Argentina. Gravísimo: por decreto, Milei le prohibe a la Conadi investigar el robo de niñas y niños en dictadura

Este miércoles el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el decreto 727/2024, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. El objetivo del nuevo decreto es derogar otro decreto, pero de 2004, que había creado la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”, que desde entonces funciona bajo la órbita de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), ésta última creada por la Ley 25.457 de 2001.

La Conadi cumple, entre otras, la tarea de rastrear y sistematizar elementos de prueba en los diferentes estamentos del Estado a fin de dar con el paradero de personas que han sido desaparecidas o apropiadas y darles la posibilidad de que recuperen su identidad. En ese proceso, a través de la Unidad Especial de Investigación creada por el decreto que hoy Milei deroga, trabajando en común con la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños Durante el Terrorismo de Estado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se logró la recuperación de identidad de muchas de personas que habían sido secuestradas y su identidad cambiada por los genocidas.

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El argumento de Milei y Cúneo Libarona para impedir la continuidad de esas tareas (eliminando la Unidad Especial de Investigación de la Conadi) es que se le ha dado “a un órgano de la administración nacional facultades de investigación, por iniciativa propia para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales”, dándole “potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”.

Curiosamente el decreto lleva las firmas sólo del Presidente y su ministro amigo, algo que no pasa con los decretos en general, que suelen llevar las firmas de todo el Gabinete o, en su defecto, de la mayoría de sus miembros.

El Gobierno dice en su nuevo decreto que “no tiene sustento constitucional que un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo medidas y tenga prerrogativas de índole jurisdiccional o que correspondan al Ministerio Público Fiscal”. El cinismo no tiene límites. Es el mismo Gobierno que, para fundamentar su negacionismo de los 30.000 detenidos desaparecidos, se apoya en las cifras de víctimas del terrorismo de Estado recopiladas en el informe Nunca Más elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la Conadep, creada en 1984 por un decreto del gobierno de Raúl Alfonsín.

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“No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del Estado Nacional”, dicen los ultraderechistas gobernantes en su decreto. En verdad, lo que no quieren legitimar es que se sigan buscando a más de 400 hombres y mujeres cuyas identidades fueron cambiadas por otras falsas en el mismo momento en que fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres o en que nacieron en las maternidades clandestinas de lo centros de detención militares, policiales y penitenciarios.

“Este gobierno está cerrando todas las puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda que, por supuesto, es un derecho humano universal”, dijo apenas enterada del nuevo decreto presidencial Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. “Llevamos más de 47 años de lucha, este impedimento es aberrante. No puede ser que se quiera borrar la historia para que no se hable más y se hable de cosas que siempre perjudican a la sociedad”, sentenció en un diálogo radial con el periodista Ari Lijalad.

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Carlotto afirmó que “la Conadi es importantísima” y recordó que su hija Claudia, tía a la vez de uno de los jóvenes recuperados por Abuelas (hijo de Laura Carlotto, quien continúa desaparecida) trabaja allí desde 1993, “ampliando la búsqueda de los desaparecidos pero también de otros niños robados en otras circunstancias”.

Para la presidenta de Abuelas, desde La Libertad Avanza “están haciendo cosas para dejar de hablar de los desaparecidos, se burlan con sadismo”. Razón no le falta.