OPINIÓN. Extinción de dominio: “recuperar lo robado”... pero sin molestar a la familia

Entre 1973 y 1983 la familia Macri pasó de controlar 7 a 47 empresas. El crecimiento, exponencial, podría configurar un récord si no hubiera representado el patrón que marcó a toda la cúpula empresaria. El gran capital se enriqueció en un mar de desapariciones, torturas, asesinatos y exilios.

A finales del ciclo que dio en llamarse Proceso de Reorganización Nacional, ese gran empresariado fue protagonista y beneficiario de una enorme estafa. Estafa cometida en perjuicio del conjunto de la población trabajadora argentina. Por aquellos años, un joven Domingo Felipe Cavallo estatizó la deuda privada de los grandes grupos económicos. Con ese gigantesco favor, el balance contable del grupo Macri se favoreció por U$S 170 millones.

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El actual presidente suele fustigar la “viveza criolla”. Aquella estatización consagrada bajo Cavallo debería figurar en el top five de las “avivadas” locales. Agreguemos que lo “ilegal” no es solo una acusación política. La investigación llevada adelante por Alejandro Olmos (padre e hijo) detectó 470 actos ilegales en ese proceso de endeudamiento.

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La Extinción de Dominio que propone el gobierno de Cambiemos no alcanza a esos actos. No los roza siquiera. Apotegmas como #RecuperarLoRobado o #ElQueLasHaceLasPaga no incluyen en su lista ese monumental desfalco que terminó en un salto arriba del endeudamiento externo. Se entiende. El hurto lo cometió la clase capitalista de la que la familia Macri ha sido y es parte.

El macrismo, agreguemos, no tiene pátina de originalidad en este caso. Los años kirchneristas, a pesar de la profusa prosa anti-dictadura y anti-corporaciones, tampoco empujaron la investigación sobre ese enorme robo. Quienes fueron “orgullosos pagadores seriales” se rindieron ante los hechos consumados, negociando con los fondos buitre una quita que “solo” reportó ganancias por el 300 %.

Ganancias para los buitres, pérdidas para el país.

La nueva gran estafa

En 1990 el clan Macri llegó a poseer 60 empresas. Los años alfonsinistas no pasaron en vano ni parecen haber sido malos. La familia del actual presidente solo usufructuó ventajas y obsequios que el Estado nacional otorgaba al gran capital para “incentivarlo” a producir.

El final del gobierno radical y el inicio del menemismo serían el escenario de otro acto de bandidaje por parte del gran empresariado. Las vaciadas y devastadas empresas estatales serían vendidas a precio de remate al capital privados.

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Las privatizaciones menemistas beneficiarían a esa verdadera “asociación ilícita” conformada entre el gran empresariado local y el capital imperialista. La familia del actual presidente no osaría quedarse afuera. En 1997, el Correo Argentino iría a parar a sus manos, iniciado un endeudamiento con el Estado que, aún hoy, perpetúa.

Al igual que la primera, esta nueva gran estafa sería continuada y defendida por todos los partidos del gran capital. En el encadenado entre menemismo, duhaldismo, kirchnerismo y macrismo no habría nunca un cuestionamiento serio al esquema nacido a inicios de los 90. Sí variarían las formas de administrar un sistema que, en casi tres décadas 30 años, ha eternizado su decadencia.

A los subsidios millonarios del ciclo kirchnerista les seguirían los feroces tarifazos cambiemitas. Ni en un escenario ni en otro, las empresas perderían o se verían obligadas a invertir. Servicios caros e ineficientes serían la norma para los usuarios; despidos, precarización y muertes laborales, la de sus trabajadores y trabajadoras.

Bajo el ciclo kirchnerista esa corrupción encontró tal vez su expresión más terrible en la Masacre de Once. El medio centenar de muertes evidenció, con dureza, esa nueva gran estafa.

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La “patria contratista”...puede ser uno mismo

Mal que le pese al primer mandatario, el gran empresariado ligado a los negocios del Estado es protagonista privilegiado de la “viveza criolla”. Ahí hace amarras su propia familia.

Franco Macri figura ya en el panteón de los fundadores de la “patria contratista”. Sus inicios estuvieron ligados a otra dictadura, la de Onganía. De la mano del Estado arrancó entonces carrera desenfrenada que no se detendría, ni siquiera, ante el umbral de la presidencia de su hijo.

En los últimos años, la “patria” fue re-bautizada como “el club de la obra pública”. El cambio de nombre no altera lo esencial del negocio. El llamado #CuadernoGate volvió a evidenciarlo, presentando ante la sociedad toda el estrecho vínculo entre empresariado y funcionarios públicos. Vínculo lubricado con los millones que, en bolsos o en valijas, recorrieron parte del país y los despachos oficiales.

Detrás de los juegos jurídicos y la espectacularidad de Claudio Bonadio, esa corrupción sigue impune. La Ley del Arrepentido, festejada por tirios y troyanos, resultó ser lo que la izquierda dijo que sería: un instrumento para la impunidad.

Los empresarios “arrepentidos” gozan, en su absoluta mayoría, de libertad. Una libertad ganada a base de “confesiones” que, al filtrarse a la prensa, dejan más dudas que certezas. La corrupción de los funcionarios kirchneristas se convierte en material de campaña. Lo esencial, en todo caso, reside en su uso político y mediático, en el marco del calendario electoral.

Casi a pesar de Bonadio y de Oscar Centeno, el #CuadernoGate tocó las puertas de la familia y el entorno presidencial. Sin embargo, nada ha pasado. El Poder Judicial que apañó al kirchnerismo, hoy protege al oficialismo de turno.

El saqueo cometido por esta franja del empresariado tampoco entrará en el listado de la nueva Ley de Extinción de Dominio. A lo sumo, veremos su uso limitado a ciertos casos que puedan convertirse en tips de campaña. Ir más a fondo podría ser, hasta cierto punto, como meterse la mano en el propio bolsillo. Después de todo, la “patria contratista”...muchas veces es uno mismo.

Criminales e impunidad

"Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente”, reclamó este lunes el presidente.

En el lenguaje presidencial, el “crimen” tiene un carácter sesgado, limitado, engañoso. Clasista, para decirlo preciso. En su mirada, los empresarios que hundieron al país transfiriendo su deuda privada al Estado pueden aparecer como simples comerciantes con un mal balance contable. Posiblemente ocurra lo mismo con quienes fugaron riqueza masivamente, aprovechando los millonarios subsidios que -sin control- otorgó el kirchnerismo. Ni que hablar de los negociados al amparo del Estado. Allí, posiblemente, solo haya “oportunidades de negocios”.

La Ley de Extinción de Dominio será, seguramente, una herramienta a utilizar en la campaña electoral. Acompañará cada timbreo cambiemita y ocupará un lugar en las palabras de candidatos y candidatas.

Pero la norma no sirve ni servirá para “recuperar lo robado” como pregonan, afiebrados, desde el #trollcenter. No cuestionará un saqueo cometido con ayuda y aval de todas las fuerzas políticas que gobernaron desde 1983 a esta parte, sin excepciones. La verdadera corrupción, aquella que surge de la intrincada e inescindible relación entre poder estatal y empresariado, quedará a salvo. Quedará impune.