15 años de prisión y 150.000 euros de multa, las condenas que piden contra cinco activistas en nuevo caso de dura represión por los cortes de la carretera de acceso a la siderúrgica Arcelor-Mittal, en Xixón, el pasado 18 de mayo.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 13 de agosto 18:15
Imagen de Rebelión o Extinción Asturies / @XRAsturies
Cinco activistas de la organización Rebelión o Extinción (XR) Asturies llevaron a cabo un corte de carretera en el acceso al complejo industrial de la siderúrgica Arcelor-Mittal, en Xixón, el pasado 18 de mayo. La protesta era una denuncia a la financiación con fondos públicos a empresas ultra contaminantes como esta multinacional, como parte de las políticas de “transición verde” que, lejos de enfrentar el cambio climático, tan solo garantizan los beneficios patronales.
⚠️⚠️ ¡Atención! 🔥 En Rebelión o Extinción Asturies exigimos el cese de las subvenciones a los combustribles fósiles, por eso nos hemos encadenado y bloqueado el acceso a ARCELOR-MITTAL, como y porque en el siguiente 🧵👇 pic.twitter.com/qFBGBi8jGO
— Rebelión o Extinción Asturies (@XRAsturies) May 18, 2024
Hasta 15 años de prisión y 150.000 euros de multa podría ser la condena, en el peor de los casos, y a la espera de que se realice el juicio. Una de las subcontratas, Avilesina de Transportes, denuncia un delito de coacciones y pide entre seis meses y tres años de prisión a cada uno, además de un total de 2.400 euros en concepto de indemnización. Mientras que la policía les imputa una infracción grave del orden público, que por la represiva y más vigente que nunca ley mordaza, se penaliza con una multa de entre 601 y 30.000 euros por persona.
La protesta fue parte de una campaña armada por la coalición Unidas por la Justicia Climática que denuncia el “capitalismo verde” de la Unión Europea y su proyecto de subvención anual de 405.100 millones de euros, en lo que no es más que una inyección de fondos públicos a las grandes corporaciones energéticas e industriales.
Arcelor-Mittal es una multinacional con sede en Luxemburgo, una de las mayores industrias en Asturias, la más contaminante de la región y la quinta mayor emisora de gases de efecto invernadero del Estado español el pasado año (según los datos del Observatorio de Sostenibilidad). En los primeros seis meses del 2024 ha ganado 1.332 millones de euros y viene haciendo inversiones como la adquisición hace unos días de un 28,41% de Vallourec por un total de 955 millones de euros. También ha sido uno de los patrocinadores de los juegos olímpicos de París 2024.
Mientras tanto, el Gobierno del PSOE y todavía Unidas Podemos, financió en 2023 con 31 millones de euros a Arcelor-Mittal por los excesos de emisiones de las empresas (del total del 229 millones que se destinaron a este fin). Es decir, que esta multinacional emitió gases de efecto invernadero por encima de su cuota de emisiones, y es el Gobierno con dinero público el que paga los costos. Una auténtica estafa que la industria justifica con la amenaza del traslado de las empresas más contaminantes a países con normas ecológicas más laxas (la denominada “fuga de carbono”). La amenaza de deslocalización es un tipo de recurso, por otro lado, habitual de las grandes multinacionales para conseguir beneficios fiscales, subsidios, etc.
Las organizaciones ecologistas denuncian también que Arcelor-Mittal no está cumpliendo con el proceso de descarbonización, el cual también es financiado con 36 millones de euros de dinero público, en este caso sufragados por el Principado de Asturias. Además de los 1.500 millones de dólares que la multinacional ha asignado para reducir la contaminación, tan solo ha gastado un tercio. Una situación del todo alevosa, cuando ya hace más de un año y medio que el Gobierno también otorgó a la multinacional 450 millones de euros para descarbonizar la planta de Xixón-Avilés.
A la espera del juicio, las activistas de XR Asturies quedan en manos de un juez que tiene que determinar si abre el juicio. Se espera una dura condena, puesto que ya estamos viendo como la reaccionaria casta judicial está actuando contra activistas, sindicalistas, migrantes o el independentismo catalán. Casos como los Seis de Zaragoza, las Seis de la Suiza o los Siete de Aroztegia. También muchos casos represivos contra organizaciones ecologistas, como el caso de Futuro Vegetal.
Por su parte, estamos viendo la política del Gobierno PSOE y Sumar (y sus socios como Podemos, antes como parte también de la coalición), sin indultos, sin derogaciones de las represivas leyes leyes de extranjería y mordaza o avalando a la casta judicial, con la renovación junto al PP la cúpula del Poder Judicial. Mientras tanto inyectan cientos de millones de euros a las grandes corporaciones energéticas e industriales. Represión para las que luchan y subsidios para los capitalistas, todo ello con un envoltorio “ecologista” que no es más que greenwashing al servicio del capital, aprovechado a su vez por una extrema derecha negacionista del cambio climático y a la ofensiva.
