y sin ningún criterio – de un 15 % en todos los ministerios y dependencias estatales, a lo que se suma la no renovación de cientos de contratos precarios en distintos proyectos y programas del estado, en especial aquellos que atienden las necesidades de la población más vulnerable. El segundo aspecto tiene que ver con el ámbito privado donde, en acuerdo con las patronales y con la central sindical, se firmó una rebaja salarial atada al porcentaje de la caída de la economía. Y el tercero tiene que ver con generar un marco legal para aplicar semejante ajuste, y habilitar a las fuerzas represivas a actuar en el caso que hubiera resistencia. Es así que recientemente se aprobó la Ley de Urgente Consideración, una ley neoliberal, regresiva y profundamente represiva, que otorga mayores poderes a la policía y la blinda frente a casos de abusos policiales y gatillo fácil, restringe el derecho a la protesta y otras libertades democráticas como el derecho a la ocupación, como extensión al derecho de huelga, habilita el recorte presupuestal en el Estado, pone en riesgo la continuidad de las empresas públicas de servicios, y mercantiliza la educación pública.
Semejante paquete de ley merece el más profundo y enérgico rechazo por parte del movimiento popular. Sin embargo, no fue lo que realizó el Frente Amplio, que se dedicó a una estrategia parlamentaria de “reducción de daños”, tratando de ablandar los aspectos más regresivos de la ley. Y el PIT-CNT, que no movilizó contra la LUC, separando la lucha contra el avance represivo de la lucha por la defensa de las conquistas obreras.
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Al contrario de esta postura dubitativa, hubieron sectores de base de los sindicatos, los centros de estudiantes secundarios y universitarios, sectores del movimiento ambientalista y del movimiento de mujeres, que hicieron suya la campaña contra la LUC organizando volanteadas, charlas debate, e impulsando dos movilizaciones en el medio de la pandemia, que fueron muy exitosas, y donde se demostró la existencia de un movimiento juvenil que quiere enfrentar el avance represivo y defender las libertades y las conquistas.
Actualmente, nos encontramos presenciando varias luchas de trabajadores y trabajadoras del sector público contra los recortes, el desmantelamiento de programas enteros y la no renovación de sus contratos, y también de sectores del ámbito privado que luchan contra los despidos y la rebaja salarial. Pero estas luchas se dan separadas y aisladas, cuando en realidad deberían coordinarse, no solamente a nivel nacional con otros gremios, sino también confluir con esta juventud antirrepresiva que sale a la calle.
Desde la Corriente de Trabajadores por el Socialismo somos parte de la Red Internacional de diarios digitales La Izquierda Diario, que en Uruguay cuenta con unas 20 mil entradas por mes, intentando desde nuestras páginas contribuir a que la clase trabajadora termine de hacer la experiencia con su dirección histórica, el Frente Amplio, y con la dirección mayoritaria en el PIT-CNT hegemonizada hoy por el Partido Comunista del Uruguay, y proponiendo la unidad de la clase obrera con esa juventud antirrepresiva, bajo una perspectiva anticapitalista, que como parte de cuestionar el aparato represivo, cuestione también el carácter de clase del Estado burgués, hoy dirigido por la derecha neoliberal, pero antes por el progresista Frente Amplio.
La clase trabajadora se encuentra en pie de lucha: vimos el conflicto del transporte que aún no termina, vimos la importante movilización de los entes públicos, o la reciente caravana histórica de los trabajadores del Frigorífico Canelones en lucha por su reapertura, o la del sector de la pesca y tantas otras, en donde La Izquierda Diario se hizo presente, pero falta una coordinación a nivel nacional de las luchas en curso.
Hoy nos encontramos en medio de una campaña electoral por las intendencias departamentales. Una campaña que no entusiasma a nadie porque el Frente Amplio no se diferencia de los partidos tradicionales, lo que desmoraliza y desmotiva a la militancia de la izquierda uruguaya. Y donde el voto al “mal menor” es lo que se va a expresar en las urnas.
En el movimiento de mujeres, impulsamos la Agrupación Internacional Pan y Rosas, peleando para que el movimiento adquiera un carácter independiente del Estado y de los partidos del régimen, que se torne cada vez más pro obrero, y no solo antipatriarcal sino también anticapitalista.
Por eso desde Pan y Rosas hemos venido apoyando distintas luchas del movimiento obrero como la de Fripur, la Spezia, o la lucha de Montevideo Gas de 2019, que terminó en un triunfo echando a Petrobras y revirtiendo la lógica de las privatizaciones de las empresas públicas. También estuvimos presentes en la lucha de Yazaki en el departamento de Canelones, o la de las trabajadoras y trabajadores tercerizados del Hospital de Colonia, o de los trabajadores de la construcción en Cerro Largo.
Estuvimos presentes en la lucha contra UPM, el proyecto extractivista del Frente Amplio que entrega los recursos naturales a una multinacional finlandesa y que en una movilización brutalmente reprimida sufrimos la detención totalmente ilegal de un compañero nuestro.
Participamos de los Colectivos contra la Represión y por las libertades, espacio de frente único que ha llevado adelante una campaña contra la Reforma constitucional impulsada por la derecha en 2019, que intentaba dar mayores atribuciones a la policía.
Y todos los días militamos por construir una alternativa anticapitalista, obrera y socialista, tomando las mejores tradiciones de lucha del movimiento obrero uruguayo, en la perspectiva de su liberación.
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