La medida cautelar fue solicitada por el ministerio público, tras revelarse los mensajes entre el ex director de la PDI y el bullado abogado al servicio de los poderosos.
Miércoles 20 de marzo
La decadencia y la corrupción de los empresarios, el estado, los políticos y sus funcionarios parecen no tocar fondo. El efecto dominó producido por la filtración de audios provenientes del abogado y principal defensor de los poderosos, Luis Hermosilla, sigue su curso, y arrastrando nuevas figuras a su paso.
Ya han pasado días en que se diera a conocer la destitución del ahora ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, producto de la filtración de información hacia el abogado Hermosilla. Entre las filtraciones destaca la formalización sobre el también ex director de la PDI, Héctor Espinosa por malversación de fondos, el Caso Dominga que tenía al fallecido ex presidente Piñera como imputado, y la incompatibilidad para adjudicación de proyectos por parte del ex alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, entre otras.
Sin embargo, la gravedad de los hechos ha ido en aumento, quedando claro con la prisión preventiva para Muñoz, la cual fue solicitada a la jueza de la causa, por el propio Ministerio Público.
Y es que la filtración de mensajes entre Muñoz y Hermosilla, devela lo medular de la corrupción en las instituciones públicas, y sobre todo, cómo se constituye una red funcionarios y defensores inescrupulosos, que perpetúa los intereses y privilegios de un sector acomodado, blindado por las leyes de un estado al servicio de la clase dominante y sus representantes.
Es tal el descaro, que el abogado defensor de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, aseguró que el ex director de la PDI, “cayó bajo el encantamiento de Luis Hermosilla”, aludiendo a su desempeño como representante del ex presidente Sebastián Piñera.
Hoy en que los medios tradicionales y autoridades públicas parecieran referirse a la problemática como un hecho aislado, lamentando el actuar de la PDI, mientras se lava la imagen de ex presidentes e instituciones absolutamente cuestionadas, no se puede olvidar el historial de instituciones policiales y de defensa. Instituciones vinculadas no solamente a violaciones sistemáticas a los derechos humanos, sino también a una red de altos funcionarios que se han visto involucrados a casos de corrupción, como el famoso Pacogate con un fraude estimado en más de 28 mil millones de pesos, y el Milicogate con 3.500 millones de pesos, respectivamente.
