Tras la asunción del nuevo obispo castrense Santiago Olivera, más de 85 organizaciones de derechos humanos y políticas le hicieron llegar una carta. ¿La respuesta? “No me dinamiten tan pronto”.
Alan Gerónimo @Gero_chamorro
Sábado 1ro de julio de 2017
Este viernes inició sus funciones en el Obispado Castrense -ordinariato militar de la Iglesia Católica que “asiste” al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Gendarmería y la Prefectura- el obispo Santiago Olivera, quien fuera designado hace semanas desde el Vaticano por Jorge Bergoglio.
El puesto católico-militar estaba acéfalo desde mayo de 2007, cuando monseñor Antonio Baseotto renunció al cargo por edad y tras el escándalo que generaron sus declaraciones de simpatía con el genocidio.
Esta semana, por medio de una carta, más de 85 organizaciones sociales y de derechos humanos le hicieron saber al nuevo obispo castrense que “asume un obispado con una deuda histórica pendiente: admitir la responsabilidad institucional que tuvo en el surgimiento, sostén y reproducción del terrorismo de Estado en Argentina”.
En la carta, firmada por organizaciones e individuos, se le pide a Olivera que “resuelva de manera inmediata la apertura y puesta a disposición para las causas judiciales y los organismos de derechos humanos, de los archivos del Obispado Castrense, tanto de la Curia como de las distintas capellanías” y que, junto a otras medidas, realice un “pronunciamiento público acerca del rol cumplido por la institución durante la última dictadura cívico-militar”.
La carta sigue: “pasadas ya cuatro décadas, resulta una provocación que la Conferencia Episcopal Argentina continúe ‘reflexionando’ y escuchando testimonios de ‘víctimas de la guerrilla y víctimas del terrorismo de Estado’ acerca de ‘los acontecimientos ocurridos durante dictadura militar’, como si desconociese lo sucedido o se hubiese mantenido al margen”.
Entre los firmantes de la carta entregada a Olivera se encuentra un amplio abanico de referentes de derechos humanos y políticos. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, de asociaciones de ex presos políticos, de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp), de ATE de la provincia de Buenos Aires, de la CTA Autónoma bonaerense y algunas delegaciones de H.I.J.O.S. A ellos se sumaron personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, la investigadora Nora Barrancos, sacerdotes, militantes políticos, religiosos y laicos católicos y protestantes de diferentes profesiones.
Cívica-militar-eclesiástica
“La jerarquía católica que Ud. integra, continúa eludiendo su responsabilidad en el genocidio” manifiesta la carta. Además señala que “en sus discursos y escritos, jamás ha hecho mención alguna de la actuación del obispado castrense”.
En relación a ello se sostiene que la dictadura cívico-militar tuvo, necesariamente, un componente eclesiástico-religioso. “Hace tiempo que los organismos de derechos humanos y un sector importante de la sociedad, venimos sosteniendo que la dictadura que ocupó el poder entre 1976 y 1983 fue cívico-militar y también eclesiástica. Su componente religioso fue tan necesario como el represivo, el político y el económico. Porque la profundidad y la extensión temporal que alcanzó, no se hubieran logrado sin la legitimación que la doctrina católica brindó al gobierno militar y a la violencia desplegada”, remarca.
Los firmantes argumentan que “dicha legitimación reposó en el discurso público de los obispos, en el silencio aquiescente del Episcopado y centralmente en el trabajo que por décadas realizó el Vicariato Castrense al interior de las Fuerzas Armadas”. Porque “a través de esta institución situada simultáneamente sobre las estructuras eclesiástica y estatal, la Iglesia se convirtió en un engranaje fundamental de la maquinaria represiva”.
De acuerdo a la información, durante el período 1975-1983 pasaron por el vicariato castrense más de 400 capellanes y los generales que comandaron las cinco zonas militares en que se dividió el plan de exterminio fueron asistidos cada uno por dos capellanes en el período más feroz de la represión. “Al menos 102 sacerdotes ejercieron su trabajo pastoral en unidades militares donde funcionaron centros clandestinos de detención”, denuncia la carta.
Respecto al rol de los capellanes militares en aquel período alegan que “estos sacerdotes gozaban de una posición de estima al interior de cada una unidad militar, con influencia incluso sobre los jefes de las unidades y que en esas condiciones, ejercieron una forma de poder espiritual que favoreció sobre la conducta de los militares un resultado tan efectivo como la propia disciplina castrense”.
Como forma de demostrar que las torturas también contaron con el respaldo de los religiosos, se cita un apunte del diario de Monseñor Bonamín, donde cuenta el contenido de un diálogo que sostuvo con el arzobispo Adolfo Tortolo, entonces vicario castrense y presidente de la Conferencia Episcopal.
“Problemas de Tucumán, respecto a torturas y prisioneros (otro argumento: Si, según Sto. Tomás, es lícita la pena de muerte…, la tortura es menos que la muerte…). Nuestros Capellanes necesitan aunar criterios”, escribió Bonamín el 1 de julio de 1976 en su diario personal.
Impunidades
En otro párrafo de la carta entregada a Olivera se advierte que, a pesar del avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, en cuyo desarrollo han surgido evidencias de la participación de los capellanes militares, “el Poder Judicial todavía no ha puesto la mira en las responsabilidades de la Iglesia Católica respecto del terrorismo de Estado” y un solo sacerdote, Christian Von Wernich, ha sido condenado.
Refiriéndose de manera directa a Olivera, nombrado por Francisco, los firmantes recuerdan que “se ha expresado públicamente en los términos de una remozada ‘teoría de los dos demonios’, idea que conlleva una falsa lectura del pasado, que es funcional a la impunidad penal de los perpetradores del genocidio, y que se ha ido superando con el tiempo y el esfuerzo pedagógico de sobrevivientes, organismos de derechos humanos, intelectuales, docentes y referentes políticos”.
Esas y otras expresiones de Olivera constituyen, según los firmantes de la carta, “señales de una perniciosa continuidad con el pasado”.
Entre los reclamos de acción inmediata se pide también que los capellanes que aún viven “digan lo que saben sobre los cuerpos de los desaparecidos y sobre los nietos nacidos en cautiverio a los que aún falta restituir su verdadera identidad”.
“No me dinamiten tan pronto”
La misa de toma de posesión de la sede eclesiástica castrense, que se realizó en la catedral Stella Maris, fue concelebrada por el cardenal Mario Aurelio Poli, el nuncio apostólico Emil Tscherrig, otros treinta obispos y más de un centenar de sacerdotes.
El nuevo obispo castrense sostuvo en la ceremonia que “todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad forman parte de un país que ha hecho una real y verdadera opción por la democracia. Debemos protegerla y custodiarla”.
Olivera agregó que a la democracia hay que “custodiarla de todo aquello que nos destruye y separa, de la sospecha y desconfianza, debemos custodiarla del flagelo y plaga de la droga y el narcotráfico, de la trata de personas, de la violencia de todo tipo y en especial hacia las mujeres y niños, de la corrupción y lo que es peor la impunidad, de la pobreza que hiere y escandaliza”.
Monseñor Olivera citó viejas palabras de Jorge Bergoglio, cuando era cardenal, para afirmar que “el llamado a la memoria histórica nos pide ahondar en nuestros logros más profundos, como afirmar la riqueza del sistema democrático respetando las reglas y aceptando el diálogo como vía de convivencia cívica”.
“Pero es importante recordar que la historia no debe hacerse con un objetivo político sino con verdad y justicia. No pocas veces, en apariencia, se busca justicia pero se descubre venganza negando derechos elementales. Lo derechos humanos deben tener vigencia para todos los argentinos”, subrayó.
“Soy un obispo joven, que no vivió aquellos tiempos y estoy con la verdad, con el encuentro. En eso esto, sin miradas parciales. Una historia que debe basarse en la justicia, en la reparación, en la verdad y en el amor fundamentalmente” dijo respecto a la carta enviada. Y para finalizar sentenció: “No me dinamiten tan pronto”.
“Ustedes se callaron cuando se los llevaron”
La forma de percibir el golpe de Estado como dictadura cívico-militar-eclesiástica por parte de las decenas de organizaciones y personalidades a través de la carta, no deja lugar a dudas. Indudablemente la jerarquía de la Iglesia católica fue partícipe de la dictadura militar y asumió el rol de cómplice de sus ejecutores.
En noviembre del 2010 Jorge Bergoglio dio testimonio a pedido de las querellas en el marco de la causa en la que se investigaban, entre otros hechos, los secuestros de los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics por parte de una patota de la ESMA. Ese caso había dejado expuesto a Bergoglio por su complicidad con los represores.
Aquella fue la primera y única vez que Bergoglio declaró en un juicio sobre delitos de lesa humanidad, pese a haber sido mencionado en varias causas como cómplice de los genocidas. E incluso declaró, por su expreso pedido, en sus oficinas de la Curia porteña y no en Tribunales, como lo hubiera tenido que hacer cualquier mortal.
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Estela de La Cuadra, tía de Ana Libertad, una de las últimas nietas recuperadas por Abuelas de Plaza de Mayo, en una entrevista realizada por La Izquierda Diario habló justamente de la complicidad del actual Papa Francisco con la dictadura y, particularmente, con la apropiación ilegal y el robo de la identidad de su sobrina en 1977.
Allí se puede ver la carta con la que el propio Bergoglio "derivó" el caso De La Cuadra a miembros de la Curia íntimamente relacionados con la represión en La Plata. Por eso para Estela “el rol de Bergoglio fue proteger a los ejecutores de la dictadura”
Ante el escandaloso fallo que beneficiaba con el 2x1 a genocidas, figuras de la cúpula de la Iglesia Católica como Monseñor Aguer defendieron a los jueces diciendo que “se ajustaron plenamente a derecho”.
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La carta enviada al flamante obispo militar Olivera acierta en la denuncia a la Iglesia
y en la exigencia de que se abran los archivos que siguen en poder de la jerarquía católica. Pero lejos de ser una “deuda pendiente” que con una nueva gestión pueda revertirse, la negativa de la Curia a aportar a la verdad y la justicia no es más que pura y santa coherencia.
De allí que habrá con esperar que cualquier medida o “prueba” que aporten Olivera y su jefe Bergoglio sobre el rol eclesiástico en el genocidio estarán teñidas de las más conspicua demagogia o parcialidad. Porque si en algo se han especializado durante siglos el Vaticano y sus sucursales es en encubrir a todo tipo de criminales poderosos. Hoy lo hacen, sin ir más lejos, con miles de curas abusadores en todo el mundo.
