Repudiable. Genocida con prisión domiciliaria hizo una fiesta en su casa con Palito Ortega

Jorge Antonio Olivera festejó las bodas de oro (50 años de matrimonio) junto a su esposa, Marta Ravasi y una gran cantidad de familiares y amigos, con los cuales brindó a viva voz por “la libertad”.

Ese grito de libertad no fue un simple brindis. El festejante está condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, cometidos en centros clandestinos de la provincia de San Juan. Desde hace tres años goza, como tantos otros genocidas, del beneficio del arresto domiciliario.

Según la información vertida por la periodista Luciana Bertoia en Página 12, entre los más de 50 invitados, se encontraba Cecilia Pando, ferviente militante pro genocida, quien mostró en sus redes sociales la alegría del mega evento, del cual también participó, con un show musical, el exgobernador tucumano Ramón Palito Ortega. Otros de los invitados fue Gustavo Ramón de Marchi, ex teniente y miembro de la patota del Regimiento de Inteligencia de Montaña 22 y otro de los principales responsables de la represión en San Juan. Un compinche en las fugas junto a Olivera.

Un dato singular de la familia Olivera. Uno de los cinco hijos del matrimonio es Javier Olivera Ravasi, sacerdote del ala más conservadora y reaccionaria de la Iglesia Católica, conocido por sus fuertes vínculos con la vicepresidenta. Los últimos días fue noticia por pasearse con un rosario hecho de balas. Su nombre pisa fuerte para acompañar al posible embajador en el Vaticano, el empresario de la construcción Jorge O´Reilly. "¡Felices bodas de oro, queridos papá y mamá! 50 años, 5 hijos varones y una vida entregada a Cristo, la Patria y la familia. ¡Y gracias por enseñarme a vivir de pie!”, posteó el párroco durante el ágape.

Antaño los hombres se casaban por Iglesia, tenían los hijos que Dios les mandara y permanecían juntos hasta la muerte.
¡Felices bodas de oro, queridos papá y mamá!
50 años, 5 hijos varones y una vida entregada a Cristo, la Patria y la familia.
¡Y gracias enseñarme a vivir de pie! pic.twitter.com/vNlC8AArJt

— Padre Javier Olivera Ravasi (@PJavierOR) February 2, 2024

El “currículum” del dueño de la fiesta

Hijo de militar, Jorge Olivera siguió la carrera de su padre, egresando del Colegio Militar en 1971. Fue destinado primero a Junín de los Andes y luego trasladado, en 1975, a San Juan. Ya casado con Marta, tuvo su paso por el Operativo Independencia en Tucumán, prueba piloto de lo que vendría a manos de las fuerzas represivas.

Entre los años 1976 y 1977, el “Carnicero de San Juan”, apodo con el cual se lo conocería por su afición de cortar y poner "carne a la parrilla" (personas sobre las mesas de tortura, NdR), se desempeñó como jefe de inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22, lugar conocido como La Marquesita, centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante 1976 y 1983 .

Decenas de testimonios de sobrevivientes y familiares de desaparecidos señalan su participación activa en secuestros y torturas. Uno de los casos más resonantes fue el asesinato de la modelo franco- argentina Marie Anne Erize, compañera de militancia del sacerdote Carlos Mujica.

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Mientras gozaba de total impunidad y se unía al Movimiento de Dignidad Nacional, liderado por Aldo Rico, se recibió de abogado, participando de las defensas de personajes como Guillermo Suárez Mason, Emilio Massera y hasta el criminal nazi Erich Priebke.

En 2007, luego de la reapertura de los juicios de lesa humanidad, la Justicia Federal sanjuanina ordenó su captura, encontrándolo un año después caminando por Vicente López. Sin embargo, volvió a las andanzas escurridizas entre 2013 y 2017, luego de evadir su custodia durante un control médico en el Hospital Militar, ayudado por su esposa, quien se desempeñaba como psicóloga en el hospital.

Marta Ravasi no solo ayudó a su marido a fugarse de la Justicia cuantas veces pudo. Es una ferviente militante por la libertad de los represores. Fue una de las firmantes de la carta que Cecilia Pando le envió a la vicepresidenta para que cumpla sus promesas de campaña y libere a lo militares “injustamente detenidos”.

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Pese a sus antecedentes de fuga, el Poder Judicial, fiel a su complicidad de mantener la impunidad de estos criminales, le otorgó a Olivera la prisión domiciliaria. Los jueces Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi se la otorgaron en 2021 por su edad (más de 70 años) y por “cuestiones humanitarias”. Privilegios si los hay, mientras más del 50 % de la población carcelaria son jóvenes de las barriadas populares, sin condena firme.

Impunes

El último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), que recoge información desde 2006 –año en que se retoman los juicios luego de anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final- indica que son 1173 las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en 316 sentencias dictadas en todo el país desde 2006. De un total de 3744 personas bajo investigación, 1485 (el 40%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 674 (18%) están detenidas.

De los represores detenidos el 77 % está bajo arresto domiciliario. El 14% permanece en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales. Y casi un 9% está detenido en la unidad penal que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, que -por estar dentro de un predio con custodia castrense- la procuraduría no considera un lugar de detención penitenciario.

Después del trascendido de imágenes de la fiesta, los fiscales Dante Vega y Francisco Maldonado, de la Unidad de Asistencia a causas por violaciones a los Derechos Humanos de Mendoza y de la Fiscalía General de San Juan respectivamente- solicitaron medidas al Tribunal Oral Federal de esa provincia para determinar las circunstancias en que se llevó a cabo el festejo. En caso de que se verificase que la celebración se llevó a cabo en un domicilio diferente al declarado, ambos fiscales requirieron que se disponga la inmediata revocación de la prisión domiciliaria.

“El tiempo pasa y se lleva a nuestros compañeros y los genocidas mueren en la impunidad. Esta impunidad biológica que hemos denunciado desde un principio a la que evidentemente tendía el sistema político y judicial, se está haciendo efectiva. Hago un llamado a que pongamos el máximo de los esfuerzos para tratar de revertir esta situación lamentable”, afirmaba a este medio Carlos “Sueco” Lordkipanidse, sobreviviente de la dictadura, referente del Encuentro Militante Cachito Fukman y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

La exigencia de cárcel común y efectiva a los genocidas, junto a la apertura de los archivos de la dictadura cívico-militar-eclesiástica son banderas que no se negocian y se alzarán nuevamente este próximo 24 de marzo.

¡¡¡30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes!!!