Impunidad. Genocidas en prisión domiciliaria: de la excepción a la regla

La reunión en el penal de Ezeiza entre un grupo de diputados y diputadas oficialistas y una docena de genocidas, donde entre otras cosas ajustaron detalles sobre proyectos para liberarlos, sigue generando crisis en el espacio gobernante mientras que expone todos los días que la reivindicación al genocidio y sus perpetradores no es solo patrimonio de Victoria Villarruel. Es una política del gobierno de Javier Milei.

“Con que haya una persona que esté presa y detenida sin proceso y sin sentencia ya es una violación de un derecho humano básico y una violación de una norma constitucional” declaraba Guillermo Francos, jefe de Gabinete del gobierno nacional durante una extensa entrevista en Radio con Vos. Podría estar hablando de las decenas de miles de detenidos y detenidas que pasan sus días hacinados y en condiciones inhumanas en penales y comisarías por delitos menores que no fueron siquiera procesados; pero no.

Con los únicos detenidos que el gobierno tiene empatía es con aquellos poseen absolutamente todos los privilegios que puede otorgar el Poder Judicial y más; los detenidos por delitos de lesa humanidad: aquellos que robaron bebés, torturaron, violaron, secuestraron, desaparecieron y asesinaron. Delitos que no solo no prescriben sino que se continúan perpetrando mientras haya un solo desaparecido y un solo joven sin saber su identidad.

Francos no ahorró en lamentos y siguió: “Es una aberración absoluta tener militares que superan los 80 años, muchos de esos sin proceso, sin condena que se han pasado décadas presos sin tener una causa que lo justifique, eso también es la violación de un derecho humano (...). No podés tener una persona por el hecho de ser militar que esté detenida durante tantos tantos años sin tener una condena (...). Habiendo pasado tantos años, es increíble que todavía tengamos esta situación”

Aclaremos: no están presos por “ser militares”, sino por ser los peores criminales. Y si pasaron tantos años, deberíamos recordarle al jefe de Gabinete que en nuestro país hubo décadas de impunidad y recién en 2006 se empezó a juzgar a los responsables de la dictadura genocida luego de haber logrado anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Y que los procesos y juicios fragmentados duran años por las miles de maniobras de los defensores de los represores que llegan hasta la Corte Suprema para dilatar sentencias firmes. Además, siguen sin decir dónde están los desaparecidos ni dónde están los niños apropiados renovando así sus crímenes todos los días.

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A la postura de Franco, su sumó la ministra Patricia Bullrich que afirmó que “en el caso de los delitos de lesa humanidad, uno ve personas de 90 años con enfermedades terribles que están en la cárcel”, o “hay gente de más de 80 años que está enferma, débil y en la cárcel, que bien podría estar en otras condiciones de detención”. O las del inefable ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona que sostuvo que “esas personas merecen morirse en su casa, con una tobillera, de la mano de la esposa”.

Es alevosa la búsqueda de intentar crear un sentido común por el cual los asesinos, violadores, torturadores pasan a ser ”pobres viejitos” que deben pasar sus días en la casa y que tienen inhumanas condiciones de vida en sus lugares de detención y en su nombre arman proyectos y reclaman para ellos excarcelaciones o prisiones domiciliarias.

Beneficio, el de la domiciliaria, del que no gozan presos comunes (salvo contadas excepciones), que sí mueren enfermos y solos en las detestables cárceles. Los mismos que se lamentan por los genocidas, como Mariano Cúneo Libarona, Bullrich o Francos reclaman a viva voz la cárcel para niñes de 14 años que cometan algún delito. Para ellos no hay piedad ni contemplaciones.

Qué hay detrás de tanta espuma

La mayoría de los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad gozan de buena salud y de la comodidad de sus casas. Más precisamente, se trata del 80% de los detenidos. Así lo demuestra el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del 14 de agosto de este año, perteneciente al Ministerio Público Fiscal, oficina que coordina la actividad de las unidades fiscales que intervienen en estos procesos judiciales: hay 636 represores detenidos por crímenes de lesa humanidad: 508 en arresto domiciliario y 128 en instituciones penitenciarias.

En el informe se señaló que actualmente existen 391 personas procesadas y 482 imputadas, al tiempo que sobre 157 se dictó falta de mérito, 102 fueron sobreseídas y 76 esperan la resolución de su situación procesal tras haber sido indagadas. Números irrisorios si hablamos de la existencia de casi 800 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a lo largo del país durante la última dictadura cívico militar eclesiástica.

En este marco, continúan abiertas en etapa de instrucción 281 causas y otras 70 se encuentran a la espera del inicio del debate, mientras que en la actualidad se están llevando a cabo 13 juicios orales y públicos.

Por otro lado, la Procuraduría dejó a las claras cómo la prisión domiciliaria ya no es una excepción para convertirse en regla de impunidad: hay 1.484 personas en libertad mientras que 636 permanecen detenidas, de las cuales 508 cuentan con arresto domiciliario. Mientras tanto, apenas unas 78 permanecen en establecimientos penitenciarios y 56 en la Unidad N°34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en Campo de Mayo.

Lejos de la realidad de la inmensa mayoría de las personas privadas de su libertad que constantemente denuncian las condiciones inhumanas en que transitan su detención, más de la mitad de ellos sin condena firme (significa esto que a través de lo que se conoce como “espiral recursivo”: luego de las condenas, las defensas de los represores apelan y chicanean de manera de dilatar y demorar los tiempos judiciales hasta llegar a la Corte Suprema donde quedan muchas veces sin resolver. En ese camino muchos mueren, alguno sin siquiera una condena).

“¿Significa esto que están todos en una cárcel común y efectiva? No, muchos están en Campo de Mayo, la Unidad 34, cancha de tenis, aire acondicionado. Ningún trabajador de nuestro pueblo tiene acceso a todo eso. No llegan a fin de mes los laburantes de nuestro país...Le dan permiso para ir al Coto el día de oferta. Esas son las condiciones de detención en nuestro país”, denunció la abogada de derechos humanos y diputada nacional (MC) por el PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman en la audiencia realizada en la Cámara de Diputados junto a otros referentes como Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Guadalupe Godoy, entre otros para exigir que se avance en la investigación alrededor de la visita de diputados y diputadas a genocidas en el penal de Ezeiza. El Frente de Izquierda propone la creación de una Comisión Investigadora donde participen también los organismos de Derechos Humanos.

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Estas cifras no hacen más que demostrar lo que ya era evidente para los organismos y activistas por los derechos humanos, sobrevivientes, familiares que la prisión domiciliaria no es más que un eufemismo. Entre ellos se encuentran criminales de lesa humanidad que violan abiertamente sus domiciliarias para, por ejemplo, aprovechar las ofertas de las grandes cadenas de supermercado o tienen autorizadas salidas seis de los siete días de la semana. Otros, han pasado el límite de lo imaginable.

“Pobres viejitos”

Los casos que mencionaremos ilustran de qué calaña se trata cuando Villarruel, Bullrich y los reivindicadores de la dictadura se lamentan por los “pobres viejos” que pasan sus últimos días en prisión efectiva, que como ya dijimos, se trata de una ínfima minoría.

Antonio Olivera alias “el Carnicero” es un militar condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos durante la última dictadura en la provincia de San Juan y padre del cura Javier Olivera Ravasi, sacerdote del ala más conservadora y reaccionaria de la Iglesia Católica, conocido por sus fuertes vínculos con la vicepresidenta Villarruel y uno de los organizadores de la visita de los diputados y diputadas de LLA a Ezeiza.

Olivera padre fue condenado por crímenes cometidos en centros clandestinos de la provincia de San Juan en 2013, 2018 y 2023. Entre los años 1976 y 1977, el “Carnicero de San Juan”, apodo con el cual se lo conocería por su afición de poner "carne a la parrilla" (personas sobre las mesas de tortura, NdR), se desempeñó como jefe de inteligencia del Regimiento de Infantería de Montaña 22, lugar conocido como La Marquesita, centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante 1976 y 1983 .

Desde hace tres años disfruta del arresto domiciliario por “cuestiones humanitarias”.Sin embargo, goza de muy buena salud a la hora de festejar sus 50 años de matrimonio: en febrero de este año, “el Carnicero” Olivera organizó una mega fiesta con banda de música y Palito Ortega como animador. La militante del genonocidio Cecilia Pando estuvo entre el centenar de invitados.

Este criminal, que se fugó varias veces, la última del Hospital Militar y ahora vive de joda en su casa, fue encontrado culpable, entre otros hechos, del secuestro y desaparición de la modelo y militante de Montoneros Marie Anne Erize, en 1976. Sobrevivientes de la dictadura relataron que también se jactaba de haberla violado.

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En el histórico juicio sobre los crímenes cometidos en las brigadas de investigaciones de Quilmes, Banfield y San Justo donde se condenó a prisión perpetua a diez genocidas, que duró cuatro, pudo verse a la mayoría de los condenados bien acomodados frente a las computadoras en sus casas, escuchando los testimonios de los más de 600 víctimas que pasaron por aquellos centros clandestinos de la zona sur del Conurbano bonaerense.

Uno de ellos es Juan Miguel Wolk. Excomisario y jefe del centro clandestino conocido como Pozo de Banfield. Condenado a prisión perpetua en 2023 en el juicio Hogar de Belén (La Plata) y en 2024 en el juicio Brigadas , "el Alemán" o "el Nazi", fue sentenciado por apropiación de niños, privación ilegal de libertad y tormentos sufridos por más de 300 víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, estando implicado en casos emblemáticos como “La noche de lo lápices” entre otros.

En los años 80, "el Nazi" había sido condenado a 25 años de prisión pero escapó al cumplimiento de la pena gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Wolk estuvo prófugo de la justicia. Fraguó su muerte presentando un certificado de defunción y lo hizo llegar a la justicia. Marta Úngaro, referente de derechos humanos de La Plata y hermana de Horacio, uno de los jóvenes desaparecidos en septiembre de 1976, descubrió por su trabajo en la justicia electoral que figuraba como vivo. Desde 2016 goza del arresto domiciliario en su casa de Mar del Plata.

Otro que goza de las comunidades de su casa es Jorge Antonio Bergés. Médico de la Policía bonaerense. Fue oficial principal del servicio profesional de la policía provincial. Bergés fue condenado en diciembre de 1986 por la Cámara Federal a 6 años de prisión, un año después recibió el beneficio de la Ley de Obediencia Debida. En 1995 el juez federal Roberto Marquevich, ordenó su captura por fraguar actas de nacimientos de niños desaparecidos (pruebas tomadas de la denuncia originada en 1987 por Abuelas de Plaza de Mayo en el Juzgado de Morón).

El médico genocida fue condenado en 2004 junto Miguel Osvaldo Etchecolatz a 7 años de prisión por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en el Pozo de Banfield, hija de Aída Sanz y de Eduardo Gallo, ciudadanos uruguayos, que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos. Recibió 25 años de prisión en el juicio “circuito Camps” en el año 2012 por las torturas aplicadas a más de 150 compañeros y compañeras y su participación en decenas de partos y el posterior robo de niños y niñas. A la Cámara de Casación le llevó 8 años confirmar las condenas del juicio, en el año 2020.

Finalmente recibió la pena máxima en 2024 en el juicio Brigadas (La Plata). El valiente testimonio de Clara Petrakos brindado en dicho juicio, quien aún busca a su hermana nacida en cautiverio, dio cuenta del accionar criminal y planificado en cuanto al robo y apropiación de menores que llevaba adelante la dictadura y del que el médico policial era uno de los engranajes principales.

Otro de los genocidas que busca más privilegios es Juan Antonio Azic, torturador de la ESMA. No solo obtuvo la domiciliaria; ahora reclama ser excarcelado. Myriam Bregman expuso en el Congreso quién es este criminal: "Este señor, compañero de Astiz, como en la cama de tortura Carlos Lordkipanidse no le daba los datos que él quería. Fue a la sala contigua de la ESMA, le arrancó el bebé a la esposa por ese entonces de Carlos. El bebé tenía 20 días. Lo llevó frente a Carlos y le dijo, agarrándolo de los pies: “O hablas o le rompo la cabeza contra la pared”. Como Carlos no contestaba lo que ellos querían, lo puso sobre el cuerpo de él y comenzó a pasarle la picana. Estos son los genocidas que fueron a visitar. No alcanza el horror para describir todo lo que se dijo aquí, pero esto lo quiero contar porque esto pasó ayer mismo y lo que aquí se resuelva va a ser leído por la sociedad y por los distintos poderes del Estado."

Para rechazar el pedido del genocida, el pasado martes sobrevivientes y familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad participaron de una audiencia en Comodoro Py para rechazar el pedido de excarcelación del prefecto Juan Antonio Azic, uno de los condenados en la megacausa ESMA. Estuvieron los querellantes Carlos "Sueco" Lordkipanidse, Patricia Walsh y Laura Villaflor. Myriam Bregman y Alejandrina Barry acompañaron el reclamo.

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Este viernes se conoció que el titular de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en el ámbito de la Escuela de Mecánica de la Armada, Félix Crous, requirió ayer al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 porteño que el expiloto aviador de la Prefectura Naval Alejandro Domingo D’Agostino, condenado en 2017 a prisión perpetua por su participación en doce homicidios de personas arrojadas al mar desde aviones en 1977, sea enviado a cumplir la pena a un establecimiento penitenciario por haber violado en diez oportunidades en el primer semestre de este año las normas que rigen la prisión domiciliaria que goza desde el 28 de noviembre de 2012.

El intento de avanzar en la impunidad a los represores por parte del gobierno y la derecha pro genocida tenemos que seguir enfrentándolo porque cada día queda más claro que no se trata de una cuestión del pasado. El escándalo provocado por la visita a los criminales detenidos en Ezeiza lo demuestra. La lucha por cárcel común y efectiva sigue más vigente que nunca. Como lo señaló Myriam Bregman: “Siempre hemos peleado por cárcel común, perpetua y efectiva, para todos y cada uno de los genocidas. Por todos y cada uno de los 30 mil compañeros desaparecidos, queremos que se los juzgue por todos y cada uno de los casos. Para nosotros no existen los casos testigo, queremos que haya justicia".