Se trata de 1.230.000 toneladas que podrían liberarse a partir de 2022, cuando los tanques queden sin espacio. Desaprobación de Corea del Sur y pescadores locales, y apoyo de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
Lunes 19 de octubre de 2020 13:43
El Gobierno japonés planea liberar al mar el agua tratada de la planta de energía nuclear de Fukushima Daiichi, según se dio a conocer el pasado viernes 16. Durante años se ha especulado sobre qué hacer con las toneladas de agua que fueron tratadas después de que la planta de energía colapsara el 11 de marzo de 2011.
Ese día un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter provocó un tsunami que inundó la central, dañando sus sistemas de refrigeración y provocando la fusión total o parcial de tres de sus reactores. La alta presión hizo que varias explosiones de hidrógeno rompieran los muros y liberaran grandes cantidades de partículas radioactivas, lo que obligó a la evacuación de 80.000 personas en un radio de 20 kilómetros.
Como aún no existe la tecnología necesaria para retirar el combustible fundido de los reactores (por su radioactividad), es necesario inyectarles agua subterránea para refrigerarlos y mantenerlos a 30 grados, y así evitar que el combustible no haga estallar su muro de contención ni libere más radiación a la atmósfera.
Tokyo Electric Power (TEPCO), empresa a cargo de la central, dio a conocer recientemente que hasta septiembre de este año el volumen de agua contaminada en los 1.044 tanques de la central acumulaba 1.230.000 toneladas, y que quedaría sin espacio para el verano de 2022.
El ministro de Industria japonés, Hiroshi Kajiyama, dijo que no se ha tomado una decisión formal, pero que el gobierno planea actuar rápidamente: “El desmantelamiento de la planta de Fukushima Daiichi es una premisa importante para la restauración en Fukushima del desastre nuclear. Para evitar retrasos en el proceso de desmantelamiento, debemos tomar una decisión rápidamente”, señaló Kajiyama durante una conferencia de prensa.
Según la agencia local de noticias Kyodo, “es posible que se tome una decisión oficial a partir de este mes y pondrá fin a siete años de debate sobre cómo eliminar el agua utilizada para enfriar la central eléctrica”. Sin embargo, pescadores locales y Corea del Sur han manifestado preocupación y negativa por la medida.
“Estamos totalmente en contra de una liberación de agua contaminada al océano, ya que podría tener un impacto catastrófico en el futuro de la industria pesquera de Japón”, dijo Hiroshi Kishi, presidente de JF Zengyoren, una federación nacional de cooperativas pesqueras, en una reunión con el secretario jefe de Gabinete, Katsunobu Kato, que tuvo lugar el pasado jueves 15. “Cualquier publicación podría llevar a otros países a reforzar las restricciones a las importaciones de productos pesqueros japoneses”.
Por su parte, Toshihito Ono, jefe de mayoristas y procesadores de pescado señaló: “Nos oponemos enérgicamente a una descarga de agua contaminada en el océano, ya que claramente causará daños a la reputación”. El gobierno establecerá un panel para tomar medidas sobre esos temores con los funcionarios del gobierno de Fukushima y la industria pesquera local.
Corea del Sur, que desde 2013 ha impuesto una prohibición a todas las importaciones de productos del mar de ocho prefecturas japonesas cercanas a Fukushima, ha expresado repetidamente su preocupación por el impacto ambiental de la medida. Según la cadena surcoreana KBS, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Seúl señaló que “una reunión de los ministerios relacionados sobre este tema fue elevada a la categoría de viceministerio el mes pasado para intensificar la respuesta a la medida de Japón”. Según el funcionario, “el gobierno dará máxima prioridad a salvaguardar la salud y la seguridad del pueblo surcoreano y continuará monitoreando de cerca las actividades de Tokio y tomando medidas basadas en la cooperación con la comunidad internacional”.
El mes pasado durante la conferencia anual de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), un organismo de supervisión nuclear de la ONU, el viceministro de Ciencia y TIC de Corea del Sur, Jeong Byung-seon, señaló que la descarga de agua afectaría al ambiente marino global y pidió un papel activo de la AIEA para facilitar transparencia en el proceso de vertido, añadiendo que los planes de Japón deberían seguir el derecho internacional, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
A fines de 2018, una misión de expertos liderada por la AIEA aconsejó a Japón que tomara una decisión urgente sobre la ruta de disposición del agua tratada. Un informe de un comité japonés de expertos, presentado al gobierno a principios de febrero, sugirió dos opciones para eliminar el agua tras la descontaminación radiactiva (excepto de tritio): liberación de vapor y descarga en el océano.
En dicha ocasión, el director general de la AIEA, Rafael Grossi, que visitó las instalaciones, señaló que su organismo “acoge con satisfacción el progreso realizado por Japón para llegar a una decisión sobre este asunto”, enfatizando que era el Gobierno quien debía decidir cómo proceder, ya que la seguridad nuclear es una responsabilidad nacional.
“Una vez que se tome una decisión sobre el camino a seguir, el AIEA estará lista para ayudar en su implementación, por ejemplo, en el monitoreo de la radiación”, dijo. “Podría ayudar a tranquilizar al público, en Japón y en otros lugares, de que cualquier liberación de agua estaría dentro de los estándares internacionales”.
Según indicó la AIEA el pasado 25 de septiembre, tras analizar un informe que el Ministerio de Relaciones Exteriores envió a todas las Misiones internacionales en Japón, “los resultados confirman que el nivel de radiación del agua muestreada está sustancialmente por debajo de los objetivos operativos establecidos por TEPCO”.
Consecuencias del accidente nuclear de Fukushima
El lunes 11 de abril la Agencia de Seguridad Nuclear e Industrial (NISA) elevó el nivel de gravedad del accidente a 7 en la Escala Internacional de Accidentes Nucleares para los reactores 1, 2 y 3, el máximo en la escala INES y el mismo nivel que alcanzó el accidente de Chernóbil de 1986.
Según un estudio publicado por la Comisión Internacional de Protección Radiológica, “la evacuación alcanzó su punto máximo en 164.000 residentes” y para 2016 “más de 100.000 personas se ven obligadas a vivir en alojamientos temporales (…) Las muertes relacionadas con el desastre son causadas por el estrés, el agotamiento y el empeoramiento de enfermedades preexistentes debido a la evacuación. El número de muertes relacionadas ha llegado a casi 2000”.
Antes del accidente de Fukushima, Japón tenía 54 reactores operativos y en el plazo de 14 meses después del accidente la producción de energía nuclear cesó totalmente. Luego de 10 años la producción pasó del 30 % al 5 % y 3 %, según el Centro de Información Nuclear de los Ciudadanos con sede en Tokio. Últimamente se han reiniciado nueve reactores y las autoridades están considerando los casos de una docena más, pero otros 24 se encuentran en proceso de clausura o en espera.
Sin embargo, la reducción en la producción de energía nuclear fue compensada con un aumento en la importación de combustibles fósiles lo que llevó a su vez a un incremento en el precio de la electricidad hasta del 38 % en algunas regiones.
Otra consecuencia del accidente refiere a los costos de seguridad. Según una investigación de Mainichi Shimbun, el periódico de mayor circulación de Japón, los 11 principales proveedores de energía habían gastado más de 5 billones de yenes, equivalentes a $ 45,7 mil millones de dólares, en seguridad nuclear desde el accidente de Fukushima.
