Debate. Hacia el Encuentro Nacional contra el Fraude Constitucional

El infame “Acuerdo por Chile” -que tiene ya a un “Comité de expertos” lleno de tecnócratas neoliberales designados a dedo por los partidos del régimen redactando la nueva Constitución- ha empujado a todas las organizaciones a tomar definiciones. El Partido Comunista y el Frente Amplio decidieron impulsar este fraude histórico: ya designaron a sus “expertos” y se aliaron con el Partido Socialista para elegir a los consejeros constitucionales.

Un amplio arco de organizaciones políticas y sociales se han pronunciado contra el fraude constitucional. Cientos de compañeras y compañeros han firmado la declaración que llama a un posicionamiento claro ante el escenario, planteando como consignas “Abajo el espurio y antidemocrático Acuerdo Constitucional - Este 7 de mayo llamamos a votar nulo - A retomar la lucha por las demandas populares y de los trabajadores”. Importantes intelectuales como Gabriel Salazar, Sergio Grez, Rodrigo Karmy Bolton, Luis Corvalán Márquez, Carlos Pérez Soto, concejalas como Natalia Sánchez de Antofagasta, Marjorie Melo de Conchalí, dirigentes sindicales, sociales, familiares de presxs de la revuelta, han adherido a la declaración, la cual es impulsada también por las organizaciones de la campaña #YoAnulo.

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Este sábado 25 de marzo a las 14 hrs en Agustinas Nº 2492 se realizará el Encuentro Nacional contra el Fraude Constitucional, organizada por diversas organizaciones como la Coordinadora No+AFP. Se trata de un espacio importante que debe servir para impulsar una campaña activa por el voto nulo, lo que significa que las organizaciones sindicales, territorial, estudiantiles y sociales que participen, deben comprometerse con un plan de movilización contra el fraude. Una campaña que incluya la realización de asambleas, encuentros y actividades de difusión en lugares de estudio, trabajo y en los territorios, como también acciones de movilizaciones como marchas y concentraciones. El objetivo debe ser mostrar ante toda la población que existe un amplio sector que rechaza el fraude, que no se subordina a las exigencias del gobierno de votar por sus candidatos, sino que mantiene la independencia, a la par que denuncia sin contemplaciones a los sectores más reaccionarios como el “experto” en defender a pinochetistas como es Hernán Larraín.

Esta campaña no sólo debe ser “electoral”, en el sentido de concentrarnos en la marca del voto, sino que debe servir para orientar y dar claridades políticas a muchas compañeras y compañeros que se encuentran decepcionados del gobierno, defraudados por los resultados del 4 de septiembre o resignados al mal menor. Es por esto que es indispensable abrir un debate sobre cuál es el contenido político de la campaña, para lo cual plantearemos algunos problemas importantes que vemos de la declaración publicada por las y los organizadores del Encuentro Nacional contra el Fraude.

Por supuesto, compartimos toda la denuncia al actual proceso y compartimos que es necesario “organizarnos articuladamente frente al repudio que genera este Fraude Constitucional y transformarlo en propuesta, petitorio, calendario y movilización”. Esta definición creemos que debe transformarse en resoluciones de acción en el Encuentro, incluyendo la convocatoria de una marcha contra el fraude para disputar las calles, y organizar una posición independiente al gobierno y a las dirigencias de la CUT este 1ro de Mayo.

Sin embargo, hay dos aspectos que nos parecen erróneos de la declaración. En primer lugar, se plantea una férrea defensa del proceso constituyente anterior y se omite que fue pactado por la cocina en el “Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución”, cuyo fin declarado era salvarle el pellejo a Piñera y encauzar institucionalmente la rebelión popular. Lo que buscaban era dividir a los sectores movilizados y buscar debilitar sus organizaciones de base, que es justamente lo que ocurrió tras ese Acuerdo y que se profundizó durante el proceso constituyente. La Convención incluso rechazó las iniciativas populares de norma constitucional presentadas por la Coordinadora No+AFP, la iniciativa de amnistía a las y los presos de la revuelta, la nacionalización de los recursos estratégicos, entre otras.

La declaración plantea que “octubre del 2019 generó la esperanza de cambios y abrió un proceso constituyente que con la elección de la Convención Constitucional, se abocó a la elaboración de una propuesta de Nueva Constitución que definiera un nuevo marco jurídico que superara el Estado Subsidiario. Este proceso desde el inicio enfrentó el desprestigio de la élite dominante que buscó y logró su fracaso, consiguiendo que el 62% de la ciudadanía optara por el rechazo”. La derecha hizo campaña en contra y usó todos sus medios a disposición. Sí, eso es innegable. Pero sus argumentos entraron en amplias capas de la población en el marco de la desmovilización post Acuerdo por la Paz y en un contexto de gran decepción con el gobierno de Gabriel Boric, que en plena crisis tomó medidas absolutamente acotadas e insuficientes, negociadas con la derecha y el gran empresariado (e incluso tomó su agenda como se vio en la aprobación del TPP11).

Pero no se trata de que todas las organizaciones deben compartir cada punto de balance de los últimos 3 años de acontecer político en Chile. De lo que se trata es de algo más simple: si todas y todos estamos de acuerdo que debemos reposicionar la bandera de una verdadera Asamblea Constituyente Libre y Soberana, entonces es imposible pararse sobre el Acuerdo por la Paz, para oponerlo al “Acuerdo por Chile”, como si la Convención Constitucional hubiese sido una Asamblea Constituyente. Legítimamente muchos nos preguntarán, ¿entonces su propuesta es repetir el proceso anterior? Naturalmente, esto es absurdo.

Un segundo aspecto problemático tiene que ver con la perspectiva programática. Estamos de acuerdo en que un ángulo fundamental para desenmascarar el Acuerdo por Chile ante sectores más amplios de la población, es explicar por qué dicha instancia no va a resolver ninguno de los problemas sociales acuciantes y las demandas históricas por salud, pensiones, educación, salarios, derechos a los pueblos originarios, etc. Sin embargo, el documento va más allá y sostiene que “creemos profundamente que la democracia tiene que ser una forma de vida en un Estado de Derecho”, y se le exige que sea democrático y participativo. Muchas de las organizaciones que impulsamos la campaña contra el fraude, nos declaramos anticapitalistas y con perspectivas socialistas, por lo que no podemos suscribir que la perspectiva de nuestra pelea sea un mejor “Estado de Derecho”, que es la forma del Estado capitalista y patriarcal.

Pero además, creemos que la bandera de “acabar con el Estado subsidiario” o conquistar un “Estado social y democrático de derechos” -si ya antes era muy general y confusa- ahora constituyen consignas imposibles de levantar. Esto debido a que estas fueron asumidas por la propia derecha y la ex concertación (lo que incluso quedó plasmado en los llamados “bordes constitucionales”). Transformar estas consignas en la perspectiva programática de los movimientos políticos y sociales que nos oponemos al fraude, es un sinsentido. Por el contrario, lo que debemos poner en el centro son las demandas concretas más sentidas por el pueblo trabajador, como fin a las AFP, salud y educación pública y gratuita, aumento automático de salarios y pensiones acorde a la inflación, y todas las demandas pendientes del estallido.

Consideramos que la declaración “Abajo el espurio y antidemocrático Acuerdo Constitucional”, que tiene un amplio arco de firmas, puede servir de base para que todas las organizaciones que participamos del Encuentro tengamos una plataforma común.