La Izquierda Diario entrevistó a Félix Díaz, referente de la comunidad qom de Formosa que está acampando en Buenos Aires, reclamando por sus derechos. Le preguntamos sus impresiones sobre las denuncias de espionaje del gobierno de Insfrán y además cuenta sobre las medidas que vienen tomando desde el acampe.
Miércoles 18 de marzo de 2015
–Queríamos consultarle sobre las denuncias de espionaje en Formosa. Un ex intendente, Gabriel Hernández, denunció que el gobierno de Gildo Insfrán hacía espionaje político a opositores, organizaciones sociales, y una de las víctimas del espionaje es usted. Salieron a la luz mails donde se informaba todo lo que se hacía y se hablaba acá en el acampe.
–Sí, bueno, nosotros hemos escuchado siempre esa versión del gobierno con esa persecución que hace a los luchadores en Formosa. Nosotros, los líderes indígenas, hemos sido perseguidos siempre, pero nunca le damos importancia a esa presión que proviene del Estado provincial, porque veíamos que era una pérdida de tiempo enfrentar esas amenazas. A veces nos hace persecución a través de los medios, a través de la Justicia misma, creándonos causas penales, nos acusan de cosas que no son reales, entonces todo lo que salió en los correos electrónicos creo que no son cosas novedosas, siempre estuvieron así las cosas, y yo creo que el Estado argentino tiene que cambiar su forma de proceder, porque esta no es una manera democrática, es una manera de silenciar la voz que reclama justicia, de la gente que no comparte una ideología.
–Trascendieron algunos mails que informaban todo lo que pasa acá en el acampe, personas que se reúnen con nombre y apellido, de qué organización son, de qué se habló en las reuniones, etc. ¿Esto ya venía pasando? ¿Lo sabían? ¿Los sorprende?
–Nosotros no podemos saber quiénes son y no nos preocupa, porque nunca hemos tenido secretos y todas las decisiones que tomamos están basadas en la decisión de asamblea, por lo tanto no hay secretos entre nosotros. Para el Estado cuando un indígena piensa en defender sus derechos humanos eso es un delito, de cortar una ruta, pero cuando ellos matan, persiguen, no es un delito. Así como hacen con el tema de hackear los mails, para ellos no hay delito.
–¿Cuál cree que es el interés que ellos tienen en espiarlos?
–Nosotros no perdemos nada ni ganamos. Solo demostramos la entrega de la fortaleza física, de nuestra integridad, demostrando ante este poder político y económico que quiere silenciar nuestra voz, pero ellos no lo van a lograr nunca, porque nosotros no aspiramos a una lucha económica ni comercial. Nosotros estamos peleando por la vida, por nuestros territorios, nuestras familias, nuestro futuro. Entonces al gobierno le preocupa que nosotros digamos que las cosas no están bien, que no hay agua, no hay salud, que no hay educación, no hay seguridad jurídica en los territorios, entonces eso le molesta. Sin embargo, si un gobierno cree que está seguro de lo que está haciendo, no debería hacer esta persecución, diciendo que estamos mintiendo, por eso yo no estoy preocupado por este tema, porque estoy seguro de que lo que estamos haciendo está muy fundado en la necesidad de la gente, porque es el pedido de la comunidad de seguir denunciando esta situación.
–Respecto de la marcha del martes pasado, ustedes entregaron los petitorios en la Corte Suprema, Congreso y Casa Rosada, ¿Tuvieron alguna respuesta?
–Hasta ahora no tuvimos respuesta de ninguno. Hoy al mediodía tuvimos una comunicación a través de una compañera de militancia que nos avisó que la Corte Suprema nos cita a una audiencia mañana (por hoy), para dialogar con el secretario de la Corte Suprema de la Nación para poder escuchar nuestra preocupación y pedido de audiencia a las autoridades nacionales. Mañana empezaremos a marchar a las 11 y estaremos en la corte suprema a las 12 del mediodía. Invitamos a nuestros amigos y la militancia social que nos acompañe.
Porque lo que estamos haciendo es una lucha desigual ante el estado, estamos en una desventaja enorme, de estar durmiendo acá, pero estamos acá resistiendo para exigirle al Estado que cumpla su función como garante de la seguridad física de los pueblos indígenas.
