Luego del triunfo de Schiaretti, en el Gobierno se discuten medidas de ajuste ante el impacto de la crisis. Los perjudicados serán los mismos de siempre: trabajadores, jubilados y estudiantes.
Viernes 31 de mayo de 2019 23:21
Aunque el gobernador de Córdoba intente mostrar que la situación financiera de la provincia tiene una relativa estabilidad, las alarmas empiezan a sonar ante la merma en la recaudación y en el ahorro corriente. Schiaretti necesita hacer ajustes para afrontar los futuros compromisos de deuda provincial.
Los números de abril muestran que la recaudación total tuvo un crecimiento nominal del 43,1 % respecto al mismo mes del año 2018. Si se tiene en cuenta la inflación estimada para ese mes por el Índice de Precios al Consumidor de la Provincia de Córdoba, la caída en términos reales fue del 7 %. Los ingresos totales de Córdoba vienen descendiendo ininterrumpidamente desde julio del año pasado (en agosto subieron solo 0,1 %).
Pero el dato más preocupante para el Panal es la caída en la recaudación propia (en base a los impuestos y tasas provinciales), que en abril descendió un 13,2 % en términos reales con respecto a abril del 2018 y acumula números negativos desde hace un año.
Según un informe del Ministerio de Finanzas, los Ingresos Brutos representaron en abril el 63.2 % del total de recursos de origen provincial y cayeron un 15,8 % interanual, debido “al contexto macroeconómico adverso y al cumplimiento de las bajas de alícuotas previstas en el Consenso Fiscal”. La recaudación por Impuesto al sello bajó un 18,7 %, “producto del menor número de operaciones asociadas al nivel de actividad, como son la compra/venta de inmuebles o uso de tarjetas de crédito”. Finalmente, los ingresos por Impuestos Patrimoniales bajaron solo un 0,3 % en términos reales por cambios en el esquema de vencimientos. Por el lado de los recursos de origen nacional, hay un leve incremento del 0,2 % interanual, debido principalmente a modificaciones en el esquema de vencimientos de Bienes Personales y Ganancias. En términos reales, el parate en la actividad económica se siente en las finanzas de Córdoba.
Ahorro corriente en pesos para el pago de deuda en dólares
Como resultado de este descenso en la recaudación, también disminuye el superávit corriente. En el primer trimestre del 2018, el ahorro corriente fue del 35 % de los ingresos y en el mismo período de 2019 es el 22 % de los ingresos. El dato cobra importancia si se tiene en cuenta que, entre 2020 y 2023, Córdoba tiene que pagar 711 millones de dólares por intereses y 1.530 millones de dólares en capital de deuda: a eso estará destinado lo que se “ahorre” en estos años. De hecho, el único ítem que en el primer trimestre se cumplió en su totalidad es el pago de $ 339 millones en intereses de la deuda, que creció un 707 % en un año por la devaluación.
Con este panorama, en el Gobierno ya están discutiendo qué “gastos” ajustar, seguramente después de las elecciones nacionales.
Como para ir preparando el terreno, los principales medios de comunicación empiezan a machacar con la cantilena habitual en estas situaciones. “Uno de los mayores problemas es que los salarios, principal gasto corriente, están atados a la inflación hasta septiembre”, decía La Voz del Interior el martes 21 de mayo. El año pasado, la cláusula gatillo para docentes y estatales se cumplió hasta que la recaudación empezó a bajar, por lo cual los salarios perdieron cerca del 15 % del poder adquisitivo. Pero esos datos parecen no importar a los editorialistas.
Otro “gasto” extra que tiene Córdoba este año son los subsidios a la tarifa social de la electricidad y al transporte, que fueron traspasados de Nación a las provincias como consecuencia del Consenso Fiscal.
En el caso de la energía eléctrica, la Provincia mantiene subsidios a 180 mil beneficiarios, pero recortó sustancialmente la cantidad de kilovatios gratis para consumir. A los 160 mil usuarios que subsidiaba la Nación les mantuvo el 50 % hasta marzo.
En cuanto al transporte, el Estado provincial subsidia por $ 2.000 millones a las empresas del sistema urbano, metropolitano e interurbano y destina $ 1.200 millones para los boletos educativo, del adulto mayor, social y obrero. Al parecer, algunas voces se levantan en el gabinete contra la “universalidad” de estos boletos.
Traduciendo estos números al lenguaje llano, las posibles vías de “ahorro” implicarán un golpe al bolsillo de los trabajadores y sus familias. Como todas las fuentes de “ahorro” para el Gobierno están en pesos y los compromisos de deuda en dólares, tiene que asegurarse no solo el máximo ajuste sino usar todas las cajas disponibles.
Por eso, otras áreas donde el gobierno piensa realizar ajustes son EPEC y la Caja de Jubilaciones. La Empresa Provincial de Energía está bajo ajuste desde hace un año, con el recorte de derechos de los trabajadores como licencias, horas extra y la tercerización de algunas áreas. Parte del “ahorro” -como no podría ser de otro modo- es por la deuda tomada en dólares por el gobierno para construir la Central Pilar, aunque el objetivo de fondo es disciplinar a uno de los gremios más poderosos de la provincia.
Por último, el déficit de la Caja de Jubilaciones por ahora sigue siendo financiado en parte por la Nación, pero si se discute una nueva reforma previsional podría haber más recortes a los jubilados y pensionados provinciales, como han hecho varias veces los gobiernos de De la Sota y Schiaretti. Hay que señalar que la situación de la Caja de Jubilaciones se debe principalmente a las sucesivas tercerizaciones que se realizaron en distintas áreas, como personal de limpieza y cocina de las escuelas y dependencias estatales, y a la gran cantidad de contratados y monotributistas que trabajan en el Estado.
Que la crisis la pague los que la generaron
Como dijimos antes, los medios de comunicación discuten con punto y coma cuánto cobran los trabajadores estatales, calculan cuántos colectivos debería poder pagar un jubilado que cobra la mínima o cuántos kilovatios tendría que consumir una familia para “merecer” un subsidio.
Lo que no entra nunca en la discusión son las ganancias millonarias que obtienen las empresas ni los beneficios que se les otorga vía exenciones impositivas, subsidios en los servicios o directamente pagando parte del sueldo de los trabajadores. Es claro que para Schiaretti, como para Macri, el “ahorro” (ajuste) para pagar la deuda lo vamos a hacer trabajadores, jubilados y sectores populares.
Un caso paradigmático es el del transporte. Este viernes, la Municipalidad autorizó llevar el boleto urbano a $ 28, un aumento del 18,14 %. Se hará por decreto, ya que una ordenanza aprobada en noviembre (cuando el boleto subió un 37,6 %) autoriza al intendente a “adecuar las tarifas” si se verifican variaciones en salarios, combustibles y subsidios. En los 7 años de la gestión municipal de Ramón Mestre, el boleto aumentó 848 %, el doble que la inflación. El transporte interurbano, regulado por la Provincia, no se queda atrás y ya aumentó 50 % en lo que va del 2019, con una inflación acumulada de 15 %. Nadie sabe a ciencia cierta cuánto ganan los empresarios ni a qué destinan los subsidios.
Para completar el panorama, el SMATA acaba de arreglar con Renault un esquema de suspensiones, reducción de la jornada laboral y bajas de salario al 70 %, como condición para que no haya despidos. El cuento es conocido por los miles de trabajadores de las fábricas automotrices de Córdoba y del resto del país: ningún acuerdo de este tipo, por más beneficioso que sea para las empresas, frenó los despidos, los planes de retiro voluntario ni la continuidad de la precarización laboral con contratos basura.
La única salida a la crisis que atraviesa el país bajo el virreinato de Christine Lagarde y que se empieza a sentir en las provincias tiene que venir de los trabajadores que la sufren todos los días. El Frente de Izquierda propone estatizar todos los servicios públicos y el transporte, eliminando las ganancias de las empresas. Esto se tiene que hacer bajo control de trabajadores y usuarios para brindar un servicio de calidad y a bajo costo. Asimismo, se deben abrir los libros de contabilidad de las empresas para saber adónde va la plata de los subsidios y poner la producción bajo control de los trabajadores en aquellas que decidan cerrar.
