Lejos de las ilusiones de que la detención de Keiko Fujimori es el inicio de un proceso de "limpieza" de la corrupción, en realidad, es el inicio de una operación política para "salvar" el maltrecho régimen político peruano.
Domingo 4 de noviembre de 2018 10:08
Juez Concepción Carhuancho y el Fiscal José Domingo Pérez
Si bien es cierto que Keiko Fujimori encabeza una organización cuyo fin principal es aprovecharse de su quehacer político y de su poder para lograr beneficios económicos y que el fujimorismo desde su constitución como fuerza política hasta la actualidad ha representado lo más pérfido de la política nacional, tampoco podemos negar la politización del poder judicial peruano, el cual - a pesar de estar todavía influenciado en parte por el fujimorismo - viene jugando un papel importante en el proceso de restauración de la confianza en las instituciones del Estado lo cual hace parte de la estrategia de la burguesía nacional y extranjera para recuperar oxígeno y volver a la carga con sus políticas de ajuste contra el pueblo y los trabajadores.
Como señalamos anteriormente, el fujimorismo liderado hoy por Keiko Fujimori, ya no es el mejor aliado - como si lo fue durante la década del 90 - de la gran burguesía nacional y extranjera (fundamentalmente la norteamericana) ya que por sus prácticas mafiosas se ha convertido en un factor de desestabilización social que involuntariamente contribuye a poner en evidencia la descomposición del Estado el cual, como bien lo demostraron los audios emitidos por el Instituto de Defensa Legal IDL, se encuentra absolutamente subordinado a la voracidad de los capitalistas.
Es por esa razón que los poderes fácticos, valiéndose de un sector del poder judicial encabezado por el juez Concepción Carhuancho y el fiscal José Domingo Pérez, vienen implementando una estrategia político-judicial expresada en el encarcelamiento preventivo por 3 años de Keiko Fujimori, la cual está destinada a lavarle el rostro al poder judicial y a allanarle el camino al poder ejecutivo liderado por Martín Vizcarra a fin de recuperar la legitimidad del régimen político tan venido a menos últimamente. El objetivo es poner en práctica las reformas económicas y políticas que hoy necesitan los grandes empresarios para capear las consecuencias de la desaceleración económica, o dicho de otra manera, hacer que la crisis la termine pagando el pueblo pobre y los trabajadores.
Esta forma de proceder de las clases dominantes no obedece exclusivamente a la particularidad peruana ni es una novedad en el continente, sino más bien se viene convirtiendo, en los tiempos que corren, en el modus operandi de la política norteamericana hacia América Latina, la cual tiene como objetivo recuperar el espacio perdido durante los últimos años debido al ingreso de capitales, fundamentalmente chinos, restándoles hegemonía en lo que ellos consideraban históricamente como su patio trasero.
Para implementar estas iniciativas EEUU se vale de la lucha contra la corrupción y del descontento social que este hecho genera en la población para, de la mano del poder judicial, poner en práctica acciones judiciales que sacan del juego político a quienes ellos consideran que ya no les son rentables para materializar sus objetivos. El caso más emblemático de esta política lo representa hoy Brasil, donde el poder judicial valiéndose del juez Moro implementó un golpe institucional contra Dilma Rousseff y en las últimas elecciones presidenciales concretó un veto escandaloso contra el ex presidente Lula Da Silva lo cual terminó abonando la victoria del ultra conservador y pro yanqui Jair Bolsonaro, al cual por cierto, el juez Moro servirá como ministro de justicia en su nueva gestión.
Como bien lo decía Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su célebre novela El gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie". De eso trata precisamente la nueva política burguesa para la presente coyuntura nacional, de hacer creer a un pueblo hambriento de justicia que todo está cambiando, cuando en realidad lo que se hace con estas iniciativas judiciales, que vienen acompañadas de mucho circo mediático, es fortalecer el viejo orden de dominación de clase para evitar que los cambios de fondo puedan siquiera visualizarse. Es por esa razón que el poder judicial, ni el ejecutivo ni el parlamento merecen la más mínima confianza. No será de esas instancias de donde vendrán los grandes cambios que el pueblo y los trabajadores requieren.
