La Fiscalía madrileña ha presentado una denuncia contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un presunto fraude a Hacienda de 350.000 euros. Además, estaría implicado en un nuevo “caso mascarillas”, a través del cual se habría embolsado casi dos millones de euros como comisionista.
Jueves 14 de marzo
Alberto González Amador habría estafado unos 350.951 euros al fisco entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades pantalla, según sospecha la Fiscalía. A través de la empresa Maxwell Cremona S.L, de la que es administrador único, habría emitido quince facturas falsas por un total de 1,7 millones de euros, con el objetivo de evitar la carga fiscal. El objeto del negocio habría sido intermediar entre dos empresas en la compra-venta de material sanitario en el pico de la pandemia.
De confirmarse el fraude, se trataría de otro ejemplo más de prácticas ya habituales en el entorno de Ayuso. No se puede olvidar a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, que se embolsó 234.000 euros en otra operación de intermediación con un proveedor de mascarillas.
Tras estas operaciones, Hacienda sospechó que González Amador comenzó a utilizar otra empresa para justificar sus ingresos y emitir facturas falsas, Masterman and Whitaker S.L. Tampoco encaja la actividad de Mke Manufacturing, la empresa de su socio Maximiliano Eduardo N.G., que en 2020 dedujo una factura de 630.000 euros sin realizar ningún servicio para la empresa de su amigo.
Alberto González Amador habría utilizado estos beneficios para montar una casa de huéspedes en el barrio de Usera (Madrid). Además, adquirió un Maserati de unos 85.000 euros cuyo impuesto de circulación no ha sido pagado al Ayuntamiento de Madrid ni en 2022 ni en 2023 y con el que acumula ya seis multas de tráfico y ha pasado a vivir en un lujoso piso en el barrio de Chamberí valorado en más de un millón de euros, residencia en la que vive con Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta, en respuesta a las acusaciones que recaen sobre su pareja, ha declarado que se trata de una persecución contra ella, considera que Hacienda le debe a González Amador 600.000 euros y que se está produciendo un "asedio". Se trata de una actitud muy similar a la que adoptó cuando se conocieron las comisiones por el Caso Mascarillas en 2022, momento en el cual salió a defender a su hermano declarando que: "Ya falta solo saber la calidad de los calzones del chino que cogió la caja en el aeropuerto y que probablemente era fraudulenta".
A estas alturas, la verdad es que cuesta creer la amalgama de excusas de bajo coste que la presidenta esgrime al más mínimo escándalo. El problema no es solo la presunta ilegalidad cometida, sino la impunidad permanente que rodea a toda una casta de políticos y empresarios parásitos de todo el arco político del Régimen del 78. Este caso se produce en plena investigación del "caso Koldo", donde un asesor del exministro José Luis Ávalos se habría visto implicado en otra trama de corrupción relacionada con la compraventa de material sanitario.
Mientras tenía lugar una pandemia que afectaba a millones de personas en el Estado español y en el mundo, un puñado de empresarios convertidos de un día para otro en “comisionistas” y de cargos públicos se frotaban las manos. Mientras se exigía a los trabajadores de los centros sanitarios trabajar sin medidas de seguridad, mientras los trabajadores informales se preguntaban cómo iban a pagar el alquiler sin ingresos, mientras se detenía o multaba a personas sin hogar y mientras se exigían esfuerzos colectivos por frenar los picos del COVID-19, la salud se convertía, de nuevo, en moneda de cambio para unos pocos.
