El juez Torres continúa con la persecución contra manifestantes que participaron de la segunda movilización contra la reforma previsional. Ahora pide la captura internacional de Romero.
Martes 6 de marzo de 2018 13:31
El caso de Sebastián Romero es uno de los más conocidos de las movilizaciones del 18 de diciembre de 2017. El joven, trabajador despedido de General Motors y militante del PSTU, apareció en las imágenes de aquellos días lanzando un fuego de artificio de venta libre, de los que suelen usarse a las movilizaciones. Lo había usado ante la carga de la policía, que ese día hirieron gravemente a decenas de manifestantes.
Romero se convirtió, junto a Ponce, Arakaki y la militancia de izquierda, en un "símbolo de la violencia". Una acusación que en manos de quienes le habían robado el pan de la boca a millones de jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal, en medio de un feroz operativo represivo, no resiste el menor análisis.
Los manifestantes de aquellas, algunos de los cuáles siguen detenidos y muchos procesados, fueron acusados con carátulas gravísimas como rebelión o sublevación, que cuentan con duras penas.
Desde ese momento, los abogados de Romero y diversos organismos de derechos humanos pidieron garantías para que Sebastián pueda presentarse, y la eximición de prisión. La campaña de criminalización fue reproducida hasta el hartazgo por los medios oficialistas. En ese marco el auto del abogado Martín Alderete, abogado de Romero y otros acusados por aquellas jornadas, fue incendiado hace pocas semanas.
En las últimas horas, fuentes de Comodoro Py y diversos medios difundieron la decisión del Juez Sergio Torres de pedir la captura internacional de Romero ya que, según su juzgado, no estaría en el país. La decisión estaría relacionada con el intento de avanzar en las causas contra los manifestantes y organizaciones que resistieron la represión policial el 18D. Recordemos que Torres pidió, la semana pasada, que vuelvan a prisión Dimas Ponce y César Arakaki, militantes del Partido Obrero.
En definitiva, una nueva medida que confirma la intención de avanzar con la criminalización de la protesta.
