En un juicio armado por terratenientes y funcionarios de Chubut, Ivana Huenelaf y otras tres víctimas de represión fueron finalmente absueltas. Uno recibió diez meses en suspenso. Procesaron a tres militantes sociales más.
Sábado 10 de noviembre de 2018
Foto Revista Cítrica
Este viernes se cayó una operación armada contra los “cinco solidarios” de Cushamen. Daniela González, Ivanna Huenelaf, Javier Huenchupan Ruiz y Gustavo Jaime fueron absueltos de los cargos de abigeato, atentado a la autoridad, disparos de arma de fuego, daños y lesiones. Eso, pese a todos los intentos de los poderosos por aleccionar a quienes luchan por tierra y libertad. Jorge Buchile, el quinto enjuiciado, recibió una condena a diez meses de prisión en suspenso por desobedecer una orden de alto de la Policía.
Pero al principio de la semana se conoció el procesamiento de Javier Milani, dirigente de ATE Andina Sur Río Negro, junto a otros dos activistas locales, en base a una denuncia de Gendarmería Nacional. Una nueva causa judicial al servicio del Grupo Benetton y de Joe Lewis, el amigo de Mauricio Macri.
El martes 6, en conferencia de prensa frente a la sede judicial vallada de Bariloche, se conoció el procesamiento de tres activistas por parte del Poder Judicial federal de Esquel. Una vez más la “justicia” se pone al servicio de los intereses de los grandes terratenientes para perseguir y ahora procesar a los luchadores sociales.
Causa y juicio armados
El 10 de enero de 2017 un operativo conjunto de la Policía de Chubut y la Gendarmería buscaba desalojar el corte que la comunidad mapuche realizaba en las vías de La Trochita a la altura de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen (donde meses después desaparecería y moriría Santiago Maldonado).
En ese procedimiento represivo detuvieron a tres activistas, ente ellos Ariel Garzi, testigo clave en el caso Maldonado, e hiriendo de bala en la oreja a Fausto Jones Huala, que sufrió la rotura de su tímpano.
En el marco del mismo operativo hubo una denuncia por el robo de animales a paisanos linderos a la comunidad por parte de personal de la Estancia de Benetton con camiones de la empresa y apoyados por la división Abigeato de la Policía de El Maitén, ante lo cual un grupo de activistas solidarios se prestaron a ayudar en su búsqueda.
El hecho terminó con los siete compañeros baleados, desaparecidos por horas por la Policía de Chubut, golpeados y criminalizados por abigeato y resistencia a la autoridad.
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Por esta causa, en estos días se desarrolló un juicio escandaloso en Esquel, que afortunadamente acabo con la absolución de los cinco imputados ante la falta de pruebas. Los hermanos Seguí habían sido sobreseídos el año pasado, pero ahora se suman a ellos Daniela, Ivanna Huenelaf, Javier Ruiz y Gustavo Jaime.
Comienza ahora el camino para enjuiciar a la policía de El Maitén por las vejaciones y apremios propinados a las víctimas durante su detención ilegal en aquella localidad.
La alegría por las absoluciones, sin embargo, está empañada por el hecho de haber atravesado este verdadero calvario judicial y ahora tener que hacerse cargo de parte de las costas en un juicio que jamás tuvo ningún tipo de asidero y cuyas pruebas, como demuestra el fallo, eran absurdas.
El único condenado a diez meses de prisión en suspenso por esta causa es Jorge Buchile, por desobedecer la orden de alto de la policía, algo absurdo en circunstancias en las que eran baleados por la policía desde móviles no oficiales pertenecientes a la Compañía de Tierras del Sud, propiedad de Luciano Benetton. Además se encentran aun en curso la causa abierta contra los tres detenidos por el corte de La Trochita.
Nuevos procesados
En el marco de las detenciones del 10 de enero de 2017, Javier Milani y otros activistas se concentraron frente a sede judicial de Esquel reclamando su liberación inmediata, y a partir de ello el Poder Judicial los procesó por supuestos daños ocasionados en el marco de la protesta.
Junto a esta causa, Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de Gendarmería acusó a Milani por supuestos daños ocasionados durante la manifestación realizada el 17 de octubre de 2017 al conocerse la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado en el Río Chubut.
Méndez no es otro que el hombre que estuvo a cargo del operativo donde desapareció Santiago en la Pu Lof Cushamen, escrachado al día siguiente en su casa en El Bolsón, razón por la cual se escondió durante meses en el Casino de oficiales de Gendarmería.
Esto no le impidió seguir realizando las tareas de inteligencia que acostumbra realizar esta fuerza desde el Proyecto X, ahora bajo el amparo del Comando Unificado Patagonia creado por la inefable Patricia Bullrich para combatir la resistencia mapuche y defender los intereses de terratenientes extranjeros como Benetton y Lewis.
Justamente esta causa llama la atención, ya que el denunciante, las pruebas y los testigos son aportados por Gendarmería y elevados por la fiscalía con una endebleza probatoria propia de las causas armadas para intimidar.
Desde las diferentes organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de la región se ha expresado el repudio y el pedido de desprocesamiento inmediato de Milani y demás acusados.
Al mismo tiempo continúan las causas abiertas por las protestas del 31 de julio de 2017 contra la extradición de Facundo Jones Huala en Bariloche y que Santiago Maldonado acompañó en el corte de ruta en Cushamen a partir del cual fue desaparecido en el operativo de Gendarmería aquel 1 de agosto.
También siguen abiertas las causas iniciadas por las marchas exigiendo la aparición con vida de Maldonado, así como las abiertas contra los compañeros que bajaron desfalleciente a Rafael Nahuel de la montaña el 25 de noviembre de 2017,luego del brutal operativo de Prefectura en el Lof Lafken Winkul Mapu, a quienes se criminaliza por intentar salvar la vida del joven mapuche en el marco de la recuperación territorial en el lago Mascardi.
Esta justicia al servicio de la defensa de los intereses de grandes terratenientes, que encubre, ampara y fomenta el accionar criminal de las fuerzas represivas, es la misma que aporta su mordaza legal para la defensa de los intereses inmobiliarios, mineros, petroleros y pesqueros en toda la Patagonia.
Es la misma que no actúa ni actuó nunca ante la desaparición de Cristian y Genaro Calfullanca en Cholila, o ante la brutalidad policial en Corcovado en 2009, ante el espionaje a activistas del "No a la mina" en Esquel, pero sí está presta a realizar allanamientos y desalojos contra las comunidades mapuches y reprimir al pueblo trabajador.
Es la justicia de los patrones que sólo defiende los intereses del capital, presta a condenar la solidaridad popular, esquiva ante el bolsillo del patrón.
La Multisectorial Contra la Represión y la Impunidad de Bariloche publicó un comunicado que se reproduce abajo.
Denuncia de Gendarmería responsabiliza a referente de ATE
Manifestantes de El Bolsón a indagatoria por marchar en repudio a un crimen
Tres manifestantes de El Bolsón prestarán declaración indagatoria esta semana en la justicia federal de Bariloche en una causa iniciada por la Gendarmería Nacional por supuestos daños y lesiones ocasionados durante una manifestación realizada el 17 de octubre del año pasado, horas después que en un rastrillaje fuera “hallado” un cuerpo sin vida en el río Chubut, que después se confirmó era el de Santiago Maldonado.
Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35, dispuso el operativo de espionaje y control de la manifestación de repudio y dolor convocada ese martes 17 en El Bolsón, información que usó para iniciar esta nueva causa contra activistas sociales y políticos. El escrito de Gendarmería indica como partícipe de los supuestos daños y agresiones a Javier Milani, secretario general de la seccional Sur de ATE, aunque no le formularon cargos penales.
La Gremial de Abogados representará a estos tres activistas en esta causa, quienes acompañaron a la comunidad Lafken Winkul Mapu en la conferencia de prensa ofrecida este martes sobre la calle, ya que está vallado el acceso a la vereda de acceso al edificio del juzgado federal de Bariloche.
Este nuevo expediente también muestra los alcances y masividad de la trama de la judicialización del conflicto político por el derecho al territorio del pueblo mapuche-tehuelche. Una de las personas denunciadas ahora es una de los 9 que fue detenida y procesada en Bariloche el 31 de julio del año pasado, cuando se realizaron cortes de ruta y manifestaciones exigiendo la liberación de Facundo Jones Huala. Por su parte, Milani (con fueros gremiales por ATE) acaba de ser procesado junto a dos lamgen en otra causa federal en Esquel por presuntos daños ocasionados el 10 de enero del año pasado cuando se exigía la libertad de diez personas detenidas por las fuerzas federales para garantizar el paso de “La trochita” por el territorio de la Pu Lof en Resistencia Cushamen.
Por su rol gremial y convicciones personales Milani participa públicamente de convocatorias y autoconvocatorias en defensa de derechos básicos, como cientos de activistas y militantes en todo el país.
Méndez es uno de los responsables operativos del dispositivo de desalojo de la lof Cushamen que terminó con la vida de Santiago Maldonado el año pasado.
