El año termina con cifras record en femicidios en la provincia. Las políticas de prevención en violencia de género de Unión por Córdoba muestran nuevamente su insuficiencia, mientras niegan la ley de Emergencia en género.
Viernes 29 de diciembre de 2017 10:58
Este año hubo 26 femicidios en Córdoba, superando la cantidad de años anteriores. Mientras el nivel de denuncias por violencia machista no cesa, las medidas que lleva adelante el gobierno de Schiaretti muestran nuevamente su insuficiencia y su clara responsabilidad frente a este flagelo.
Según información entregada por el gobierno en la legislatura provincial a través de un informe, se puede conocer que, de las 35.000 mujeres que solicitaron asistencia económica (subsidio, alquiler, obra social, ayuda económica) para atravesar una situación de violencia, sólo 3.500 accedieron a las mismas.
Luego de la primera marcha por Ni Una Menos, muchas mujeres se animaron a realizar denuncias por violencia machista, lo que mostró que esas situaciones son una norma en nuestras vidas.
Fue Alejandra Vigo, actual diputada de Unión por Córdoba –que estrenó su banca votando el robo a los jubilados– la que definió a la violencia de género como la mayor preocupación de la gestión de su gobierno. Durante los últimos dos años fue la encargada de cubrir el flanco inclusivo del gobierno de Schiaretti, anunciando cada tanto medidas insuficientes, sin responder a la situación acuciante de femicidios en la provincia con números que no se reducen.
Hasta ahora es evidente que las medidas implementadas por decreto y sin discutirlas con las organizaciones realmente interesadas en luchar contra la violencia, sin el presupuesto acorde no demuestran que este gobierno quiera realmente erradicar la violencia contra las mujeres, ni tampoco prevenirla.
Entonces la consigna de que “El estado y los gobiernos son responsables” se hace concreta, porque es claro que sus políticas maquilladas no han permitido en todo este tiempo detener los altos niveles de la violencia machista que sigue cobrándose la vida de las mujeres y va en aumento: una mujer cada 18 horas es asesinada en nuestro país, y ello ocurre sobre todo de los sectores populares y de familias trabajadoras que cuentan con menos recursos materiales para salir de dicha situación.
La emergencia de la violencia en las localidades: Las cifras de la violencia
En noviembre, el área de Violencia Familiar presentó un informe elaborado por la Sub Área de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica del Área ATIC del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Los datos indican que entre septiembre del 2016 a agosto del 2017 hubo 45.400 denuncias de violencia familiar. El 76 % de las denuncias fueron realizadas por mujeres y el 75 % de los denunciados fueron hombres. El 70 % de las denunciantes convivía con el agresor.
Río Cuarto, que hoy se moviliza conmocionada por el femicidio de Susana Duarte, es la localidad del interior provincial donde hubo más hechos de este tipo. También tiene la cantidad de denuncias por violencia familiar más alta: 4.247 ingresadas en un año. La siguen las localidades de Cosquín, Villa María, Carlos Paz y Jesús María.
En Villa María, los concejales declararon en abril la emergencia de género. En los siete meses anteriores, entre las localidades de Villa María y Villa Nueva se habían producido seis femicidios.
En el informe se consignan distintos apartados que aumentan la gravedad del hecho denunciado. Los casos en los que hubo uso de armas fueron 8.202, representando 40,59 % de las denuncias. En 17.091 casos, un 84,57 %, se había producido la separación de la pareja. Y 1.629 de las mujeres denunciantes, un 8,06 % estaban embarazadas en el momento del hecho denunciado.
De conjunto, 20.209 fueron las denuncias que fueron señaladas como más graves y requirieron atención inmediata. Esto representa un porcentaje muy elevado, casi el 69 % del total de denuncias receptadas.
Dime cuanto destinas y te diré si buscas erradicar la violencia contra las mujeres
Laura Vilches, legisladora provincial por el PTS-FIT, habló con la Izquierda Diario y su primer planteo remarca que “la violencia hacia las mujeres es un crimen que emana de la negligencia del Gobierno. El 50% de la población está sometida por la falta de presupuesto para las políticas públicas que desprecian a las mujeres de nuestra Provincia”.
Las políticas públicas y los proyectos que se imparten del gobierno son papel mojado si no se acompañan con un presupuesto acorde. A nivel nacional se destina 8 pesos por mujer para erradicar la violencia, una moneda en tiempos de ajuste. Es por eso que Vilches considera que “en Córdoba tenemos que decir que muchas mujeres que necesitan asistencia económica no la obtienen, sólo el 10 % de ellas recibe los $ 3.500 de ayuda económica, que lejos de significar un “nuevo rumbo” como dice el slogan oficial, implican mantener a las mujeres en situación de precariedad cuando la canasta básica familiar ronda los $ 24.000. Lo mismo cabe para la ayuda de alquiler, o la insuficiente posibilidad de atención profesional a esas víctimas que radica en la precarización laboral así como la escasez de recursos a disposición (no hay más que dos refugios en toda la provincia!) con la que cuentan las trabajadoras del Polo Integral para la Mujer en situación de Violencia”.
Solo quince días antes de la masiva movilización del #NiUnaMenos el gobierno provincial este año se dio el lujo de rechazar en la Comisión de Equidad y Lucha contra la violencia de Género la declaración de la emergencia contra la violencia hacia las mujeres presentada como un plan de medidas mínimas y elementales para asistir a las mujeres víctimas de la violencia machista.
El fundamento para el rechazo de la declaración de emergencia en toda la provincia no tiene sustento sólido y la violencia continua siendo cotidiana y sigue cobrándose la decenas de víctimas en nuestra provincia. Los dos proyectos de emergencia contra la violencia hacia las mujeres fueron presentados por las legisladoras Laura Vilches (PTS-FIT) y Liliana Montero (Córdoba Podemos) en el año 2015.
El proyecto presentado desde la banca por el PTS-FIT, prevé regímenes de asignaciones a las mujeres en situación de violencia, acceso a subsidios, viviendas, licencias laborales y estudiantiles, observatorio de género mesa de seguimiento, entre otras políticas públicas.
