Ligado al Opus Dei, el decano de la Universidad Austral desarrolló su carrera académica militando contra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Además, es el abogado de las empresas extractivistas que explotan nuestros bienes naturales. El candidato de Milei para ocupar una silla en la Corte Suprema alineado con su plan político e ideología.
Miércoles 20 de marzo 20:14
El Gobierno de Javier Milei nominó este miércoles al abogado Manuel García-Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, una institución ligada al Opus Dei, a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. En su comunicación, explica que esta postulación se realiza como reemplazo del juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, quién cumplirá 75 años el próximo 29 de diciembre, y por lo tanto quedaría su silla vacante. Además, puso de candidato al juez federal Ariel Lijo, en reemplazo de la vacante dejada por Elena Highton de Nolasco desde 2022.
En común con la posición que tiene Javier Milei, García-Mansilla está en contra del aborto legal. La elección presidencial se debe a criterios políticos e ideológicos: García Mansilla es un académico antiderechos, y un abogado de carrera defensor de empresas extractivistas.
García Mansilla expuso en julio del 2018 en contra del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el debate en el Congreso. "El derecho a la vida desde la concepción está reconocido en normas de máxima jerarquía en nuestro país, el aborto, en cambio, es un delito que tiene algunas causales de no punibilidad previstas en el Código Penal", dijo en aquel momento.
No solo estuvo en contra del derecho a la IVE, sino que también está en contra de los casos de aborto no punible. El actual decano de la Austral tiene una trabajo titulado "Las arbitrariedades del caso F.A.L.", en la que criticaba el fallo mediante el cual la Corte Suprema de Justicia resolvió en 2012 que no eran punibles los abortos en el caso de que los embarazos fueran producto de una violación.
Abogado de empresas extractivistas
Su especialización en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario, junto a su trayectoria en la negociación de contratos de hidrocarburos, le obtuvieron el puesto de director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph) desde 2014.
Entre otros casos, asesoró la negociación y obtención de la extensión por 10 años de una concesión de explotación de hidrocarburos y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en la provincia de Salta. También fue integrante del equipo a cargo de la negociación, redacción de documentos y obtención de la extensión de 20 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz.
Además, entre 1997 y 2005 trabajó en el departamento de derecho público del estudio Marval, O’Farrell & Mairal y pasó también por el estudio Liendo & Castiñeyras Abogados, de Horacio Liendo, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem, mano derecha del exministro de Economía Domingo Cavallo durante la convertibilidad, e hijo del titular del Ministerio de Trabajo (1976-1979) y del Ministerio del Interior (1981) durante la última dictadura cívico militar.
La candidatura de García Mansilla a ocupar una futura vacante en la Corte Suprema de la Nación es una confirmación de su rumbo contra los derechos de las mujeres y diversidades, pero también contra las grandes mayorías populares del país, la defensa del extractivismo de los bienes naturales y la negación del daño socio-ambiental que deja a su paso.
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Además, son una nueva confirmación de las mentiras de su discurso en campaña: no enfrenta a la “casta política”, sino a las y los trabajadores. Los puestos de por vida de los jueces supremos, con sueldos millonarios, que no son elegidos por el voto popular, son la máxima expresión de un Poder Judicial profundamente antidemocrático y privilegiado. Milei protege la casta judicial, como lo hicieron gobiernos anteriores, sin cuestionar los privilegios que mantiene. Mientras lo hace, anuncia decenas de miles de despidos de empleados públicos, precarios, y aplasta a las paritarias de todos los gremios para que sean los trabajadores los que paguen su ajuste.
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