La convocatoria a la ciudadanía tiene el apoyo de todos los partidos políticos bajo la bandera de la lucha contra la corrupción. Lenín Moreno quiere desmarcarse de Rafael Correa con una carrera de acuerdos con la oposición, donde paradójicamente los obstáculos los pone su propio movimiento.
Jueves 7 de septiembre de 2017
Foto: El Comercio
En su espacio televisivo de los lunes por la noche, el presidente Lenín Moreno adelantó que analiza convocar una consulta popular. Los quince minutos semanales de “El Gobierno Informa” le son útiles para medir la temperatura de la agenda opositora.
Si bien no especificó cuáles serán los puntos, la convocatoria se centraría en los dos ejes que mayor acuerdo han alcanzado entre los distintos partidos: la disolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la eliminación de la reelección indefinida. Según él, son “los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes, que garanticen el control de lo público".
La semana pasada, con un estilo dialoguista y formal, muy distante de las confrontadoras “sabatinas” de Rafael Correa, el actual presidente dejó entrever su intención: “Si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo”, afirmó.
El nuevo pronunciamiento pone sobre la mesa las cartas que jugará en su necesidad de legitimar una política de acercamiento a la oposición, que desató críticas feroces por parte del histórico líder de la Revolución Ciudadana. Visto los escándalos de corrupción que apuntan hacia figuras apadrinadas por el ex presidente, la prioridad del Gobierno es “descorreizar” la imagen y la estructura del Estado, para avanzar con sus planes en un escenario de entendimiento con fuerzas ajenas a Alianza PAÍS.
Consenso por derecha e izquierda
Desde que la posibilidad se disparó en los pasillos del Palacio de Carondelet, todos los sectores políticos aprobaron la convocatoria y adelantaron los puntos que se deberían incluir para desmantelar el “andamiaje institucional correista”.
El ex banquero Guillermo Lasso, la locomotora de la derecha en las pasadas elecciones, ofreció su favor y el del bloque legislativo para el proyecto que impulsa el mismo presidente al que 100 días atrás acusaba de fraudulento e ilegítimo. “Nuestro compromiso es fortalecer la institucionalidad del país”, expresó el líder del movimiento CREO. Sin olvido a sus raíces en el mercado financiero y el lobby con los sectores exportadores, pidió incluir en la consulta un punto que asegure la permanencia del país en la dolarización.
La consulta cuenta con el beneplácito de todos los legisladores de derecha y centro en la Asamblea Nacional (AN): el Partido Social Cristiano, Sociedad Patriótica, Fuerza Ecuador, e Izquierda Democrática. La CONAIE y sus asambleístas de Pachakutik exigieron además “recuperar el dinero robado por la corrupción”.
Por su lado, el movimiento Unidad Popular entregó su propuesta a la Corte Constitucional la mañana siguiente al primer pronunciamiento de Moreno. El brazo político del PCMLE propone añadir a la consulta el cese de las designaciones que haya realizado el CPCCS, que la AN elija a las nuevas autoridades en estas áreas de control mediante un concurso de méritos, la extinción del dominio sobre bienes a personas sentenciadas por corrupción, la derogación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y del Sistema de Organizaciones Sociales (Decreto 16).
“Es indispensable que el pueblo ecuatoriano participe, la forma más rápida de desmontar el aparato de impunidad es la consulta popular”, señaló el dirigente Giovanni Atarihuana. Para el 20 de septiembre, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) prepara una marcha que, a pesar de la escasa repercusión de la anterior, según el periódico del PCMLE ésta “debe convertirse en un momento importante de masiva expresión unitaria de nuestro pueblo en contra de la corrupción”.
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Giovanni Atarihuana, presidente del movimiento político Unidad Popular. (Foto: El Telégrafo)
Sin consenso dentro del oficialismo
Luego que los asambleístas de Alianza PAÍS aprobaron el pedido de juicio penal contra el vicepresidente Jorge Glas, el caldo que se cocinó durante tres meses finalmente estuvo listo, e importantes figuras abandonaron el Ejecutivo con críticas al rumbo de Lenín Moreno. Si su dirigencia evitó referirse a la disputa entre los líderes -más allá de convencionales llamados a la reconciliación-, todo cambió en la tarde del martes.
Tras varias horas de una reunión que contó con la presencia de Glas y miembros del bloque parlamentario, la Dirección Nacional emitió un fuerte comunicado donde se cuestionan los resultados del diálogo que Moreno mantuvo con la oposición. “No apoyaremos procesos que respondan a la agenda de la derecha y de los poderes económicos, de regresión de derechos políticos ni de desestabilización de la institucionalidad del país”, indicaron.
Más aún: doblaron la apuesta al afirmar que “en caso de verse afectada la estructura del Estado y los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano promoveremos un proceso constituyente”, para dejar en claro que la consulta popular expone la fractura entre el partido y el Gobierno. La resolución que más faccionaliza la interna es el reconocimiento a la “coherencia política” de Ricardo Patiño, Paola Pabón y Virgilio Hernández, los tres correistas inconformes que abandonaron Carondelet.
Foto: El Telégrafo
El comunicado expresa preocupación por todos los puntos que tocó el Presidente en sus reuniones con las cámaras empresariales: la entrega de la administración del dinero electrónico a la banca privada, las posibles modificaciones a la Ley de Plusvalía y de Salida de Divisas, y el retorno de la flexibilización laboral.
Lenín Moreno hace su apuesta política con una carrera de acuerdos con la oposición, donde paradójicamente los obstáculos los pone su propio movimiento. Cuanto más se aleja de éste y más se aleja éste de él, más necesitado se encuentra de gobernar con la derecha.
Para que su propuesta se consume, no necesita de los votos en la AN, pero sí de un fallo favorable de la Corte Constitucional. Justamente, un órgano judicial criticado por su cercanía al correísmo, y del que recientemente se publicó una filtración de emails que muestran la injerencia del Gobierno para la revisión de sentencias y la presión para desplazar jueces opositores.
La Constitución y sus enmiendas, en el ojo de la tormenta
Por un lado, la eliminación de la reelección indefinida para todos los cargos sometidos al voto popular es una cuenta pendiente de la oposición. Ésta fue introducida en el texto constitucional en diciembre de 2015, mediante una enmienda aprobada por una AN con mayoría correista. Aunque luego de la polémica que desató su debate, en torno a que la modificación permitía que Correa sea candidato para un tercer período presidencial, finalmente se votó que la normativa no entre en vigor hasta después de las elecciones de este mismo año.
Pero el CPCCS es una entidad parte de la Función de Control Social, creada por la Constitución de Montecristi junto a los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Por lo tanto, según varios analistas, una consulta popular no bastaría para su extinción, requiriendo una nueva constituyente.
Los integrantes del CPCCS son designados mediante un concurso de aptitudes, criticado por permitir el ingreso de personas allegadas al oficialismo dentro del órgano encargado de controlar a los funcionarios del Estado. Su directorio elige las autoridades de distintas áreas de control, como el Procurador General del Estado, el Fiscal General, el Contralor, los miembros del Consejo Nacional Electoral y los del Consejo de la Judicatura. Muchas de las personas que fueron seleccionadas al frente de estas dependencias, como el ex contralor Carlos Pólit -designado en tres períodos consecutivos-, son hoy señaladas o judicializadas por su implicancia en distintas tramas de corrupción, incluido el caso Odebrecht.
