Pasaron 12 años desde la sanción de la ley 26.150 que nació producto de la lucha de años de las docentes a partir de los Encuentros Nacionales de Mujeres. ¿Cuál es su estado de situación, en qué se relaciona con el ataque a los IFD de CABA? y cómo pelear por su implementación.
Natalia Sposato @Consejera Directiva del Joaquín V. González/Agrup. 9 de Abril
Martes 20 de febrero de 2018 10:00
Doce años después.
“Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.” Así sanciona el primer artículo de la ley, pero rápidamente las limitaciones con las que chocó el intento de su implementación salen a la vista. Gracias a estudios y encuestas de ONG’s o sindicatos que arrojan algunos datos sobre la situación del desarrollo del programa de Educación Sexual Integral en las aulas, y pese a la falta de información por parte de organismos gubernamentales.
En relación a esos datos, un 86% de los estudiantes aprendieron sobre sexualidad sólo desde un aspecto biológico: aparato reproductor, prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Tampoco se avanzó en la aplicación de los contenidos de forma transversal en las diferentes áreas, quedando estas reducidas a talleres aparte, o a materias como Biología. Tomando en cuenta esto, se expresa la falta de aplicación en los hechos desde una perspectiva de género y no biologicista como dice la ley.
El problema no se reduce a la falta de aplicación de la ley desde una perspectiva no biologicista, sino que también lleva a reflexionar sobre la necesidad de la implementación en todos los niveles educativos incluyendo la universidad, y desde una perspectiva de género y diversidad sexual. Pese a que el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género fueron promulgadas luego de sancionada la ESI, estos contenidos no son parte ni siquiera de la ley. Los hechos recientemente ocurridos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en la cátedra I de “Medicina Legal” en la cual se proyectaron diapositivas que decían que “la homosexualidad es un delito” ponen sobre el tapete la inminente necesidad de repudiar estos hechos y abrir el debate sobre los límites de la ESI en cuanto a diversidad sexual.
Otra muestra de la escaza importancia que tanto el gobierno anterior como el actual le dieron a la efectiva implementación de la ESI es la cantidad de horas cátedra dedicadas a abordar la temática, siendo en promedio 2 hs por año (63% de los casos). Por otro lado, lo que adquiere un carácter alarmante es la drástica falta de capacitación a los docentes, que terminan siendo las y los responsables de hablar sobre temas de sexualidad con las pocas o nulas herramientas que brinda el Estado. Sólo un 22% a nivel nacional recibieron algún tipo de capacitación (presencial o virtual) que por las disposiciones de la ley quedan libreadas a la voluntad y “convicción” de los Estados provinciales y las instituciones educativas.
La falta de recursos destinada a la formación de los docentes junto el vaciamiento de los programas de salud sexual y reproductiva, se desprenden de un módico presupuesto reducido a 12 millones de pesos, y una pequeña planta de trabajadores de 17 personas, con la enorme tarea de desarrollar la implementación de las currículas para todo el país.
Proyecto de universidad sin ESI.
No sorprende que para Cambiemos no esté en agenda el problema de la ESI. Venimos de un año en el cual el centro de sus ataques fueron los docentes y su formación, con el anuncio del cierre de los 29 profesorados de la CABA.
Por medio de la “UniCABA”, por lo que dice el escueto proyecto de ley presentado, el gobierno busca intervenir políticamente los terciarios y controlar posibles “conflictos”. Sin embargo, nada dice del futuro de los planes de estudio ni tampoco que pasaría con la formación docente alrededor de la educación sexual. La incertidumbre aumenta si se tiene en cuenta que en la ley 26.150 los niveles que son alcanzados para la ESI, solamente llegan hasta el nivel terciario, el universitario, queda excluído. Tampoco menciona la continuidad de las cátedras ESI, o la necesidad de incrementar el presupuesto para su efectiva implementación.
Hoy en día la formación para los futuros docentes (no contemplada dentro de la ley) está en manos de los docentes que muchas veces realizan de forma ad honorem talleres, pero sin ser reconocidos ni siquiera como trabajadores de la educación por parte del Gobierno de la Ciudad. Como sucede en el Joaquín V. González.
8M: secundarios, terciarios y docentes por la libertad de decidir.
Desde Pan y Rosas y la 9 de Abril en la Juventud del PTS queremos tirar abajo todos los planes del gobierno, en torno a despidos y precarización y para conseguir la efectiva libertad de decisión en materia de género y sexualidad. Pero sabemos que esto no puede quedar solamente supeditado a la sanción de un par de leyes, como queda demostrado a partir de los datos que arroja la realidad sobre la ESI. Por eso queremos poner en movimiento la enorme fuerza que le generó una fuerte crisis política al gobierno por atacar a las y los jubilados.
Es necesaria la permanente organización en cada profesorado para sacar hacia afuera el conflicto de los 29 IFD y tender a la unidad con otras luchas, como están haciendo ahora mismo las enfermeras del Hospital Posadas en defensa de la salud. De esa forma estamos en mejores condiciones para conseguir educación sexual en todos los colegios, anticonceptivos libres y el aborto legal seguro y gratuito.
Los centros de estudiantes son nuestra herramienta de organización, aunque las conducciones de los mismos hagan todo lo posible para que nadie se dé cuenta. Por eso exigimos que pongan esa herramienta al servicio de que seamos decenas de miles, estudiantes de todos los niveles, docentes y no docentes, el próximo 8 de marzo los que le exijamos al Estado y a todos los gobiernos la efectiva implementación de la ESI desde una perspectiva de género sin injerencia de la Iglesia.
