30 días de "gracia" para los inmigrantes del Open Arms. Después, centros de detención para inmigrantes y deportaciones. La política de gestos del Gobierno del PSOE mantiene en lo fundamental sus rasgos históricos y reaccionarios contra los inmigrantes.
Viernes 6 de julio de 2018
Actualmente el Mar Mediterráneo es la ruta marítima que más vidas humanas engulle en todo el mundo. Esa es la realidad más palpable de la crisis migratoria. Una crisis de la que los principales responsables no quieren hacerse cargo.
Los Estados miembros de la Unión Europea siguen sin ponerse de acuerdo en las medidas a adoptar, entre distintas variantes reaccionarias que se debaten entre el cierre de fronteras o la creación de campos de internamiento dentro o fuera de sus fronteras.
Desde el momento de mayor agudización de la crisis, con la llegada de millones de personas huyendo de la guerra en Siria hace dos años, apenas ningún país de la Unión Europea viene haciéndose cargo de la política de cuotas de asilo, contribuyendo de esta manera a la masificación en condiciones ultra precarias e insalubres en los campos de refugiados de las fronteras de Europa del Este.
A ello hay que sumar el acuerdo de la Unión Europea con Turquía para redirigir a la mayoría de los refugiados a sus campamentos financiados por los mismos países de la UE. Algo muy parecido a lo que propone Alemania en esta nueva reemergencia de la crisis migratoria. Angela Merkel es partidaria de la construcción de campos de refugiados en las propias zonas de origen o en países fronterizos de la UE.
Pero sin duda, lo que está profundizando en mayor medida el drama de miles de refugiados es la política reaccionaria del bloque que encabezan Italia y Malta. Ante la crisis del buque Aquarius, el ministro del Interior italiano daba la orden de cerrar los puertos de Italia y negar la entrada a los inmigrantes que iban en el barco de salvamento.
Esta situación exacerbada por los discursos xenófobos y las políticas de racismo institucional está provocando que apenas haya ONG’s de rescate en el Mediterráneo. De hecho, en la actualidad, tras la llegada de los buques Aquaurius y el Open Arms este pasado miércoles a Barcelona, no queda ninguna patrulla de rescate en el Mediterráneo central.
Ante todo ello, la decisión de Pedro Sánchez de recibir primero a los refugiados del Aquarius y esta semana a los inmigrantes rescatados por el Open Arms, es vista por muchos como un gesto que lo diferencia de las posiciones más reaccionarias de algunos de los gobiernos de la Unión Europea.
Este miércoles llegaba a Barcelona el buque Open Arms con los 60 inmigrantes rescatados de una patera a la deriva frente a la costa de Líbia el pasado 30 de junio.
Sin embargo, pese al dispositivo organizado para la llegada de estos inmigrantes por parte de las instituciones, esto no pasa de ser un mero gesto de cara a la crisis migratoria en el seno de la Unión Europea.
El Gobierno de Pedro Sánchez concede a estos inmigrantes provenientes un permiso provisional de estancia legal de 30 días, que están incluso por debajo de los 45 contemplados por la Ley de Extranjería por razones humanitarias que obtuvieron los inmigrantes que desembarcaron del Aquarius en Valencia.
Esto quiere decir que, una vez cumplido el plazo fijado por razones humanitarias a los inmigrantes del Open Arms, ingresarían en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE’s) y de ahí podrían ser repatriados a sus lugares de origen.
Las medidas de Sánchez no cambian el hecho de que históricamente, los gobiernos del PSOE han sido los principales impulsores de las medidas xenófobas del Estado español contra los inmigrantes, empezando por la creación de los CIEs, la utilización de concertinas en las vallas y las restrictivas leyes de extranjería. Políticas globales en el seno de la UE que Sánchez no está dispuesto a modificar ni un milímetro.
Y es que para el conjunto de los miembros de la Unión Europea, el problema no está en la vida de miles de personas, sino que estas personas no lleguen a sus costas. Y mucho menos acaben traspasando sus fronteras. Esta es la verdadera política reaccionaria de sus leyes de extranjería, en la que solo varía el grado del discurso con el que aplicarlas.
Merece también una mención la política del Ayuntamiento de Barcelona respecto a la crisis migratoria. Desde la llegada de Barcelona en Comú, su política de gestos ha pasado por presentar a Barcelona como una ciudad idónea para acoger a miles de refugiados. Sin embargo, este discurso encubre un fuerte cinismo por parte del Ayuntamiento “del cambio”.
Ejemplo de ello es el recibimiento que ha hecho esta semana la alcaldesa Ada Colau a los inmigrantes que desembarcaron del Open Arms, iniciando su discurso con un efusivo "Bienvenidos, os estábamos esperando (...) es muy emocionante poder decir finalmente bienvenidos y bienvenidas a casa".
La realidad es que mientras Ada Colau y su equipo municipal hacen bandera de ser una ciudad de acogida y opuesta a las políticas migratorias reaccionarias de la UE, intensifican la persecución hacia el colectivo de “manteros” o siguen manteniendo trabas administrativas a las personas que piden asilo.
En este sentido, los inmigrantes que llevan más de dos meses en el encierro de la antigua escuela Massana en lucha por sus derechos también están "esperando" a que el Ayuntamiento de respuesta a sus exigencias.
Para terminar con el racismo institucional no alcanzan los buenos gestos. Es necesario levantar un movimiento que se proponga derogar las leyes de extranjería, legalizar a todos los inmigrantes sin papeles y cerrar los CIEs, esas verdaderas cárceles para inmigrantes. Solo así se podrán empezar a desarmar los cimientos de los muros y las vallas de la Europa fortaleza. Solo así el Mar Mediterráneo dejará de ser la tumba de miles de personas.
