El día de ayer, Gustavo Gatica denunció al gobierno por contratar vía delegación presidencial del Maipo, los servicios de Full Clean, empresa de seguridad de Claudio Crespo, el ex teniento coroonel de carabineros acusado de cegar a Gustavo y que fue suspendido por apremios ilegítimos. La declaración fue vía redes sociales en compañía de organizaciones sociales y culturales exigiendo al gobierno que asuma la responsabilidad política para que algo así no vuelva a suceder.
Sábado 29 de julio de 2023
La semana pasada, el medio Interferencia reportó que "la empresa Full Clean S.A. fue contratada el 1 de octubre de 2022 por la Delegación Presidencial Provincial de Maipo (DPP Maipo), desembolsando $40 millones vía trato directo a lo largo de 9 meses por servicios de seguridad. La compañía es propiedad de la suegra, esposa y cuñada de Claudio Crespo Guzmán, ex teniente coronel de Carabineros acusado por el Ministerio Público de cegar a Gustavo Gatica de un escopetazo en 2019."
Ayer Gustavo difunde esta noticia por medio de su instagram: "Esta noticia muestra como nuevamente este gobierno que decía ser pro derechos humanos, ha mostrado un total desinterés y poco resguardo en esta materia. Junto con la senadora Fabiola Campillai y diversas personas entre ellos diputadas y diputados, alcaldes y organizaciones sociales y culturales es que estamos exigiendo que se asuman las responsabilidades políticas de este hecho para que no vuelva a ocurrir algo así otra vez".
Claudio Crespo, además de ser responsable directo de violaciones a los derechos humanos, es activista de la ultra derecha, visitando a los presos de Punta Peuco (admirando a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad) e incluso intentó formar un partido político que defiende lo más rancio del régimen heredado de la dictadura militar.
Cabe recordar que el año 2021, los familiares del ex fuerzas especiales se adjudicaron una licitación por servicios de su empresa de limpieza al Hospital de Carabineros, dos consultores, dos oficinas y un Cesfam de la institución por $6.588.511.955.
Estos hechos no solamente muestran un gobierno despreocupado de las violaciones a los derechos humanos, sino que también perpetúa las relaciones de privilegio hacia integrantes de la nefasta institución de Carabineros incluso, después de ser dados de baja, por apremios ilegítimos.
