Distintas personas del mundo político se han pronunciado, demostrando disconformidad con el contrato del cantante. Pues acusan a los organizadores de no seguir el lineamiento del gobierno y de los distintos entes del estado, los cuales se encuentran enfocados y ensimismados en una supuesta lucha contra el crimen organizado y ahora en contra de la narco cultura.
Jueves 18 de enero
Dentro de ellos se encuentra el diputado Álvaro Carter, quien realizó un requerimiento en contraloría, para que TVN esclarezca los detalles de la contratación de Peso Pluma en el Festival, en el oficio levantado señala una preocupación por el daño que pueda provocar su presentación en la promoción del narco cultura en nuestra sociedad.
También el concejal René Lues (DC) solicitó a la municipalidad de Viña del Mar revisar los términos del contrato con el reguetonero, por el mismo motivo que el diputado ex UDI, a su vez, Alberto Mayol, sociólogo y ex candidato presidencial realizó una columna de opinión donde también acusa a peso pluma de referente de la narco cultura.
La derecha y el oficialismo se han referido al tema, puesto que Carolina Tohá, ministra del Interior y Seguridad Pública, Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista y Daniel Núñez (PC), han rechazado rotundamente la participación del mexicano en Viña del Mar.
Este escándalo desproporcionado demuestra el lineamiento que mantiene el mundo político por mantener a la sociedad en su conjunto subsumida a una supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado.
La casta política emplea este supuesto interés en proliferación de la criminalidad para levantar políticas que fortalezcan las fuerzas del orden y les permita impulsar su agenda represiva, enfocándose en una perspectiva completamente punitivista y de castigo, alejándose de la perspectiva de la reinserción.
Si existiera de verdad interés en combatir con el problema relacionado al actuar criminal de los sujetos partirían por la base de que el delito y la delincuencia son fenómenos que encuentran un origen socioeconómico.
Existen índices que demuestran que existe una correlación directa entre el actuar criminal y las condiciones socio-material de los sujetos, entre ellos se encuentran componentes como la precariedad, bajos salarios, desempleo, hacinamiento, violencia intrafamiliar, falta de sanidad física y mental, entre otros, son los promotores para que aparezca el fenómeno delictivo.
Dentro del mundo político existe una distinción arbitraria en los delitos. Podemos encontrar a los delitos de cuello y corbata, de fraude a entidades gubernamentales, corrupción, delitos contra el medio ambiente y en contra de los DDHH y los delitos asociados a la pobreza, como el tráfico de drogas, hurtos, robos y comercio ambulante.
Los primeros delitos en comparación a los segundos, no poseen tanto interés mediático y político y no pareciera que se les repudia con la misma intensidad en que que recriminan los delitos asociados a las esferas más bajas de las clases sociales.
Sumado a esto, la casta política busca que el ojo público se encuentra subsumido en la lucha contra el narcotráfico y los portonazos, para que así, la población en general desvíe la atención de los verdaderos problemas que los aquejan día a día, y en donde el mundo político y empresarial poseen completa responsabilidad.
El querer implementar este tipo de censura no asegura solucionar la problemática de la delincuencia, pues se mueve en una ambigüedad en donde no existen parámetros establecidos para poder decidir qué géneros musicales permitir y cuáles no.
La violencia que sufre día a día la población no se combate cancelando cantantes y sacando columnas tendenciosas llenas de clasismo y pedantería, sino atacando los pilares estructurales que perpetúan el funcionamiento del modelo de hambre y miseria que ofrece el capitalismo.
Se ha demostrado que medidas diferentes a la guerra contra el narcotráfico han generado mejores resultados para reducir esta problemática.
Una de ellas es la legalización de las drogas, trasladando el problema de las drogas desde una perspectiva jurídica y punitivismo, hacia un problema de salud pública. Así, redirigiendo los fondos invertidos en la persecución del tráfico, hacia entidades que busquen combatir con la adicción y los problemas de salud mental, física, social y material, que permiten el correcto desenvolvimiento de los seres humanos.
