Cuatro exjefes del Ejército (entrenados por militares argentinos en los 70) recibieron penas de entre 33 y 58 años por desaparecer a un adolescente y torturar y violar a su hermana. En los 80 desaparecieron 45.000 guatemaltecos.
Jueves 31 de mayo de 2018 15:16
Foto Paulo Raquec/Prensa Libre
Después de 37 años, cinco militares de Guatemala fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en 1981. Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército de guatemalteco, recibió una pena de 58 años de prisión. Igual pena recibieron Manuel Callejas y Callejas, exjefe de inteligencia militar, y Hugo Zaldaña, exoficial de inteligencia. Y 33 años recibió el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez. El Tribunal de Riesgo Mayor C dictó sentencia contra estos cuatro genocidas por atroces violaciones a los derechos humanos.
En septiembre de 1981, Emma Guadalupe Molina Theissen (de 19 años) fue detenida ilegalmente en Santa María de Utatlán, Guatemala. Fue trasladada a la zona militar General Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango, donde fué torturada y violada por soldados durante nueve días hasta que logró escapar.
Días después, el 6 de octubre, fueron a buscarla a su casa. Pero al no encontrarla se llevaron a Antonio, su hermano menor de 14 años. El adolescente continúa desaparecido.
El Tribunal, integrado por los jueces Pablo Xitumul de Paz (presidente), Elvis David Hernández Domínguez y Eva Marina Recinos Vásquez (vocales), sostuvo en su sentencia que “todos los acusados, a excepción de Edilberto Letona Linares, son responsables de violación y delitos contra los deberes de la humanidad”.
“Esto ofende a todos los seres humanos por lo que no debe quedar en la impunidad”, dijo Xitumul y agregó que reclamar que no hubo guerra interna sino un “enfrentamiento entre guerrilla y ejército” es un argumento “insostenible”, pues se involucró a la población civil para luego “atacarla sin misericordia, como lo hicieron”.
De acuerdo con la sentencia, los militares diseñaron la estrategia de tortura. De hecho, ese plan estaba en los archivos personales de uno de los acusados. El Tribunal consideró que los acusados participaron directamente del plan para capturar y torturar a Emma.
La sentencia también tuvo una absolución, la del exsubcomandante Edilberto Linares. Según los jueces, no tenía responsabilidad en la cadena de mando.
La dictadura en Guatemala
La última dictadura cívico militar de Guatemala transcurrió entre los años 1982 y 1985, pero el carácter genocida de la represión interna comenzó mucho antes y perduró hasta 1989.
En su libro El Genocidio como práctica social (FCE, 2007), el sociólogo e investigador argentino Daniel Feierstein dice que “la violencia política desplegada por el Estado guatemalteco no tiene parangón en América Latina. Sus cifras son impactantes, más los testimonios, la forma en que se materializó la violencia, escalofriantes. Las mutilaciones, la coprofagia, la antropofagia, las crucifixiones, las estacas en los cadáveres, las formas de asesinatos de bebés y embarazadas, fue sufrida especialmente por la población indígena. La dictadura institucional de las fuerzas armadas inaugurada en 1982, se legitimó como oposición al régimen corrupto de los partidos militares previos”.
La Doctrina de Seguridad Nacional
Como expresa la sentencia, el caso de los hermanos Emma y Marfco Antonio Molina Theissen no es para nada aislado. Bajo la llamada Doctrina de Seguridad Nacional se llevaron a cabo en forma sistemática violaciones a los derechos humanos contra la población en Guatemala.
Los altos mandos del Ejército guatemalteco fueron entrenados dentro y fuera del país y actuaron llevando a cabo una estructura criminal y genocida, cometiendo crímenes atroces.
La Doctrina de Seguridad Nacional fue una estrategia diseñada desde los Estados Unidos e implementada en varios países latinoamericanos. La sentencia leída por el Tribunal y presenciada por el actual embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, ni siquiera mencionó a ese país como uno de los instigadores y responsables de estos crímenes.
Como es sabido, para Argentina y todo el Cono Sur, el Plan Cóndor fue la estrategia para llevar adelante el genocidio en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional. La coordinación y planificación del Plan Cóndor fue diseñada por la Casa Blanca y el FBI mientras que la base de operaciones se encontraba en Chile, en los edificios de la DINA (Servicio de Inteligencia local).
La CIA (animada por la Doctrina) se encargó de promover y consolidar las relaciones entre la Inteligencia y las Fuerzas Armadas de Paraguay, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Argentina.
En este momento en Roma se está desarrollando el segundo tramo del juicio por Plan Cóndor.
Los genocidas de Guatemala “entrenados” por los de Argentina
Durante el juicio contra los cinco genocidas guatemaltecos, el Ministerio Público llamó como testigo a la doctora Julieta Carla Rostica, socióloga argentina, investigadora del Conicet y especialista en estudios centroamericanos.
Rostica ha investigado los entrenamientos que militares de Guatemala recibieron de parte de militares argentinos. Centrándose en documentos militares de Argentina desclasificados, la investigadora declaró en el juicio y explicó cómo el Ejército de Argentina comenzó a “dar entrenamiento” al de Guatemala.
Ambos ejércitos actuaban bajo la mencionada Doctrina de Seguridad Nacional. En ese sentido Rostica describió las similitudes entre ambos países en el uso de la desaparición forzada de personas, enfatizando en el entrenamiento que los militares argentinos dieron a los guatemaltecos, especialmente en métodos de detención, interrogación y desaparición.
Rostica presentó su peritaje titulado “La colaboración argentina y sus consecuencias en Guatemala 1976-1981”, que se basa en documentos oficiales obtenidos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina y en documentos militares desclasificados.
En su testimonio judicial la socióloga manifestó que su peritaje incluye una lista de militares guatemaltecos que asistieron a los cursos en Argentina, así como de los militares argentinos que actuaron en Guatemala. Dijo que los militares de ambos países recibieron entrenamientos en inteligencia militar, así como en la Doctrina de Seguridad Nacional.
Entrenamiento en el Batallón 601
De la totalidad de militares extranjeros “entrenados” por el Batallón 601 del Ejército argentino, cuya sede central estaba ubicada en el complejo militar de Campo de Mayo, el 15 % eran guatemaltecos.
En 1979 el ministro de Defensa de Guatemala Otto Spiegeler llegó a Argentina. Un año después fue designado embajador de este país por el gobierno de Romeo Lucas García (1978-1982). Esa relación diplomática permitió la creación y firma de un acuerdo de colaboración técnico-científico entre ambos países.
El acuerdo finalizó cuando el entonces director de la sección de Inteligencia Militar Manuel Callejas y Callejas (uno de los condenados en este juicio) visitó Argentina en agosto de 1980. El acuerdo incluía becas para el entrenamiento militar en el área de inteligencia.
Al menos catorce miembros de las fuerzas armadas guatemaltecas fueron entrenados en Argentina durante aquellos años. Entre ellos, el militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia Militar durante la dictadura de Efraín Ríos Montt. Ambos están acusados por genocidio.
Montt fue condenado a 80 años de prisión en 2013, pero murió en abril pasado, cómodamente refugiado en su casa a los 91 años. A pesar de haber sido condenado por genocida gozaba de “arresto” domiciliario.
Si bien este fallo histórico condena por delitos de lesa humanidad a los militares guatemaltecos, después de 37 años la enorme mayoría de los genocidas militares y civiles continúan impunes.
La pelea por el juicio y castigo a todos los genocidas por todas las víctimas, con cárcel común y efectiva, en Argentina, Guatemala y demás países latinoamericanos es vital para fortalecer las luchas que vendrán.
