El pasado jueves el Contralor General Jorge Bermúdez expuso ante la comisión encargada del Caso Convenios el informe de investigación que evidencia irregularidades en 15 secretarías ministeriales y 19 fundaciones en procesos de auditoría. En este artículo te contamos brevemente en qué estado se encuentra la investigación por el caso Convenios y debatimos con la hipótesis del gobierno sobre la “debilidad institucional” como la razón de la corrupción dentro del Estado (burgués).
Sábado 11 de noviembre de 2023
Hace algunos meses se destapó una olla de corrupción ligada a partidos políticos y fundaciones que remeció al gobierno y dió espacio a la oposición para su hipócrita posición “anti-corrupción”. Revolución Democrática, Democracia Cristiana, Renovación Nacional, entre otros partidos del régimen se han visto involucrados en las distintas pericias de fiscalía, las que buscan detectar el traspaso irregular y millonario de fondos que iban desde las secretarías de gobiernos regionales hacia fundaciones y ONG.
En el informe del contralor se evidencia una extensa muestra de operaciones similares para el traspaso de recursos en 15 secretarías del Ministerio de Vivienda y 19 fundaciones que se encuentran en auditoría, por lo que desde contraloría se insinúa un posible “modus operandi” para el robo fiscal; y en palabras de la vocera de gobierno Camila Vallejos sería la debilidad institucional la que habría permitido que se desarrollaran estos casos de corrupción, responsabilizando además al gobierno de Piñera
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Jorge Bermudez declaró ante la comisión que existe un "un cóctel de dificultades para realizar las maniobras de control", es decir, de una regulación que impida que se “cuele” la corrupción. Sin embargo, el origen del problema es esencialmente estructural y poco tiene que ver con las regulaciones propias de los fondos concursables y la gestión gubernamental.
Este discurso de problema institucional quita de vista el carácter de clase que tiene el Estado - Burgués y por ende, su ubicación respecto al financiamiento hacia privados además de la progresiva reducción de su ‘carácter social’, en última instancia los capitalistas buscan el máximo provecho del Estado para su enriquecimiento.
Como parte de lo anterior está el descarte del Estado respecto a materias como la vivienda, la salud, el arte, entre otras cosas que, lamentablemente, hoy no existen sin la ejecución de fondos a través de privados. Por ejemplo, uno de los primeros antecedentes del Caso Convenios tiene que ver con el área de planificación urbana en dónde una Fundación quedó como responsable de la construcción de viviendas y agua potable para un sector de tomas. Sin embargo, el proyecto en cuestión no se ejecutó por el monto total de lo entregado por gobernación, abriendo así el proceso de investigación.
El Frente Amplio se conformó y asentó como un sector neo-reformista, cuya estrategia se basa en la reforma del Estado Burgués a través de la participación social en actividades de ONG, fundaciones que intervienen con programas en poblaciones, entre otras iniciativas. El esquema anterior funciona en total convivencia con los intereses de la derecha y el empresariado y se sustenta en la ilusión de una ‘participación social’ mediada por fundaciones y ONG.
No es un “virus” de corrupción que se coló al gobierno de Boric porque faltó regulación legal; más bien es la consecuencia de la mantención de la herencia de dictadura y la decisión de sectores políticos como el Frente Amplio de coexistir con el capitalismo y el Estado Burgués. En un artículo anterior desarrollamos esta idea:
“El Estado constituye un aparato burocrático destinado a asegurar las condiciones para la hegemonía de la clase capitalista, para permitir que un puñado de grandes empresas y multinacionales vivan del saqueo de las riquezas naturales y de la explotación de millones. Lo fundamental para los capitalistas no es la eficiencia, sino la ganancia, o más bien, eficiencia enfocada a la ganancia de los grupos empresariales. Por eso los distintos sectores capitalistas buscan formas que permitan obtener mejores ganancias a costa de corrupción y prebendas políticas, forma parte de la lógica económica para que el Estado funcione a su servicio.”
Finalmente, es clave el acento en el carácter de clase del actual Estado frente a los casos de corrupción, ya que la posición de una mayor regulación termina siendo un discurso de concilio entre la derecha, la izquierda reformista y todo el régimen, la unidad “anticorrupción”; pero la única forma de dar una salida seria y definitiva al desfalco fiscal y la corrupción como tal es a través de la pelea anticapitalista por la construcción de una sociedad completamente diferente.
Fer Morales
Antropóloga Social y poeta Slam
