Ante el cierre de la mutualista. Estatizar Casa de Galicia bajo control de trabajadores y usuarios

Casi terminando el año la decisión de la justicia de cerrar Casa de Galicia generó una conmoción en el sector.

El anuncio ponía fin a una larga agonía que venía sufriendo la institución al menos desde hace 20 años, cuando el entonces presidente Jorge Batlle había dispuesto la intervención por la difícil situación económica. 4 años después fue el frenteamplista Tabaré Vázquez quien dispuso la misma medida ante crisis que no se solucionaba. Ya en 2019 el gobierno anterior autorizó un fideicomiso de 28 millones de dólares para que la mutualista resolviera sus problemas financieros.

Finalmente en el 2021 se sucedieron una serie de medidas de parte del gobierno y la justicia que derivaron en la declaración de cierre. En octubre la mutualista reclamó por un fideicomiso de 12 millones de dólares, que fue rechazado por el ministro Salinas. Esto generó un cruce con Iglesias, presidente de la institución, y finalmente hacia fines de octubre el desplazamiento de las autoridades y una nueva intervención.

En noviembre la justicia dictaminó el concurso de acreedores y el fin de la intervención para dar paso a la gestión de la Liga de Defensa del Consumidor (LIDECO).

Idas y vueltas entre el juez Leonardo Mendez y el ministerio de salud culminaron con la decisión judicial de cierre definitivo de la mutualista casi a final del año.

La FUS y el PIT-CNT y la política de “agarrar lo que venga”

Apenas se conoció la noticia y los trabajadores de Casa de Galicia comenzaban a discutir el camino a seguir, el Sindicato de funcionarios de la salud (la FUS) y el PIT-CNT se dedicaban a trasmitir la idea que había que conformarse con lo que diera el gobierno y dejar de lado cualquier reclamo con reivindicaciones propias que fueran por el camino de una propuesta de fondo a favor de los trabajadores y usuarios.

De esta manera partían de aceptar la derrota sin luchar, exactamente lo que el gobierno buscaba; además cuando la pandemia del Covid volvía a tener un importante aumento de casos y los servicios de salud son más importantes que nunca.

No hay que olvidar que Jorge “Fogata” Bermudez es un dirigente histórico del Partido Comunista; esta es la estrategia que levanta este partido, que a veces tiene algún discurso confrontativo, pero que está siempre dispuesto a dar estabilidad y gobernabilidad al gobierno de turno.

Estos dirigentes, acompañados también de Flor Constanzo presidenta del sindicato de Casa de Galicia (Afuncag), se apresuraban a dar como un hecho consumado la decisión y terminaban aceptando que se cerrara un centro de salud con más de 100 años de antigüedad, sin ni siquiera tener seguridad que todxs lxs trabajadorxs mantendrían la fuente laboral.

Por otra parte sus críticas estaban centradas en la decisión de la justicia pero eximiendo de responsabilidad al gobierno; y sin hacer ningún comentario sobre el modelo empresarial que se lleva adelante en la salud ni tampoco un pedido de investigación sobre como se gastó el dinero que causó el endeudamiento de la mutualista, es decir la apertura de los libros de contabilidad de la empresa y saber que pasó con la plata del fideicomiso.

Desde la dirigencia de la FUS y del PIT-CNT parecían más preocupados en evitarle al gobierno conflictos que en buscar salidas de fondo a la crisis de la mutualista; la rapidez del gobierno en disponer el cierre de Casa de Galicia y la distribución en otros centros de salud de trabajadores y usuarios encontró la ayuda de los dirigentes sindicales para intentar evitar la organización de los trabajadores de Casa de Galicia y que ponga en marcha un plan de lucha.

En una asamblea dividida el 28 de diciembre los integrantes de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag) resolvieron en esta instancia aceptar la propuesta del gobierno (840 trabajadores serían absorbidos por otras instituciones y para 460 habría un seguro de paro especial integrando mientras tanto una bolsa de trabajo, además que los salarios adeudados se cobrarían a corto plazo).

Flor Constanzo, fue una de las dirigentes que insistía con que no aceptar esta alternativa traía el riesgo de no cobrar nunca los salarios adeudados y además la posibilidad de perder la fuente laboral “Lo aceptamos o en febrero 80% no tiene salario para cobrar” “O recorremos este camino o no sé cuál es el otro. El gobierno se comprometió a esto. Esto lo quieren vaciar en 15, 20 días, esto es al toque”, frases de la dirigente, en línea con lo que al mismo tiempo declaraba la FUS, para evitar cualquier conflicto o plan de lucha.

“Ustedes están agachando la cabeza”

Sin embargo la postura oficialista encontró resistencia entre lxs trabajadorxs de Casa de Galicia, que veían ante sus ojos la prisa por cerrar un acuerdo y dar vuelta la página.

Lo mismo sucedió entre grupos de usuarios y usuarias que comenzaron a organizarse y a elevar propuestas que dieran continuidad a la mutualista.
El lunes 10 de enero se realizó una masiva asamblea de Afuncag, luego que se juntaran 300 firmas en pocas horas solicitando esta nueva instancia, y se definió entre otras cosas dejar sin efecto las resoluciones de la asamblea del 27 que apoyaban la propuesta del ministro Salinas.

Se votó en base a amenazas y miedo declararon los trabajadores, así como también denunciaron irregularidades que afectan la democracia sindical.

La situación en Casa de Galicia aún está abierta; de hecho los socios de la institución en el fin de semana resolvieron estudiar pagar una sobrecuota por un periodo de tiempo para crear un fondo de recuperación.

El día domingo además, en una nueva asamblea de Afuncag la directiva presentó la renuncia ante las críticas que hicieron las y los trabajadores. Los funcionarios señalaron además que la directiva había hecho caso omiso a la resolución del día 10 y continuaba impulsando el plan B (o sea la propuesta del ministro Salinas). “Violaron el estatuto por seguir haciendo cosas que no estaban direccionadas por la asamblea, que es soberana. Entonces, vinieron con la carta de renuncia, se levantaron y se fueron” expresó una de las trabajadoras participantes de esta asamblea.

Para el próximo 25 está convocada una nueva asamblea con movilización y paro, en la que invita además a “usuarios y sindicatos hermanos” a unirse a la lucha por Casa de Galicia.

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Un conflicto que deja enseñanzas

Más allá de cual sea el desenlace de la situación, en este tiempo ya se han podido observar las posturas de distintos sectores y su accionar ante situaciones como estas.

En primer lugar, y como no podía esperarse de otra manera, el gobierno no tiene mayores inconvenientes en cerrar la mutualista y dejar trabajadores sin empleo, dando vía libre a la voluntad de los empresarios del sector. Salinas fue muy claro desde el comienzo diciendo que no se iba a estatizar.

Por detrás de estos movimientos está la política sanitaria definida por el conjunto del régimen político (es decir con el apoyo activo del Frente Amplio) de convertir a la salud en una fuente de ganancias para los empresarios. El famoso Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) encubre que hay servicios de primera y de segunda y que sigue operando la lógica de que la mejor salud es para el que la pueda pagar y no un derecho básico para toda la población. Por detrás hay poderosos intereses empresariales disputando las ganancias de un negocio muy rentable. Aún en el sector público de atención en salud hay servicios privatizados, servicios que son vendidos al Estado y dejan jugosas ganancias a esos empresarios.

La FUS y el PIT-CNT han terminado aceptando y haciendo suya esta lógica de la salud como un negocio y lo sucedido en Casa de Galicia es la última demostración de la incapacidad de estos dirigentes de ir más allá y pensar en un modelo alternativo de salud, que la considere un derecho y se organice en función de las necesidades de trabajadores y usuarios.

Pero no solo eso, al igual que sucede con otros conflictos obreros, la dirigencia de la central sindical tiene la política de dar estabilidad al gobierno y evitarle conflictos. Por eso pone todo su peso, y recurre si es necesario a medidas antidemócraticas como las que denuncian lxs trabajadorxs de Afuncag, para que las y los trabajadores no se organicen ni resuelvan planes de lucha, además de promover una visión totalmente posibilista que acepta siempre lo dado y es incapaz de una crítica profunda y estructural; por eso por ejemplo, jamás se proponen levantar un programa de fondo; como en este caso de Casa de Galicia sería la estatización y puesta en funcionamiento del centro de salud bajo gestión de trabajadores y usuarios.

La asamblea del 10 de enero de Afuncag tomó otro camino, le dijo no a la resignación y a las apretadas y presiones de los dirigentes, y propuso la estatización para que Casa de Salud pueda seguir existiendo. Lo hizo además luego de un profundo debate democrático en una asamblea masiva, método opuesto al que propone la burocracia, que como también se vio en esta situación, acuerda con el gobierno y los empresarios y luego hace todo tipo de maniobras para que las bases refrenden sus acuerdos de cúpula.

Ni los trabajadores y las trabajadoras ni los usuarios y las usuarias de Casa de Galicia se resignan; y siguen buscando alternativas al cierre, manteniendo los puestos de trabajo y una atención de calidad para los usuarios de la mutualista.

Al mismo tiempo se hace necesario que todo el movimiento obrero de una lucha profunda por terminar con el lucro empresarial en la salud y los privilegios y que exista un sistema único de salud para toda la población.