Dolores. Fernando Báez Sosa: condenaron a los ocho jóvenes que lo mataron

Finalmente, tras varias semanas de debate oral y público (esto último a medias, ya que gran parte de las audiencias no fueron transmitidas), el Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores dio a conocer la sentencia contra los ocho acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell.

La jueza María Claudia Castro y sus pares Christian Rabaia y Emiliano Lázzari decidieron por unanimidad condenar a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi a la pena de prisión perpetua por considerarlos “coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía” y “lesiones leves”. En tanto que a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi los condenaron a la pena de quince años de prisión por considerarlos “partícipes secundarios”.

A su vez el Tribunal rechazó el pedido de nulidad del juicio que había presentado la defensa de los acusados.

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Un caso testigo en muchos aspectos

Tal vez por haberse desarrollado en verano (cuando “no pasa nada”) y seguramente por la legítima indignación que produjo el asesinato de Fernando, el juicio atrajo las miradas de millones de personas. Los nombres de los ocho acusados, de parte de sus familiares, de Silvino Báez y Graciela Sosa, del abogado Hugo Tomei y de otros protagonistas de este proceso pasaron a ser parte de las conversaciones cotidianas en los lugares de trabajo, en las casas y en los barrios.

De allí que esta segunda semana de febrero en Argentina haya arrancado fuera de lo común. Cámaras y micrófonos por doquier, cronistas enviados especiales a Dolores (incluso desde Paraguay), programaciones de radio y televisión fuera de rutina y una “histeria” periodística por obtener “exclusivas” minuto a minuto. Una verdadera “cadena nacional” sin discursos oficiales ni anuncios económicos o políticos.

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Sin dudas uno de los nombres más mencionados es el del mediático y farandulero Fernando Burlando, a cargo junto a sus socios del patrocinio legal de la familia de la víctima. Ésa, probablemente, sea una de las mayores curiosidades del caso. Merece un análisis en sí mismo (para otro momento, claro) cómo un estudio jurídico cuyos abogados vieron crecer su “prestigio” (y sus arcas) a base de defender a policías asesinos (como en el caso de José Luis Cabezas), ricos en problemas (como a Juan Darthés por abusar de Telma Fardin) y mafiosos de toda índole fue convertido en poco menos que la encarnación del bien y la justicia por parte de los voceros mediáticos (sin grieta) que propalan sus ideas.

Ideas propias de la cosmovisión burguesa, donde las causas sociales de crímenes como éste se esconden tras bambalinas en tanto que sus consecuencias se acotan a nombres y apellidos individuales, que se exprimen hasta el hartazgo para convertirlos en “noticia”.

Burlando en breve comenzará su campaña electoral en la provincia de Buenos Aires, encabezando la lista de un partido que él mismo creó hace poco tiempo. Habrá que ver cuánto podrá capitalizar de todo lo expuesto y vociferado en estos meses alrededor del caso de Fernando Báez Sosa.

Como reflexionó Octavio Crivaro en La Izquierda Diario , en el caso Báez Sosa gran parte de los “formadores de opinión” combinaron sin pudor el justo repudio ante el crimen con “una argamasa que mezcla punitivismo, banalización de la brutalidad carcelaria, valorización de la cultura de la tortura y de la violación” en una duerte de “Ley del Talión con anfetaminas, donde a un crimen odioso le corresponde una condena mucho peor, los tormentos, los abusos sexuales y, para algunos, también la muerte”.

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Una vez más se afirma, desde una visión marxista y socialista, que el Código Penal no es más que la traducción articulada de aquello que para las minorías poderosas y dominantes es “delito”. Más allá de este caso (donde los acusados tendrían un poco más de “poder” que su víctima), es un dato objetivo que las cárceles están superpobladas de personas pobres, que pasan años encerradas sin siquiera tener condena y que casi la totalidad están encerradas por delitos penados por leyes que privilegian, siempre, la propiedad privada a la vida humana.

De allí que tomar al Código Penal y a las sentencias dictadas por castas judiciales alejadas de la población como expresión de “justicia”, donde las penas servirían como “reparación” para las víctimas y “castigo ejemplificador” para los victimarios, es un flaco favor al sistema social que provoca, garantiza y reproduce la gran mayoría de los crímenes que pueblan las secciones “policiales” de las empresas periodísticas.

Como afirma Crivaro, nuevamente se ha tomado un caso de extrema sensibilidad popular que generó un repudio e indignación como pocas veces se vio, para “colar” una campaña hiperpunitivista junto a “un lavaje generalizado de protagonistas cuestionados y una banalización de instituciones atroces y personajes desagradables, que también se chupan los dedos luego de su accionar sistemático de impunidad estatal”.