Marcados por la lucha de Gastre y el 2001 argentino, estos conflictos se convirtieron en los íconos de la historia ambiental nacional. Su legado yace en la constitución de asambleas, los cortes de ruta, la desconfianza en el Estado y la movilización popular.
Martes 1ro de septiembre de 2020 13:12
Dos hechos determinaron la modalidad de las luchas ambientales en la Argentina del siglo XXI: el conflicto patagónico de 1996 contra la construcción de un basurero nuclear en Gastre, Chubut, y las jornadas nacionales del 2001. Gastre dotó al movimiento la herramienta de la protesta (se movilizaron dos mil personas). El 2001 dio la experiencia de las “asambleas de base”, las que inculcarían la desconfianza en las instituciones. Esquel, Gualeguaychú, Ituzaingó y Malvinas Argentinas se convertirían en los símbolos de esta historia.
Esquel es la cuna del movimiento ambiental de base. En 2002, esta ciudad patagónica fue el escenario de la primera lucha social contra la minería a gran escala. Entre octubre y noviembre de ese año surgen varias asambleas de vecinos, miles marchan e, incluso, llegan a tomar el Concejo Deliberante. Tras varias protestas, los Vecinos Autoconvocados de Esquel logran que la legislatura convoque a un plebiscito para votar a favor o en contra.
El 4 de marzo de 2003 se impuso el No a la mina con el 81 % de los votos. Sancionaron la Ordenanza 33/03 declarando a Esquel “municipio no tóxico y ambientalmente sustentable”, y en abril la legislatura provincial sancionó la ley 5001/03 que prohíbe en todo Chubut “la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto”.
Esquel marcó el camino. Luego vinieron las asambleas por el agua de Mendoza que conquistaron la ley provincial 7722, San Juan y la lucha de la asamblea Jáchal No se Toca contra la mina Veladero de Barrick Gold, Catamarca y la asamblea El Algarrobo de Andalgalá y La Rioja con el Famatinazo en vísperas del año nuevo de 2012.
Pero la lucha contra la megaminería no es el único capítulo de esta historia. En 2005 tuvo lugar otro hito, el del pueblo de Gualeguaychú contra las fábricas de pasta celulosa que el gobierno charrúa autorizó a orillas del río Uruguay. El conflicto se extendió hasta 2010 con varios cortes de los asambleístas de Gualeguaychú sobre el puente que unía la ciudad con Fray Bentos.
Argentina tuvo que recurrir a la Corte Internacional de Justicia, con sede en la ciudad de La Haya. Allí planteó que la república oriental no había cumplido con su obligación (establecida por un tratado bilateral) de consultar a la Argentina antes de autorizar la instalación de la planta a orillas del río que las dos naciones comparten. El 20 de abril de 2010 el Tribunal Internacional de La Haya dictó la sentencia (definitiva e inapelable) señalando que “Uruguay ha incumplido sus obligaciones procesales” establecidas en el tratado bilateral.
En 2012, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes reconoció que desde 2003 el consumo de agrotóxicos había aumentado un 850 %. En abril de ese mismo año Sofía Gatica, una sencilla ama de casa, recibió el Premio Goldman (algo así como el Nobel del ambientalismo) por su lucha contra las fumigaciones con agrotóxicos. Su compromiso surge de la tragedia. La muerte de su hija recién nacida lleva a Gatica a investigar y fundar la agrupación Madres de Ituzaingó, un grupo de mujeres de un barrio periférico de la ciudad de Córdoba en donde la soja transgénica se plantaba casi sobre las viviendas y produjo graves consecuencias sanitarias.
Gatica y sus compañeras lograron una ordenanza municipal para prohibir la fumigación aérea a 2.500 metros de las residencias. Luego se limitaron provincialmente dentro de los 500 y 1.500 metros, una medida que muchos pueblos tratan de replicar con enormes dificultades. El 11 de junio de ese año, tendría lugar el primer juicio en el país contra productores de soja acusados de violar esas normas.
Pero Ituzaingó no fue la única lucha símbolo contra el “modelo sojero”. En 2012, el pueblo de Malvinas Argentinas, también en los márgenes de la capital mediterránea, se enteró de que la multinacional Monsanto instalaría en su barrio la fábrica de semillas transgénicas más grande de América Latina. Pese a que la empresa, como es de costumbre, contó con el apoyo de los gobiernos municipal, provincial y nacional, los vecinos bloquearon el acceso a la obra y resistieron ahí en un acampe que hizo historia y que fue visitado por activistas de muchos países. En agosto de 2016, luego de varias represiones y una veintena de detenidos, Monsanto anunció su retiro definitivo del lugar.
Se trata de conflictos que dejaron huella en el movimiento ambientalista argentino y sientan un importante precedente en un contexto donde el extractivismo, como política de Estado y principal práctica destructora de la naturaleza, parece estar lejos de detenerse.
