Dentro de 15 días el Senado deberá discutir y despachar el proyecto de amnistía. Familiares rechazan el estado actual del proyecto de ley que deja fuera a muchos de los presos de la rebelión tras las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución.
Martes 22 de marzo de 2022
Este lunes el gobierno anunció con bombos y platillos que podrá suma urgencia al proyecto de ley de amnistía (boletín 13941-17) que se encuentra en el Senado el cual establece una amnistía general a los presos políticos de la revuelta.
Esta suma urgencia obliga al hemiciclo a discutir y despachar la iniciativa dentro de 15 días, debiendo contar para su aprobación con el apoyo de la mayoría del Senado, esto es, de al menos 26 senadores.
Según Jackson “para nosotros es importante en materia de Derechos Humanos y de poder… cerrar o de alguna manera revisar y ojalá sanar ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad”.
Así mismo, consultado sobre cómo será el diálogo con la oposición, declaró “yo creo que acá tiene que haber un trabajo en conjunto en materia de entregar los argumentos que se dieron a lo largo de la tramitación que fueron derribando algunos mitos respecto al proyecto de indulto… hay también en el proyecto que se está votando en la sala un catálogo más acotado de delitos que dejan fuera la mayoría de los casos por los que se ha criticado principalmente esta ley, por lo tanto, ahora a ya varios años de haber incurrido muchas personas privadas de libertad, luego en distintas tramitaciones, algunos juicios abreviados que fueron forzados muchas veces por las condiciones carcelarias”.
¿A que se refiere el Ministro cuando se refiere a los “casos por los que se ha criticado” el proyecto?
Durante la tramitación del proyecto éste recibió modificaciones importantes, dejando fuera los delitos de la Ley de Control de Armas y delitos contra Carabineros, con lo que, según estiman las familias de los presos políticos, quedarían fuera de los efectos de la ley de amnistía cerca de un 70% de los casos.
Cuando se introdujeron estas modificaciones, promovidas por los Senadores Araya y Huenchumilla, los familiares reaccionaron con molestia, calificando que la los cambios al proyecto “tiene el efecto de transformar el proyecto en un instrumento carente de utilidad, dejando de lado el sentido de justicia y humanidad”.
Según una declaración difundida por la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta “las indicaciones presentadas en orden a disminuir el catálogo de delitos, dejando fuera aquellos tan importantes como son la Ley de control de armas, homicidio frustrado o Ley de Seguridad Interior del Estado, atentan directamente contra el espíritu del proyecto”.
Así mismo, la modificación de la iniciativa, además de cambiar el nombre de “indulto” a “amnistía” y acotar el catálogo de delitos, repuso el plazo original para sus efectos (desde el de octubre del 2019 al 9 de diciembre del 2020, como también introdujo un nuevo requisito para acceder a la amnistía que es no tener antecedentes penales por el mismo delito u otro similar.
Del mismo modo, como critican los familiares, en las indicaciones se mantuvo la extinción de los efectos de la pena, esto no implica la eliminación de antecedentes penales, quedando, de tal modo, muchos jóvenes con sus papeles manchados.
¿Es entonces el proyecto de amnistía una alternativa para las familias y sus presos?
No es la primera vez que este gobierno responde con símbolos. Se nombró la primera edecán mujer, sin embargo la policía sigue bajo la dirección del General Yañez, nombrado por Piñera en el cargo luego de haber sido Director de Orden y Seguridad de Carabineros.
Así mismo, se retiraron 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, mas esto no tuvo ningún efecto, sólo el simbólico de restar al gobierno de estos procesos, pues ningún preso obtuvo su libertad tras esta acción.
Darle suma urgencia a un proyecto “carente de utilidad” sólo acelera un nuevo saludo a la bandera. Es un nuevo símbolo del gobierno, un símbolo que no cambia nada.
No podemos dejarnos engañar. Se le pone suma urgencia a un proyecto limitado que deja a parte importante de los presos.
Adicionalmente, en el Senado el panorama tampoco parece alentador a primera vista. En primer lugar la iniciativa requiere el concierto de 26 senadores para ser aprobada. Esto necesita de al menos un voto favorable de la derecha, que cuenta con 25 de los 50 escaños de la Cámara Alta.
Sin embargo, en el campo contrario tampoco hay claridad de lo que vayan a votar los parlamentarios del gobierno. Ya el pasado jueves 17 de marzo, en la Comisión de Justicia de la Convención Constitucional, tanto los convencionales del PS como los del FA votaron junto a la derecha en contra de la Iniciativa Popular por la libertad de los presos de la rebelión. Nada, por el momento, hace sospechar que en Senado podrían actuar distinto.
Ante esta situación, los familiares de los presos de la rebelión no bajan los brazos. A pesar del rechazo de la derecha, el FA y el PS, la iniciativa popular de norma logró ser aprobada en la comisión, debiendo pasar a su votación en particular. Asimismo, con una campaña solidaria, Nicolás Piña recobró su libertad, entregando nuevas energías para continuar la lucha por la libertad de todos los presos de la rebelión.
La lucha por la libertad de los presos de la rebelión sigue despertando amplia simpatía ante las injusticias que se siguen viviendo en el país, pero es necesario convertir esa solidaridad en fuerza en las calles, por esto es necesario que en cada lugar de trabajo y de estudio se discuta cómo solidarizar con los presos y sus familias.
Aún el proyecto de amnistía debe pasar a discusión, así mismo también la iniciativa popular de norma puede recibir indicaciones y terminar cercenada como la amnistía, por lo que su resultado, si queda en manos del congreso o la convención, no está garantizado. Sólo la la movilización puede garantizar que los presos y presas de la rebelión puedan volver con sus familias y conquistar su libertad.
