El ministro de Justicia defendió el resolución que pretende legalizar la pena de muerte sumaria. Afirmó que no viola los derechos humanos y que “sigue las resoluciones de las Naciones Unidas.”
Miércoles 5 de diciembre de 2018 08:00
En el marco de la presentación del proyecto Justicia 2020 junto a Macri, Garavano brindó una entrevista a La Nación donde defendió el proyecto de resolución que impulsó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que pretende institucionalizar la “doctrina Chocobar”, es decir, que los agentes policiales disparen a matar, sin tener que preocuparse por ser juzgados.
La respuesta rápida del ministro, respondió no sólo al gran repudio que suscitó en un amplio abanico de organizaciones sociales y de derechos humanos, sino también al “fuego amigo” de Elisa Carrió que expresó su rechazo de forma contundente al proyecto afirmando que “no se puede volver al fascismo”.
Durante la entrevista, además, Garavano negó que el gobierno esté impulsando la “mano dura”, aunque admitió que ahora “hay más mano dura que en los últimos diez años”. Claro, no puede negar la realidad: en lo que va de la gestión macrista, la policía asesinó una persona cada 23 horas. Habría que aclarar, de todas formas, que durante las gestiones kirchneristas, la policía asesinaba una persona cada 28 horas. De hecho, las muertes a mano de fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia en 1983 a hoy, arroja la escalofriante cifra de 5.462 personas.
En resumen, la “mano dura” siempre fue una cuestión de Estado y siempre estuvo dirigida contra los mismo: jóvenes de las barriadas obreras y populares, como forma de adoctrinamiento y control social.
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Garavano, para darle algún sentido a su apoyo a la doctrina Chocobar, afirma que pretende la “mano justa”. Sin dar muchas más explicaciones sobre cual sería el número “justo” de personas muertas por bala policial, el ministro niega que esta política busca controlar a la juventud pobre, más en momentos de ajuste brutal y creciente tasa de desocupación. El ajuste pasa con represión, como correctamente se ha afirmado en numerosas ocasiones.
Para continuar con la defensa del nuevo protocolo, Garavano afirma que “sobre 100 delitos que se cometían , sólo uno tenía castigo”. Como ministro de Justicia, debería saber que en Argentina el 60% de la población carcelaria ni siquiera tiene condena. Quien entre en el sistema penitenciario puede estar años sin siquiera ser juzgado.
El proyecto de Bullrich hoy sufrió un revés importante cuando un juez frenó su resolución dándole lugar al pedido que hicieran Myriam Bregman, María del Carmen Verdú y Carla Lacorte y declaró inconstitucional el proyecto y afirmó que no se podrá aplicar a la Ciudad de Buenos Aires.
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Es seguro que el gobierno insistirá en la aplicación del proyecto. Será necesaria la más amplia movilización de organismos de Derechos Humanos, sindicatos, partidos y el pueblo trabajador para frenar esta política y que no haya más muertos a mano de las fuerzas estatales de seguridad.
