Bariloche. Facundo Jones Huala: un juicio político y criminalizador por donde se lo mire

Foto Marcelo Martínez

Este jueves, luego de 245 días preso en la Unidad Penitenciaria Federal 14 de Esquel, finalmente Facundo Jones Huala (31) se sentó frente a los representantes del Poder Judicial federal de Bariloche para someterse a un juicio de extradición planificado y ordenado de común acuerdo por los gobiernos de Argentina y Chile.

Reaccionaria puesta en escena

La jornada comenzó a las 7 de la mañana en la sede del Juzgado Federal de la ciudad rionegrina, donde por orden del juez Gustavo Villanueva estaba pautado que se acreditaran quienes iban a presenciar la audiencia. En los días previos varios periodistas y la propia comunidad mapuche habían denunciando la decisión arbitraria y antidemocrática del juez de que solamente ingresaran al juicio siete empresas periodísticas (a las que obviamente él elegiría). Presionado por esa denuncia finalmente a Villanueva no le quedó otra que aceptar el ingreso de más medios.

Con hondo pesar el juez también debió autorizar la acreditación de un nutrido grupo de referentes de organismos de derechos humanos que llegaron desde Buenos Aires. Allí estaban la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la hija de desaparecidos y miembro del CeProDH Alejandrina Barry, Margarita Cruz de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, María Elena Naddeo y Gisela Cardozo de la APDH, Graciela Rosenblum de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Pablo Pimentel de la APDH La Matanza. También estuvieron allí miembros de La Gremial de Abogados de la región.

Luego de las acreditaciones, el juez, las partes y el “público” autorizado fueron trasladados al Gimnasio Municipal 3 de la ciudad, en cuyas inmediaciones acampaban desde la tarde del martes miembros de las comunidades mapuches de la comarca andina, entre ellas de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen a la que pertenece Jones Huala.

Foto Mayra Pérez

Como una provocación, el juez ordenó que todas las personas acreditadas (en su gran mayoría mujeres, tanto de las comunidades originarias como referentes de los derechos humanos) fueran trasladadas hasta dentro del gimnasio por la Policía en camionetas tipo Traffic. Luego ordenó que quienes salieran del “recinto” no fueran autorizados a reingresar, obligándolos a permanecer por diez horas en el mismo lugar. Y por si fuera poco no se autorizó el uso de teléfonos y se obligó a dejar fuera de la sala las pertenencias personales.

Como era esperable, durante todo el día hubo un importante despliegue de “seguridad”, compuesto por varios centenares de efectivos de la Policía de Río Negro, del Servicio Penitenciario Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de Gendarmería.

Facundo Jones Huala fue trasladado en un helicóptero del SPF, que recorrió los casi 300 kilómetros que separan a Bariloche de la ciudad de Esquel, donde está preso desde el 27 de junio del año pasado.

Foto Marcelo Martínez

Cartas echadas

La audiencia comenzó pasadas las 10. Primero el secretario del Juzgado dio lectura a los diferentes oficios que condujeron al juicio, entre ellos obviamente el requerimiento del Estado chileno para su extradición. El Poder Judicial del país trasandino lo acusa (prácticamente sin pruebas) de haber provocado junto a otras personas el incendio de un puesto en un campo de Valdivia en 2013. También de portar “armas de fuego caseras”.

Luego la abogada de Jones Huala, Sonia Ivanoff, reclamó que se tuviera en cuenta como elemento de prueba el peculiar informe sobre la “RAM” elaborado desde el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich (presentado en sociedad el 27 de diciembre), que demuestra de forma cabal “que hay persecución política” sobre el lonko y su comunidad.

El pedido fue rechazado por el juez, que hizo caso a la sugerencia del fiscal federal Jorge Bagur Creta, para quien “si hubiera persecución política en Chile podría ser considerada la cuestión, pero si la hay en Argentina, no es aquí donde deba dilucidarse”.

Foto gentileza

Tras un cuarto intermedio se le dio la palabra al acusado, quien realizó un alegato político-judicial en el que demostró la campaña en su contra, inscripta en una larga historia de persecución, criminalización y represión al conjunto de los pueblos originarios, en particular al pueblo mapuche.

Jones Huala historizó la opresión y el despojo que sufre el pueblo mapuche, tanto en Argentina como en Chile. Desde la Campaña del Desierto de Julio A. Roca hasta los recientes “crímenes de Estado” que tuvieron como víctimas a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y denunció de forma implacable la impunidad de la que gozan los autores intelectuales, materiales y políticos de esos crímenes. En ese marco identificó este juicio de extradición como un capítulo más en esa dinámica criminal estatal.

Después de un nuevo cuarto intermedio las partes expusieron sus pruebas. El fiscal Bagur Creta fue el encargado de presentar los endebles elementos provistos por el Estado chileno. La abogada Ivanoff sumó informes de organismos internacionales sobre la dramática situación de las comunidades indígenas en Chile. Luego vendrían los alegatos y finalmente el juez Villanueva convocaría a las partes para el próximo lunes 5, donde dictará sentencia.

Foto Mayra Pérez

Lucha y solidaridad

En el acampe montado en las afueras del gimnasio municipal se pudieron escuchar en vivo (por un altoparlante) las alternativas del juicio. A lo largo de la jornada transitarían por allí cientos de personas que, en solidaridad con la causa mapuche, exigieron la libertad y no extradición de Jones Huala. Además de vecinos de la comunidad barilochense se hicieron presentes organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y culturales.

Foto Marcelo Martínez

Sobre el final de la jornada quienes se mantuvieron todo el día dentro del recinto se encontraron con quienes hicieron el aguante afuera, tanto los miembros de las comunidades mapuche como referentes de organismos de derechos humanos.

A la salida de la audiencia Nora Cortiñas afirmó que, de no tener una sentencia favorable, la defensa de Jones Huala apelará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Vamos a seguir entre todos, ya somos muchos ayudando para que esta situación se resuelva”, dijo la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Y agregó que “si llegan a extraditarlo a Chile, cuando esté allá creemos que la cosa no será tan grave porque no van a poder comprobar” el delito del que se lo acusa.

Cortiñas cuestionó al Gobierno y al Poder Judicial porque “no encuentran lo que quieren para acusarlo. No es un terrorista y no pueden endilgarle cosas que no hizo, entonces no saben qué inventar”. Y denunció el “horror” y la “persecución” al que están siendo sometidas las comunidades mapuche en la Patagonia. “No nos enteramos por los diarios, pero sí a través de nuestros amigos con los que nos comunicamos. El Gobierno no quiere que sigamos denunciando que lo de Santiago (Maldonado) fue una desaparición forzada seguida de muerte y que lo de Rafael Nahuel fue un fusilamiento, pero nosotros lo tenemos claro y así lo difundimos. Por eso estamos todos muy atentos a lo que va pasando acá”.

Junto a Cortiñas estaba, entre otras personalidades, Alejandrina Barry, hija de desaparecidos y referente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH). “Fueron casi once horas de una jornada muy intensa, con el agregado de medidas de seguridad realmente escandalosas, con un recinto militarizado por grupos especiales de distintas fuerzas, con requisas y sin dejarnos tener nada encima”, denunció Barry.

Para la referente del CeProDH y dirigente del PTS-FIT, “tanto escuchándolo a Facundo Jones Huala como al fiscal, que a toda costa intentó evitar decir lo que estaba realmente sucediendo, queda en claro que se trata de un juicio político y que no hay pruebas para condenarlo. La defensa de Jones Huala demostró que desde el Estado se busca la creación de un enemigo interno y que hay un incremento de la represión, con casos como los de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Y en ese marco se da este juicio. Por eso reafirmamos una vez más nuestra exigencia de libertad al lonko mapuche y su no extradición”.

Foto Mayra Pérez

El tiro por la culata

El próximo lunes habrá sentencia. Es posible que, pese a todas las evidencias, Jones Huala sea finalmente extraditado a Chile. Pero del otro lado de la Cordillera aseguran que lo más probable es que el joven mapuche no sea condenado por los hechos de los que se lo acusa, ya que allí el caso está inmerso en un pantano judicial. Prueba de ello es que los cuatro jóvenes mapuches que fueron acusados en 2013 junto a Jones Huala, en noviembre de 2014 terminaron sobreseídos porque no se les pudo demostrar nada.

Y no hay que olvidar el escándalo político abierto en Chile alrededor de la llamada “Operación Huracán”, donde un grupo de efectivos de Carabineros está acusado (y ahí sí con bastantes pruebas) de armar causas criminales contra referentes mapuches de la Agrupación Arauco Malleco con las que justificaron sus detenciones.

Hasta el mismo diario Clarín (particular interesado en criminalizar a los mapuches de Argentina) escribió esta semana que “condenar a Jones Huala por un delito menor y sin que quede establecida su participación, tendría un condimento y una carga política que el nuevo gobierno de Sebastián Piñera no quiere asumir de entrada”.

Que después de todos los esfuerzos represivos y criminales, montados por el Estado en la Patagonia durante años, Facundo Jones Huala termine volviendo a Argentina libre de culpa y cargo sería un duro revés para Macri y Bullrich. El problema es que mientras ellos “juegan”, del otro lado siguen sufriendo (y muriendo) quienes luchan por sus derechos ancestrales y elementales.

Por eso anoche, en los alrededores del gimnasio municipal de Bariloche, seguía resonando el mismo grito: “¡Libertad a Facundo Jones Huala! ¡No a su extradición!”

Foto Marcelo Martínez

Informe desde Bariloche: Mayra Pérez