Campaña 2023. Giro a la derecha contra la protesta: unos quieren prohibirla y Santoro regularla a la francesa

En esta campaña la mayoría de los candidatos viene profundizando un discurso represivo contra la protesta social. Se puede ver a Gerardo Morales aplicándola brutalmente y haciendo publicidad de una Reforma Constitucional que criminaliza la protesta e hizo levantar al pueblo jujeño. A Patricia Bullrich hablando de reprimir toda protesta. Javier Milei y Ramiro Marra hablando de cárcel o bala. También apareció Leandro Santoro, precandidato a jefe de Gobierno por Unión por la Patria, afirmando que va a regularizar la protesta social pactando condiciones para las manifestaciones.

No puedo quedarme callada frente a este giro represivo de los candidatos y a quienes ceden ante estas políticas diciendo que hay que "regular la protesta". Pero también vale la pena explicar qué significa esta regulación a la protesta y repasar cómo se implementa en Francia y qué consecuencias tuvo para el pueblo francés. Porque es más peligroso de lo que uno puede suponer en un primer momento aunque Santoro lo tire “livianamente”.

Leandro Santoro viene derechizando cada vez más su discurso en entrevistas de estas últimas semanas. En varios medios de comunicación viene expresando que quiere crear una regulación para las protestas. Hace unos días en el programa "Duro de Domar" de C5N volvió a repetir esta propuesta y manifestó que “hay que pactar condiciones para la protesta para evitar que haya un bloqueo”. Y argumentó que su propuesta “es constituir una figura nueva, que es el conciliador político, una persona que debe hablar con los movimientos sociales e interceder por el Estado para encontrar soluciones y evitar que esto se dé”.

Además mencionó la necesidad de crear “un protocolo de cara a la sociedad donde se pueda regular algunas cosas” y “crear un instituto que funciona muy bien, como la conciliación obligatoria”.

Crear la figura de la conciliación obligatoria para la protesta social es un absurdo. Imagínense una protesta para reclamar algo al Estado y es el mismo Estado el que dicta una “conciliación obligatoria” donde dice que ya no se puede reclamar más, prohibiendo cualquier manifestación contra él.

Cuando Santoro fundamentó que su plan se basa en lo que se implementó en Francia, la propia panelista Carla Czudnowsky se le rió diciendo “muy bien no le fue en los últimos meses”, en relación a las mencionadas protestas masivas, con cortes de calle incluidos, en dicho país.

El derecho a la protesta es el único que puede defender al resto de los derechos

Es importante analizar cuál es el modelo de Francia con que Santoro ejemplifica la política que quiere implementar. En síntesis, podemos hablar de que termina siendo una persecución a los que protestaron, y que Emmanuel Macrón profundizó en paralelo a la represión, como se puede ver en los últimos años.

La regulación a la protesta se basa en que hay que solicitar un permiso al Ayuntamiento de tres a quince días antes de manifestarse estipulando el motivo, el trayecto, la fecha y los nombres de los organizadores. Pero aún así, si las autoridades consideran que existe un peligro al “orden público”, pueden prohibir la manifestación. Y aunque se pueda apelar, siempre es el propio Estado el que determina cuál manifestación se puede hacer y cuál no.

En caso de que no se respete la prohibición, los organizadores podrían ser condenados a un año de cárcel y 7.500 euros de multa. Además de once euros por participante. La figura del Prefecto es la que negocia con sindicatos y organizaciones en el país mencionado.

La reglamentación se basa en un artículo de la Ley Penal y en un decreto sancionado en 1935, el cual no se implementaba desde 1962 hasta el año 2016, cuando comenzaron a haber más protestas. Con Macrón el uso de esa regulación creció, sancionando a los que se manifestaban. Aún así las marchas, cortes y huelgas aumentaron y las represiones fueron brutales, por ejemplo con los Chalecos Amarillos, o los que salieron a resistir contra la Reforma Previsional, hasta recientemente a los que protestaron para enfrentar el racismo y la violencia policial.

Marche pour #Adama, la brav M charge et interpelle des manifestants.#paris pic.twitter.com/kZCmJbA7bx

— Amar Taoualit (@TaoualitAmar) July 8, 2023

En 2021 Macrón profundizó la regulación de las protestas con la sanción de Ley de Seguridad Global donde está prohibido identificar a los policías en servicio "con la evidente intención de hacer daño’’ y se prevé un castigo de hasta cinco años de prisión y una multa de 75.000 euros.

Esto implica que no se puede filmar a policías frente a una represión o una situación de violencia de alguna fuerza de "seguridad". Las protestas contra esta ley llegaron a convocar a medio millón de personas en las calles y la repudiaron organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, entre otros.

Imaginar la implementación de esta regulación atentaría directamente a la posibilidad de manifestarse a sindicatos, organizaciones sociales, familias, vecinos. Penalizar la protesta es violar directamente un derecho constitucional. El derecho a la protesta es el único derecho que al ejercerlo se puede defender el resto de los derechos. Por esto es un derecho principal, a no ser que se pretenda abolir todos los derechos restantes.

🔴 Les CRS ont dû quitter le quartier #PabloPicasso sous les projectiles. #Nanterre

Leur camion sont caillassés. Ils n’ont pas pu rentrer dans le quartier avant de longue minute. pic.twitter.com/6OUMWB4ycK

— Clément Lanot (@ClementLanot) June 29, 2023

Con esta política, en la ciudad de la "marea verde" no hubiéramos podido conquistar el aborto legal, no podríamos haber luchado por la educación y la salud públicas, etc. Para dar cada lucha que dimos contra las políticas de Horacio Rodríguez Larreta tendríamos que haber pedido permiso al Estado. Hasta serían penalizadas las familias que cortan calles para hacer visible la desaparición de sus hijas o incluso quienes salgan a cortar la calle por la recurrente falta de luz.

Las enfermeras que luchan por el pase a la carrera profesional, los residentes y concurrentes que sólo gracias a esa enorme lucha en las calles pudieron lograr el aumento salarial, las y los maestros que junto a los estudiantes llevan adelante las medidas por mejores viandas, condiciones edilicias dignas en las escuelas.

Sin dudas, las principales víctimas serían los movimientos de desocupados que sufren una brutal campaña de estigmatización y discriminación, la mayoría mujeres, porque tienen que movilizarse hasta para evitar los recortes en los comedores comunitarios para garantizar la comida para sus hijxs. Pedir permiso para este tipo de movilizaciones impediría directamente que surtan efecto.

Hay que destacar que Santoro, en este giro, también afirmó que está en contra de la Ley de Alquileres y que bajaría los contratos de alquiler de tres a dos años, con aumentos semestrales. El mismo argumento que los candidatos de la derecha dan para criticar la ley a favor de los propietarios y en el medio de una gran crisis habitacional.

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La derecha se derechiza más y a la rastra va el "progresista" Leandro Santoro. A la derecha se la debe enfrentar, no se la puede seguir como la sombra al cuerpo. Por eso desde el CeProDH estamos junto a Myriam Bregman y decenas de abogados en todo el país enfrentando los ataques represivos, apoyando a los que se manifiestan y defendiendo a los que persiguen por luchar, como se pudo ver recientemente en Jujuy. También en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la Comisión Contra la Violencia Institucional en la Legislatura porteña estuvimos en la primera fila de la defensa de todos los perseguidos y reprimidos por el gobierno de Larreta.
Por eso estoy orgullosa de que nuestra lista haya compañerxs luchadores como Jorge Adaro, un maestro que defiende la educación todos los días desde su aula pero también en las calles (por eso es perseguido por la ministra Soledad Acuña). Y con Andrea D’Atri, una feminista socialista que participó en forma incondicional de todas las las luchas por los derechos de las mujeres.

En nosotros, en nosotras, jamás podrán encontrar ninguna concesión a la derecha.