CRISIS POLÍTICA Y SOCIO SANITARIA. Grupo paramilitar da ultimátum a los pobladores de K’ara K’ara en Cochabamba

Las movilizaciones y bloqueos en la zona sur de Cochabamba, en la ruta que conduce al botadero de basura municipal, exigiendo el fin de una cuarentena dura y militarizada, para poder ganar el pan del día, se está convirtiendo en un problema que tiende a agravar la crisis socio-sanitaria y política en curso.

El bloqueo por hambre lleva ya 9 días y está generando mucha tensión porque impide que la basura de la ciudad de Cochabamba pueda depositarse en el botadero municipal. El Gobierno de Áñez es absolutamente responsable de esta situación al empujar a franjas de la población a hacerse oir de esta manera.

La aplicación de una cuarentena dura por parte del Gobierno de Añez sin haber adoptado las medidas de bioseguridad así como los test masivos que hubieran permitido establecer el aislamiento social de manera científica y regulada, conociendo el desplazamiento de la enfermedad para aislar el virus, se agrava luego de casi dos meses de cuarentena al provocar la desesperación de importantes sectores populares que han llegado a una situación de no poder aguantar más el hambre.

Los bonos y subsidios entregados por Áñez han demostrado ser absolutamente insuficientes para poder cubrir las necesidades básicas de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores que ya no tienen manera de procurarse alimentos e insumos o servicios de primera necesidad como agua.

Ante la gravedad de la situación el autodenominado Gobierno de transición ha respondido con militarización y persecución penal a quiénes han sido arrestados al incumplir la cuarentena, alentando de esta manera las manifestaciones de repudio y bronca a un Gobierno que además está evidenciando groseros actos de corrupción.

Desde la asunción de Áñez como presidenta autoproclamada, y en los 6 meses de gestión, las denuncias de corrupción no se han detenido, como en ENTEL o en YPFB, así como disposiciones ampliamente rechazadas como es el decreto supremo que autoriza el ingreso de transgénicos al país, o las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos y la libertad de expresión.

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En las últimas horas se denunció por diversos medios de prensa que con la reciente adquisición de 170 respiradores básicos, el intermediario en la compra de los mismos se habría embolsillado una “propina” de casi tres millones y medio de dólares. Los respiradores adquiridos por el Gobierno boliviano tendrían un precio de aproximadamente 8.000 dólares pero se habrían comprado a un sobre precio de 28.000 mil dólares cada uno.

Toda esta situación es la que viene empujando a franjas crecientes de la población trabajadora, campesina y de las barriadas populares a manifestar su indignación y a exigir como parte de sus demandas la convocatoria a elecciones nacionales de manera inmediata, como se vio en la ciudad de El Alto, la región de Macha en Norte Potosí, K’ara K’ara en Cochabamba o los bloqueos en Yapacaní en el departamento de Santa Cruz.

En medio de esta situación se empezaron a escuchar las amenazas por parte de la juventud racista de la resistencia juvenil Kochala (RJK), quiénes dan un ultimátum a los pobladores de la zona sur de Cochabamba.

Fuente: ATB Digital

La RKJ es un grupo paramilitar y semi-fascista que tuvo destacada actuación durante el proceso constituyente el 2008 con el asesinato de dos campesinos en la ciudad de Cochabamba y más recientemente cobró notoriedad durante el mes de octubre y noviembre del 2019 al constituirse en la avanzada de la asonada derechista que junto a policías se dedicaron a aterrorizar a la población trabajadora del valle con agresiones racistas a mujeres de pollera y sectores humildes de la población cochabambina.

Hoy sínicamente amenazan a los pobladores de K’ara K’ara con el calificativo de "hermanos" manifestando una supuesta preocupación por los focos de infección que podrían producirse en la ciudad de Cochabamba, mientras callan la boca en cien idiomas a la holgada cuarentena que llevan adelante los ricos y todo el entorno gubernamental mientras se le impone una cuarentena de hambre y bala a los trabajadores y el pueblo pobre.

Recordemos que luego de la renuncia sin lucha por parte de Evo Morales y el MAS, el 10 de noviembre, y consumado el golpe de Estado este grupo colaboró con la acción militar y policial del 14 de noviembre en la masacre de Huayllani, en Sacaba-Cochabamba, que dejó una decena de compañeros campesinos asesinados.

Ante esta situación el MAS con sus 2/3 en el parlamento continúa colaborando con el régimen golpista cuando rápidamente gracias a su absoluta mayoría parlamentaria podrían aprobar un impuesto a las grandes fortunas de empresarios y agroindustriales quienes son los que financian y alimentan a los vagos de las RJK y utilizar esos dineros para financier un salario de cuarentena para toda la población más postergada del país.

El MAS llama a esperar unas elecciones que a ciencia cierta no se sabe cuándo serán y que los golpistas no tienen intenciones de convocar, mientras los sectores más humildes y precarios de la población necesitan medidas urgentes y radicales hoy.

Urgente llamado a las organizaciones de DD.HH, sindicales y políticas a repudiar las amenazas de los “paras”

Ante las nuevas amenazas por parte de este grupo delincuencial que actúa bajo el amparo de las "fuerzas del orden" y del Gobierno -quién les entregó motos luego del golpe de Estado-, y que preanuncia nuevas y graves situaciones de violencia contra las y los trabajadores y el pueblo cochabambino, llamamos de manera urgente a las organizaciones obreras del país y en primer lugar de Cochabamba, así como a los organismos de DD.HH, organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles, de mujeres e indígenas a repudiar enérgicamente estas amenazas.

Es urgente poner todos los recursos que sean necesarios para impedir que esta caballería motorizada pueda avanzar en sus planes de agresión contra los pobladores de K’ara K’ara que lo único que exigen es su derecho a comer y trabajar.

Llamamos a URMA (Unión Revolucionaria del Magisterio - colateral sindical del Partido Obrero Revolucionario POR) a romper su política de neutralidad complaciente con estas manifestaciones de matonaje emanadas por parte de grupos racistas y religiosos que alentaron el golpe de Estado y las matanzas en Ovejuyo, Sacaba y Senkata, y poner las fuerzas organizadas del magisterio al servicio de la lucha obrera, campesina y popular, corrigiendo de manera urgente su política alineada al campo golpista y que es sostenida hasta el día de hoy.